El cultivo del cannabis busca un terreno legal

En un país en el que el consumo de cannabis no se penaliza, ¿es hora de plantear la legalización de las plantaciones a gran escala? Aunque despierta serias dudas legales, la sorprendente iniciativa de Rasquera, un pequeño pueblo de Tarragona, de alquilar siete hectáreas en terrenos para cultivar marihuana ha reavivado el debate. El Código Penal castiga con penas de hasta seis años de cárcel a quienes “cultiven, elaboren o trafiquen” con drogas ilegales. Los más de 5.000 socios de la Asociación Barcelonesa Cannabica de Autoconsumo (ABCDA) están dispuestos a pagar 1,3 millones de euros en dos años al ayuntamiento para plantar marihuana dedicada, dicen, al autoconsumo con fines lúdicos o terapéuticos. La jurisprudencia acepta la producción para el llamado “consumo compartido”, aunque se deben cumplir una serie de requisitos que, según los expertos, difícilmente concurrirán en este caso.

Acuciado por la situación económica, el alcalde republicano Bernat Pellisa ha dado una vuelta de tuerca más a un debate —el de la legalización del cannabis— que está más vivo que nunca. Los clubes de fumadores se encuentran en un limbo jurídico que, al menos en Euskadi, puede desaparecer: todos los partidos con representación en el parlamento vasco aprobaron ayer crear un grupo de trabajo para abordar el tema.

El objetivo es crear medidas de control para las organizaciones que cultivan su propia marihuana y la distribuyen entre los socios. Según el presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas, Martin Barriuso, también se podrían plantear instrucciones orientativas para la policía y la fiscalía en las que se detalle qué se puede considerar autoconsumo y qué no. Dicho de otra forma, una legalización.

El Código Penal castiga el cultivo con hasta seis años de cárcel

Barriuso valoró el acuerdo parlamentario como un paso “histórico” hacia el fin de un siglo de políticas prohibicionistas. La ponencia es el primer paso en Euskadi para regular el consumo del cannabis, pero no el único, ya que trabajará en paralelo a la elaboración desde el Gobierno vasco de la Ley de Adicciones. Este nuevo texto legal que el Ejecutivo quiere presentar en la Cámara este mismo año aspira regular el "cultivo, la venta y el consumo" del cannabis en esos clubes, según los responsables del Departamento de Sanidad.

La directora de Drogodependencias vasca, Celina Pereda, explica que la ley prevé realizar un registro de asociaciones de consumidores de cannabis. El registro oficial exigirá, a cambio de esta seguridad, que estas organizaciones rechacen menores y que participen en labores de sensibilización y educación. La ponencia “va a generar un debate en una sociedad en la que se ha banalizado el consumo del cannabis”, apunta.

Si en el País Vasco hay unas 50 entidades, en Cataluña hay 30 en idéntica situación de inseguridad jurídica. En esta comunidad, el caso de Rasquera ha despertado el rechazo del Gobierno autonómico. El consejero de Interior, Felip Puig, anunció ayer que, si el municipio acaba cediendo la finca —de siete hectáreas— pondrá el caso en manos de los tribunales.

La línea roja está en el destino de las plantaciones: tráfico o consumo propio

Al amparo del Código Penal —el tipo penal es “tan abierto que permite cubrir muchas circunstancias”, señala José Rey Cadenas, abogado penalista de Barcelona— y de la ley de seguridad ciudadana de 1992 —que considera infracciones graves el consumo en lugares públicos y la tenencia ilícita de drogas, aunque no estén destinadas al tráfico— los cuerpos policiales han llevado a cabo un sinfín de operaciones contra los dueños de plantaciones de marihuna. Al llegar a los juzgados, esos casos se han resuelto de muy distintas maneras. Desde 1997, las audiencias provinciales han venido dictando sentencias absolutorias que han sido ratificadas después por el Tribunal Supremo.

Las sentencias, que han abierto el camino hacia la tolerancia de ciertas formas de cultivo —siempre destinadas al consumo y no a la venta— se basan en los requisitos que fijó el Supremo para hablar de “consumo compartido”. “Los afectados han de ser consumidores habituales y haber dado su autorización previa. Además, debe ser un círculo cerrado de personas que consuman en un lugar también cerrado. Y la candidad plantada debe encajar con la que se demanda, no puede haber excedentes”, sintetiza Aitor Breton, abogado de la Federación.

Breton se muestra escéptico con la viabilidad legal de la iniciativa tarraconense. “Le veo dos problemas para cumplir los requisitos que marca la jurisprudencia. Uno, que debería haber una previsión de consumo de todos los socios. Y dos, que los trabajadores del pueblo deberían ser socios de la entidad para que pudiese considerarse un círculo cerrado de personas”, explica el letrado.

La Generalitat se plantea
llevar el caso de Rasquera
a los tribunales

“La jurisprudencia nos lleva a pensar en pequeñas cantidades, no en un cultivo masivo en un espacio abierto como este. La clave es no traspasar la línea roja que marca la ley, esto es, que no haya una disposición incontrolada de droga a la colectividad y, por tanto, se ponga en peligro la salud pública”, añade el profesor titular de derecho penal por la Universidad de Barcelona (UB) Víctor Gómez. El profesor recuerda que se puede permitir la tenencia de cannabis en una cantidad incluso superior a la del consumo propio; siempre y cuando, claro, la persona pueda justificar que la droga incautada es “para compartir con amigos, por ejemplo”.

María Pascual, abogada de derecho penal de González Franco, señala nuevos interrogantes en otra dirección: ¿en qué papel queda el Ayuntamiento y qué responsabilidades pueden recaer sobre los ediles que han aprobado la medida? “El consistorio promueve esta actividad como un tercero, que es ajeno a la asociación cannábica y que lo hace, además, con ánimo de lucro. Lo mismo podría pasar con los empleados del pueblo que trabajasen en ese cultivo”, advierte Pascual, que admite la “inseguridad jurídica total” en la que se mueven los clubes de fumadores. “Estamos en un ámbito de riesgo”, señala.

El informe jurídico
encargado por el Ayuntamiento
avala el proyecto

El alcalde Pellisa, que lleva muchos meses ideando el proyecto, ha encargado un informe jurídico que avala sus tesis. El documento, que se dio a conocer ayer, concluye que la medida “no comporta ninguna responsabilidad penal por parte de los entes públicos” y asegura que “el cultivo de cannabis no es constitutivo de delito”. Además, valora el impacto económico y social sobre el municipio.

Martí Cànaves, el abogado que ha coordinado el informe jurídico, se muestra convencido de la viabilidad del proyecto. “Queremos acabar con la hipocresía, nuestro proyecto fija las pautas para terminar con los problemas de este tipo de plantaciones: lo hemos dotado de seguridad jurídica y se pondrán los medios necesarios para acabar con los robos o los incendios. Que vengan los mossos si quieren, no podrán hacernos nada”, dice Cànaves, que cifra en 400 las plantaciones de marihuana en España (la mitad, en Cataluña). “Este asunto tenía que explotar en algún sitio y ha ocurrido aquí, en Rasquera, y ya no hay marcha atrás", continúa.

La plantación suscita también dudas en cuanto a su control. “Implica una gestión muy complicada. Podría hacerse un esfuerzo de regulación, pero nunca tendríamos la seguridad absoluta de estar moviéndonos en un ámbito legal”, remacha Pacual.