El Gobierno ha pagado el grueso del coste de la dependencia en Canarias, Valencia, Madrid y Galicia

El coste total del sistema de la Dependencia alcanzó el año pasado 6.301 millones de euros, lo que representa un 0,64% del PIB, el doble de lo que suponía en 2003. El 95% de ese gasto, es decir, 5.969 millones corresponde a las ayudas destinadas a los beneficiarios, tanto prestaciones económicas como servicios. Del total de ese coste, el Ministerio de Sanidad y Política Social ha aportado 1.828 millones de euros, un 30,6% y el resto lo habrían puesto las comunidades autónomas (60%) y los ciudadanos mediante el copago (9%), en cifras redondas.

Pero no todo el gasto en la Ley de Dependencia es nuevo. Había prestaciones que ya se venían dando antes de esta ley y de las que ya se ocupaban los presupuestos correspondientes. Muchos ancianos tenían una plaza de geriátrico antes de ponerse en marcha este sistema, por ejemplo. Así que, para tener una idea exacta del coste de la ley hay que excluir ese gasto anterior. Las cifras oficiales del Gobierno en su evaluación global de la ley indican que el gasto nuevo en 2010 se elevó hasta los 3.623 millones de euros, un 60% del gasto total de las prestaciones concedidas. Pues bien, de ese gasto nuevo, el Gobierno ha aportado 1.828 millones de euros y las comunidades 1.538. Los ciudadanos se habrían hecho cargo de 257 millones. Así pues, del coste generado por la ley de dependencia el Gobierno ha aportado la mitad, un 50,4% mientras que las comunidades autónomas se quedan en un 42,4%. Ellas corren con más gastos que el Gobierno, pero no todos son gastos nuevos atribuibles a la ley, sino a prestaciones a ciudadanos que ya tenían atendidos con anterioridad.

Todos estos datos oficiales se presentarán en el Consejo de Ministros el próximo viernes y están pendientes de aprobación por parte de las comunidades en consejo territorial, un trámite formal que no ocurrirá ya por la convocatoria de elecciones generales.

En todo caso, para tener total precisión hay que ir comunidad por comunidad, donde las diferencias son acusadísimas. En algunas, como en Canarias, Valencia, Madrid o Galicia, puede afirmarse que el Gobierno se está haciendo cargo del grueso de la ley de Dependencia porque aporta una proporción del gasto nuevo infinitamente mayor que las comunidades aludidas. En el caso de Canarias el Gobierno ha aportado el 90% del gasto nuevo, el 85% en Valencia, el 74% en Madrid o el 73% en Galicia.

Sin embargo, hay otras comunidades que salen perdiendo en este reparto. Son las que pueden de verdad quejarse de que aportan más de lo que deben, puesto que esta ley debe cofinanciarse. Se trata del País Vasco, La Rioja y Andalucía, que han aportado el 64%, 61% y 54% respectivamente. Son las únicas regiones que aportan más que el Gobierno. Cataluña, Baleares y Navarra estarían casi a la par. Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Castilla y León, Cantabria y Asturias van del 56% al 64% en las aportaciones que reciben del Gobierno.

Pero a medida que avanza la implantación del sistema de la dependencia se observa que el gasto nuevo cada vez es mayor mientras que el consolidado tiende a disminuir. Por lo tanto, si no se equilibran las cuentas, el Gobierno aportará demasiado en unas comunidades mientras que otras sufrirán cada vez más el coste del sistema.

Los aspectos económicos y de financiación de esta ley han de incluir también otras cantidades. Se trata de 331 millones que corresponden a las cuotas de la seguridad social para las cuidadoras familiares, un monto del que se encarga el Gobierno en exclusiva, además de 465 millones por otros conceptos que se recogen en la ley. En 2009 el Gobierno puso en marcha el famoso Plan E para paliar los efectos de la crisis. Pues bien, 140 millones se transfirieron para dependencia por esa vía.

Esta evaluación de la ley, que debía haberse presentado el año pasado, pone de manifiesto el potencial generador de empleo de la dependencia. Solo entre 2009 y 2010 se habrían creado gracias a la ley 165.000 empleos, el 74% relacionados directamente con la atención a las personas con dependencia y el resto empleos indirectos en otros sectores productivos.

Por otro lado, la implantación de la ley está generando jugosos retornos a las arcas públicas. En los dos últimos años mencionados, los ingresos públicos habrían alcanzado 1.272 millones de euros, según los datos oficiales. Los cálculos del Gobierno indican que se habrían recuperado 20 céntimos por cada euro invertido.