Quitarle el negocio al narco

En contra de la legalización [de todas las drogas] se dice que los beneficios de acabar con el crimen organizado no serían mayores que los problemas que causaría el aumento del consumo. Pues bien, creo que esta afirmación es hoy claramente incierta. Admitiendo como posible un aumento inicial del número de consumidores de las drogas ya legales, a la vez serían seguros otros efectos beneficiosos: control de la calidad de las sustancias, lo que evitaría los males asociados al consumo de las porquerías que hoy se venden; presentación de la sustancia en dosis correctas de consumo, lo que evitaría las sobredosis accidentales; disminución de precios, lo que reduciría drásticamente la cifra de delincuencia drogoinducida; sacar a los consumidores de determinados ambientes especialmente insalubres y peligrosos, para dirigirlos a un mercado legal y controlado. (...)

Los efectos en el consumo que se darían tras un cambio de rumbo ya justificarían por sí solos pensar muy seriamente y sin prejuicios en un proceso de legalización y control estatal, con o sin impuesto especialmente fuerte a la producción, acaso medicalizando algunas sustancias, pero no todas (deberían ser de venta libre a adultos las drogas recreacionales), con mayor inversión en las políticas de reducción de la demanda (educación, prevención y rehabilitación) y con un ahorro espectacular en los enormes esfuerzos económicos que hoy se lleva la represión a cambio de unos resultados decepcionantes. He insistido en que la guerra a la droga ha fracasado, pero no es esta la única razón para rechazarla; hay otra: su injusticia, al menos en lo que se refiere a los países que convierten a los consumidores en delincuentes. Traigo a colación la tesis de Douglas Husak que, refiriéndose a Estados Unidos, entiende que la utilización del derecho penal contra los que usan drogas es injusta y lo seguiría siendo aunque fuese una medida eficaz para reducir el consumo.

Su alegato es contra la injusticia de encarcelar a un consumidor y no contra el fracaso de tal medida; nos recuerda que se está viviendo el momento más punitivo de la historia de su país; con un gasto en cárceles en los Estados más grandes que sobrepasa al dedicado a enseñanza superior; con un 28% de población reclusa que lo es por posesión o consumo de drogas, siendo dos de cada tres condenados por marihuana (...)

Los demás problemas de la droga, en la medida en que tengan su origen en el tráfico prohibido, desaparecerían o se minimizarían enormemente con un mercado legal. Empecemos por el crimen organizado cuya actividad favorita y más lucrativa es el tráfico de drogas. La prohibición le ha regalado el negocio al narco y la legalización se lo quitaría en amplísima medida (...)

¿Quiere decir esto que desaparecería el crimen organizado? Naturalmente, no. El delito y su comisión organizada seguirían existiendo, y las mafias, como hacen ahora, continuarían explotando otros sectores de la ilegalidad, pero la legalización de las drogas les privaría de su más rentable mercado. Y ese mercado es muy lucrativo al menos por dos razones.

En primer lugar, estamos ante una demanda garantizada por rígida o no elástica porque aunque aumente el precio de la dosis, el drogadicto la seguirá adquiriendo y para lograrlo hará cualquier cosa: robar a su madre, atracar un supermercado, prostituirse o esclavizarse como machaca de un camello. Y lo que hasta ahora se ha demostrado es que la mínima elasticidad que puede presentar la demanda de drogas no hace que el consumidor, ante el aumento de precio, abandone la droga y la sustituya por otro producto de tráfico legal, sino que le lleva, en su caso, de una droga más cara a otra más barata y, seguramente, más dañina. Por ejemplo, se abandona la cocaína y se pasa al veneno barato que es el crack. En definitiva, la dependencia juega a favor del que comercia con la droga. (...)

En segundo lugar, hay que considerar los bajos costes de producción; la droga es un bien barato si se compara con otros de los que mueve el crimen organizado (coches, armas, obras de arte), pero el precio final está disparado por la ilegalidad.

En palabras de Juan Carlos Hidalgo, experimentado analista en temas de narcotráfico del Cato Institute, “el precio de una sustancia ilegal se determina más por el coste de la distribución que por el coste de la producción... Dependiendo de la droga, el 90% o más del precio minorista del estupefaciente corresponde a la prima generada por la prohibición”. La conclusión es evidente: la droga ilegal ofrece un margen comercial magnífico; es un buen negocio y está en manos del crimen organizado.

El Estado tiene tres posibilidades: primera, quedarse con la producción en régimen de monopolio, controlando la calidad y los precios; segunda, poner la producción en manos de las empresas farmacéuticas, a las que podría imponer calidades y precios; tercera, regalarle el negocio al narco sin control alguno. Las dos primeras posibilidades son admisibles, dentro de la sensatez, con independencia de que se prefiera una u otra; la tercera es, sin duda, la peor —más pruebas no pueden darse de las que hemos tenido durante un siglo—, pero es la que triunfó y la que nos asola.

Donde la legalización obraría milagros es en la ley: ya no se requerirían los instrumentos excepcionales de investigación y persecución que hoy se aplican para combatir las drogas. Pensemos en España, donde tales normas existen vinculadas sobre todo al tráfico de drogas y al terrorismo. La ley se descargaría de buenas dosis de excepcionalidad y desproporción hoy imperantes y se mitigaría el permanente bordeo con los principios constitucionales. (...)

Tres son las ideas que deberían destacarse:

Primera: que el prohibicionismo ha fracasado. No solo no se ha alcanzado la quimera de acabar con las drogas, sino que cada vez hay más drogas y más consumidores; oferta y demanda se han disparado, y la prohibición ha generado muchos otros problemas no inherentes al consumo de droga, problemas que son hijos de la prohibición.

Segunda: hay que cambiar el paradigma porque seguir con el prohibicionismo planetario es una locura sideral.

Tercera: en los últimos años, y muy especialmente en 2010 y 2011, se han precipitado circunstancias y acontecimientos que nos colocan en el principio de la toma en consideración de la legalización como alternativa, como única alternativa.

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