Los nuevos atentados contra el litoral saldrán el doble de caros

Si la nueva Ley de Costas consolida el daño hecho al litoral, evitando que en 2018 se derriben viviendas e industrias levantadas de forma irregular, su Reglamento se ha dotado de herramientas que disuadan de nuevos atentados, como elevar la cuantía máxima de las multas que podrá imponer el Ministerio de Medio Ambiente o los ayuntamientos. Con el reglamento antiguo, de 1989, la cantidad máxima hasta la que podía sancionar el titular del ministerio era de 600.000 euros, ahora se fija en 1,2 millones. En el caso de los ayuntamientos pasan de tener un límite para sancionar de 12.000 euros, antes eran 6.000. El Consejo de Ministros se reserva el máximo: multas por más de 1,2 millones.

El nuevo reglamento, de 141 páginas, ha salido hoy a información pública, periodo durante el que se podrán presentar alegaciones. Después será evaluado por el Consejo de Estado. El director general de Sostenibilidad, Pablo Saavedra, espera que esté listo antes del verano.

Sus disposiciones marcan las pautas con las que se evitará el “efecto 2018”, es decir, las demoliciones masivas de viviendas e industrias construidas de forma irregular en el litoral. Ahora tienen la posibilidad de ampliar sus concesiones hasta 75 años. También permite que los negocios playeros, como los chiringuitos, pasen de ocupar 150 metros como máximo hasta 300 metros en playas urbanas, y establece que los propietarios de viviendas que ocupan la zona adyacente al dominio público puedan hacer obras de reforma presentando una declaración en la que se hagan responsables de posibles daños. Antes no podían cambiar ningún elemento sin tramitar infinidad de permisos.

Saavedra insiste en que la nueva ley de Costas, denominada de Protección y Uso Sostenible del Litoral y aprobada el pasado mayo, deja bien claro que no hay cabida para nuevas construcciones en lugares donde está prohibido edificar como la zona de dominio público marítimo terrestre (en la que hay contabilizadas 13.794 viviendas) y en la zona adyacente de servidumbre de protección (con 126.517 viviendas registradas).

En esta última franja, sin embargo, sí se va a permitir que se hagan obras de reforma con la condición de que no aumenten volumen, superficie o altura. La fórmula de calcular sanciones graves, como aquellas que recibirán quienes se vayan de la mano con el ladrillo en dominio público, no varía. Se enfrentan a multas de hasta el 50% del valor de las instalaciones. El control, en todo caso, queda en manos de las autonomías.

Se establece una división entre playas urbanas y naturales, donde los chiringuitos deben ser desmontables

Hasta el momento más de un centenar de municipios (287 núcleos) han solicitado ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que las casas que ocupan la franja de servidumbre puedan realizar obras de mejora. El plazo para presentar solicitudes terminó el pasado noviembre, pero como el Reglamento continúa en trámite, se pueden seguir recibiendo solicitudes hasta que se cumplan "dos años" de la aprobación de la nueva Ley de Costas, aseguran desde el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama).

El nuevo texto legal también establece una división entre playas urbanas y naturales, que antes no existía, y que tienen que fijar las comunidades autónomas. En función de esta partición se podrán autorizar los distintos servicios. En el caso de las playas naturales, por ejemplo, los chiringuitos deben ser desmontables y estarán mucho más restringidos que en los tramos urbanos.

El ministerio también acota el concepto de playa y alcance de las olas, con la intención de que los ciudadanos tengan un “conocimiento concreto” de la línea de deslinde, la zona donde se divide el dominio público del privado. “No siempre se han aplicado los deslindes siguiendo el mismo criterio”, ha precisado Saavedra que ha circunscrito estos nuevos cálculos solo para los casos en los que haya habido “un error” claro en estas mediciones.