¡Socorro!
La destitución fulminante del director general responsable del Plan Nacional de I+D aumenta el riesgo de desbaratar en una legislatura el sistema de ciencia construido desde 1986
En 1947 cuando comenzó el proceso de colectivización de las tierras en Hungría, tras la ocupación del poder por el Partido de los Trabajadores Húngaros, los agentes de agit-prop entrevistaban por la radio a campesinos previamente seleccionados, para que cantasen las alabanzas del sistema de explotación colectiva de la tierra de los koljoses. Cuando le tocó el turno al tío Férenc, les preguntó a los agentes si lo que él iba a decir se podría escuchar en Budapest, y le dijeron que, por supuesto que sí.¿Y en Viena? "!También, tío Férenc, en Viena también". ¿Y en América?. "También en América, tío Férenc" Pues entonces, "¡Socorro!" gritó el viejo campesino.
La atolondrada creación del Ministerio de Ciencia e Innovación en 2008 levantó ciertas alarmas dentro del sistema de I+D, tanto por el contenido mismo de las competencias del flamante artefacto, como por la falta de reflexión y sosiego con la que se llevó a cabo.
Aunque suenen parecidas, las políticas de I+D y las de innovación son tan diferentes que casi resultan ortogónicas: las primeras son políticas públicas de larga tradición y de protocolos bien establecidos, que los estados vienen desarrollando desde hace por lo menos unos 60 años; disponen de unos manuales de uso, utilizan unos indicadores de medición universalmente aceptados, emplean herramientas bien experimentadas y se dirigen a colectivos profesionales homogéneos, frecuentemente pertenecientes al sector público. Su finalidad es, simplemente, la de generar nuevos conocimientos. Las segundas, es decir, las políticas de innovación, son mucho más recientes; se dirigen a unos colectivos mucho más amplios, menos profesionalizados y más difusos, mayoritariamente del sector empresarial, y no disponen de un aparato tan elaborado de indicadores, de toma de estadísticas, de manuales, de publicaciones o de interlocutores representativos. Su finalidad es introducir productos más competitivos en el mercado.
Así las cosas, el polinomio que trata de representar conjuntamente a la suma de las políticas de investigación y las de innovación (I+D+i), en el fondo, no significa nada.
Tengo la impresión de que la materialización ministerial del departamento responsable de la política científica española está gafado: los sucesivos intentos hasta ahora realizados han tenido una vida bastante azarosa y realmente efímera y concretamente este último intento de institucionalizar la gobernanza del sistema nacional de I+D, ahora con la i de innovación, a saber, el MICINN, no podía ser de otra manera: en sus tres años escasos de vida no ha dejado de realizar traslados de sede, cambios de altos cargos y toboganes presupuestarios de esos de arrancada de caballo y parada de burro; o sea, lo contrario de una política racional, sensata y progresiva.
Es curioso, sin embargo, que el MICINN haya mantenido de manera coherente sólo una línea política: la gradual fagocitación que la i (de innovación) ha ido haciendo de la I (de investigación) y la D (de desarrollo).
La parte del ministerio responsable de la innovación (empresarial), en efecto, ha ido ocupando espacios y presupuestos que antes ocupaba la investigación y ello se ha ido reflejando en crecientes reequilibrios presupuestarios a favor de ella y en destituciones de quienes defendían la política científica frente al tsunami innovador.
No se trata de guerras corporativas, ni de enfrentamientos de clanes que defienden intereses encontrados, sino de modelos distintos de sociedad, de políticas diferentes y, en definitiva, de ideologías no coincidentes.
En estas circunstancias, tras la destitución en su momento del secretario de Estado de investigación y ante la última (por ahora) destitución fulminante del director general responsable del Plan Nacional de I+D, sólo se me ocurre gritar como el tío Férenc: ¡Socorro! porque existe el riesgo de que lo que se había venido construyendo laboriosamente y con cierta fortuna desde, por lo menos, el año 1986, se desbarate atolondradamente en una legislatura, debido al cortoplacismo y a la miopía política.
Javier López Facal es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
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