Las colillas del complejo nuclear de Ascó

El complejo nuclear de Ascó (Tarragona), propiedad de Endesa e Iberdrola, contiene rastros de colillas de cigarillosen zonas en las que está prohibido fumar, camiones que transportan elementos con baja radiactividad aparcados en áreas no designadas para ello, andamios no fijados en zonas no autorizadas con un simple cartel adherido en la estructura metálica que reza 'fuera de servicio' y puertas con cerraduras desgastadas que deshabilitan el sellado antiincendios de la planta. Forman parte del cúmulo de pequeñas deficiencias detectadas por una inspección del Consejo de Seguridad (CSN) en la central el pasado febrero.

El equipo de inspectores del CSN halló restos de colillas en el edificio de combustible y el edificio de control de Ascó I, así como en el edificio diésel del reactor II. En estas zonas detectó otras irregularidades que ha remitido al consejo del CSN para que las evalúe en las próximas sesiones: una fuga de aceite que gotea desde un compresor en el que se halla adherida una etiqueta con fecha de octubre del año pasado; puertas que no cierran correctamente por fallos en los pestillos y cerrojos.

Hallazgos en contra de la cultura de seguridad

Se trata de irregularidades de pequeño calibre pero que contradicen los protocolos fijados por el CSN y que inciden sobre las críticas que recibe la central por no adoptar una estricta cultura de seguridad. El CSN señala que estas deficiencias también se detectan en otras nucleares españolas. El complejo de Ascó, sin embargo, concentra 14 de los 41 incidencias registradas en el parque nuclear español en 2011. Entre ellos la fuga de 25.000 litros de agua radiactiva vertida sobre 19 operarios que se hallaban trabajando en la zona de contención de la nuclear.

La planta también protagonizó el suceso más grave de la historia nuclear española: Durante la parada por recarga de Ascó I en 2007, una "maniobra no prevista" según la definió después el CSN, vertió agua radiactiva al sistema de ventilación. Aquel suceso propició la fuga de partículas radiactivas por las que el Juzgado de Gandesa mantiene imputados a tres altos cargos de la nuclear, además del inspector del CSN encargado de supervisar la planta cuando ocurrieron los hechos. El Ministerio de Industria impuso a la planta la mayor sanción a una nuclear hasta el momento, de 15,4 millones de euros.