Solidaridad bajo control

Querían donar dinero a una ONG pero no sabían a cuál. Decidieron entonces fundar su propia organización. El doctor en Ciencias Económicas Salvador García-Atance y el agente de cambio y bolsa Ignacio Garralda crearon en 2001 Fundación Lealtad, que se ocuparía de auditar a las demás ONG e informar a los donantes. "Partimos de la idea de que con más información, la sociedad participaría más", explica la directora de la organización, Patricia de Roda.

Cada año Fundación Lealtad publica un informe en el que valora si las ONG analizadas cumplen con nueve criterios. La renovación de los órganos de gobierno, transparencia de la financiación, control en la distribución de los fondos y presentación de cuentas anuales son algunos de estos aspectos. También se intenta contestar a una pregunta recurrente: ¿Qué porcentaje de cada euro llega al terreno? "Señalamos cómo usa su dinero cada una de las ONG. Pero establecer un porcentaje que sirva de modelo es imposible, ya que las organizaciones son diferentes por objetivos, estructura y acción", detalla De Roda. Subraya que, en cambio, en otros países sí existen obligaciones: por ejemplo en Holanda una ONG no puede invertir más del 35% de su presupuesto en la captación de fondos. En Alemania el porcentaje baja al 25%.

Fundación Lealtad publica cada año un informe en el que comprueba si las ONG cumplen con criterios como el destino de los fondos de sus asociados

Anesvad e Intervida fueron auditadas por la Fundación en 2002. Incumplieron cuatro criterios y se dieron de baja enseguida

Crear la figura jurídica de la ONG ayudaría a la transparencia del sector, según la Coordinadora de ONG para el Desarrollo

Los nueve criterios fueron escogidos tras una reunión con las principales plataformas coordinadoras del sector y con 30 organizaciones "de varios perfiles y tamaños", cuenta De Roda. Pero Rafael Jariod, presidente de la Agrupación de Pequeñas y Medianas ONG de Cataluña, que suma 39 organizaciones, cree que queda un cabo suelto: "Nunca se meten con el origen del dinero. No toman en cuenta normas morales, como no aceptar fondos de quienes tienen intereses en el tercer mundo".

Bajo control

La auditoría de Fundación Lealtad es voluntaria. El último informe, del pasado junio, incluye a 139 organizaciones, que cuentan con un presupuesto que supera los 1.100 millones de euros y con 1.239.185 socios. El número va creciendo. "Tenemos a 5 o 6 ONG a la espera", explica De Roda. Otras, sin embargo, se echan para atrás. Intervida y Anesvad fueron analizadas en el primer informe de Fundación Lealtad, en 2002, cinco años antes de estar implicadas en un escándalo de desvío de fondos y tener que rendir cuentas ante la justicia. "Incumplían cuatro criterios. Se dieron de baja y salieron pitando", explica De Roda.

La ONG catalana Intervida aún no se ha repuesto del golpe que representó que la fiscalía abriera en 2007 un proceso por un supuesto desvío de 180 millones de euros al fundador de la organización, Eduardo Castellón. En total, 70.000 socios se dieron de baja, al enterarse de que alrededor de 300.000 aportaciones tuvieron un destino presuntamente turbio. Antes de la acusación, Intervida contaba con cerca de 351.000 colaboradores. María Delgado, encargada de la fundación en Madrid, asegura que "es una mancha difícil de borrar", pero lo intentan. "Nunca se ha cuestionado a Intervida, se investiga a personas concretas con nombres y apellidos", dice. El proceso aún está en fase de instrucción. Pero la ONG está hoy bajo administración judicial y en 2009 manejó un presupuesto 44,6 millones. Ya no ha vuelto a someterse a la auditoría de la Fundación Lealtad, según Delgado, porque es incompatible con la tutela de la entidad: "Lealtad es una organización privada y no estar bajo su control no quiere decir que una ONG sea más o menos transparente".

Otro escándalo que golpeó la imagen del sector de la cooperación fue el de la ONG vasca Anesvad, que saltó a la luz pública en marzo de 2007, cuando fue detenido su presidente, José Luis Gamarra, acusado de apropiación indebida de fondos. Al conocer la investigación, dos de los principales directivos se autoinculparon de quedarse con 980.000 euros. El caso tuvo gran eco mediático, por el tamaño de la ONG (llegó a manejar un presupuesto anual de 35 millones en 2005).

La fundación perdió 60.000 socios, el 40% de los 150.000 que sumaba a principios de 2007. Anesvad se dedicaba desde 1968 a proyectos de asistencia sanitaria y desarrollo social en África, Asia y América Latina. Gamarra, que según el informe judicial se había apropiado de dos millones de euros, pasó ocho meses en prisión preventiva y la ONG fue intervenida en octubre de 2007.

"Cuando me enteré de la corrupción en Anesvad me sentí engañado", cuenta un socio que durante 20 años les ha entregado una cuota de 240 euros anuales. "Me dolió saber que el presidente andaba en coches de lujo con el dinero que les dábamos". Este socio considera que Anesvad "quedó marcada de por vida". A pesar de todo, sigue siendo uno de los 90.000 que todavía pagan su cuota porque cree en los proyectos que emprende la ONG y porque "por cuatro chorizos no deben pagar todos". Afirma que ahora por lo menos sabe que "estará mucho más controlada".

La investigación aún no ha terminado y está pendiente de una comision rogatoria (petición de auxilio judicial) en Suiza para aclarar la situacion de una cuenta de Anesvad. La ONG sigue bajo administración judicial y en julio de 2008 se renovó la dirección, presidida ahora por Bernardo García Izquierdo, que antes trabajó en la coordinadora de ONG del País Vasco.

Soluciones posibles

Antonio González es el vocal de comunicación de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, entidad que agrupa a cerca de 550 organismos. Reconoce que estos casos golpean al sector. "Los índices de reputación demuestran que las ONG son las instituciones mejor valoradas. Sin embargo, la tensión mediática que se produce sobre las malas prácticas erosiona la buena imagen de las ONG y eso nos preocupa", explica.

Pero De Roda saca un balance positivo del panorama de las ONG españolas. "Muchas funcionan sorprendentemente bien. Pero queda aún camino por recorrer: el 30% de las organizaciones analizadas depende en exceso de un único financiador o de fondos públicos. También la renovación de los órganos de gobierno puede mejorar". Eso sí, el 25% sigue incumpliendo al menos dos de los nueve criterios.

La figura jurídica de la ONG no existe. Algunas son fundaciones, otras asociaciones. González, de la Coordinadora de ONG, cree que sería positivo llenar ese vacío legal: "Clarificaría el objetivo, permitiría establecer mecanismos para compartir información y tener campos de actividad más definidos". De Roda sin embargo no cree que sea imprescindible. Lo que sí ayudaría sería "un registro único online de todas las organizaciones, donde aparezcan las cuentas y la memoria de las actividades".

González, que también es coordinador general de Médicos del Mundo España, sugiere otros mecanismos para garantizar la transparencia, como el Código de Conducta de la Coordinadora. Pero asegura que hay una piedra angular en la transparencia: rendir cuentas. "Es un instrumento para generar confianza y eso se consigue desde la interacción con la ciudadanía". Para que el donante sepa a dónde van sus euros se publican memorias económicas en la web de las organizaciones o, en caso de personas que ayudan con regularidad, envíos de información. Para finalizar, el activista recomienda algo que parecería obvio, pero no siempre suecede: antes de entregar dinero, hay que informarse sobre el origen de la ONG.