“A algunos les da miedo o vergüenza decir que les están pegando”

“No somos bichos raros. Somos personas con un pequeño problema”. Así habla Juan Carlos Talavera, de 33 años y ebanista de profesión, de su discapacidad intelectual. Independiente económica y socialmente, este joven es una de las 139.000 personas con discapacidad intelectual en España. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el colectivo es el abuso tanto físico como sexual y emocional, sobre los que existe poca información porque muchos no se dan cuenta de que están siendo maltratados y porque a veces se pone en duda la credibilidad, a la hora de denunciar, de una persona con discapacidad intelectual.

A veces no saben lo que les está ocurriendo, cómo expresarlo o se otorga poca credibilidad a su testimonio"

“Me gustaría que no hubiera violencia, ni tanto acoso, ni tantas violaciones. Sandra Palo era una compañera nuestra del taller. Y me dolió mucho lo que le pasó. No quería comer ni hacer nada”, comenta José Gómez, de 43 años y que trabaja en los talleres de lavado de sacas y cajas de Correos. Tanto Talavera como Gómez pertenecen al grupo de personas con discapacidad intelectual que, junto a expertos, psicólogos y miembros de la Guardia Civil, han colaborado en la redacción de los contenidos de la web nomasabusos.com. La página parte de una campaña de atención y prevención de las fundaciones Carmen Pardo-Valcarce y Mapfre, con la colaboración de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, y busca sensibilizar, informar y prevenir las violaciones y el maltrato a personas con discapacidad intelectual. Los textos están escritos de forma comprensible para quienes tienen esa discapacidad, de modo que puedan entender en qué consisten esos abusos y qué hacer si los sufren.

Los integrantes de este colectivo son hasta diez veces más vulnerables a la hora de sufrir abusos sexuales o maltratos a lo largo de su vida, según afirma la directora de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, Almudena Martorell. Aunque no existe un perfil claro del agresor por la escasez de datos, muchos abusos tienen lugar, según la Unidad de Atención a las Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI) de la fundación Carmen Pardo-Valcarce, dentro del propio núcleo familiar o en los centros ocupacionales a los que acuden. “Las personas con discapacidad intelectual son muy afables, enseguida confían y lo que tú digas va a misa, y de eso hay quien se aprovecha”, señala la directora de la UAVDI, María Recio Zapata.

Martorell explica que existen dificultades para denunciar los casos de abusos, porque en ocasiones las víctimas “no saben lo que les está ocurriendo, cómo expresarlo o se le otorga poca credibilidad a su declaración”.

“Sus testimonios no son creíbles porque en la actual legislación se interpreta que si las victimas no son consistentes en sus declaraciones, no son fidedignas, y tampoco si no aportan muchos detalles”, detalla Recio, que denuncia que no tienen un acceso igualitario a la justicia ya que la discapacidad intelectual afecta la memoria y a la atención por lo que, quien sufre abusos, especialmente en temas sexuales, puede narrar los hechos pero no siempre detallar con precisión lo ocurrido. Por ello se trabaja para que se permitan los testimonios como "prueba preconstituida", en la que un experto sobre esta discapacidad puede reformular las preguntas judiciales a un nivel que los que tienen una discapacidad intelectual puedan entender.

En los últimos dos años, la UAVDI ha atendido 70 casos de abusos a personas con discapacidad intelectual. De ellos, el 45% eran menores y 6 de cada 10, mujeres. Se estima que cerca del 60% de las mujeres y el 25% de los hombres con discapacidad intelectual han sufrido algún tipo de abuso a lo largo de su vida, según datos del informe de 2011 del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

Recio lamenta que hasta hace poco las bases de datos de la Guardia Civil no especificaban si la víctima de un abuso padecía una discapacidad o no, por lo que resulta complicado elaborar un censo fiable.

Aunque España ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, todavía no se ha adaptado la legislación, lo que, según Recio, facilita que las denuncias por abusos a personas con discapacidad intelectual no prosperen debido a la poca credibilidad que tienen. “Ahora mismo depende del tipo de juez que te toque. Si el magistrado considera que la Convención está por encima del Código Penal, admite la prueba preconstituida. Si por el contrario cree que prevalece el Código por encima del acuerdo, no la acepta. Lo que queremos es que esto no dependa de la mentalidad del juez, sino que esté reglado por ley”, manifiesta Recio.

“Tengo la suerte de tener una gran familia. Hace falta que esto salga a la luz, que desaparezca el maltrato”, subraya Talavera. Para Gómez lo importante es que las personas con discapacidad intelectual no permitan los abusos: “Hay gente a la que le da miedo o vergüenza decir que le están pegando. Tenía un compañero al que empujaban, tiraban al suelo y pegaban, pero si lo contabas al monitor luego decía que no era cierto, que no le hacían daño. Quiero que esto ya no suceda”.