Gasto social o inversión social

La expresión gasto social sugiere que todo recurso que se destina a ello debe considerarse a fondo perdido. No se justifica en rentabilidades de carácter económico o productivo, sino en valores de solidaridad o la necesidad de cohesión social. Estas consideraciones adquieren más relevancia cuando se trata de atender a las personas más necesitadas, por sus dificultades de autonomía personal, de convivencia familiar o de integración social.

Aunque en situaciones de crisis tan acusada como la actual, la solidaridad con los más necesitados o la apuesta por la cohesión social tienen un límite, pues como todo el mundo sabe, la capacidad de gasto de una sociedad tiene que estar acorde con su capacidad para generar riqueza. Es, ni más ni menos, la cuestión de la sostenibilidad del gasto social. Por eso, a la hora de asignar recursos a gasto social, hay que ser cautos para no superar el límite que lo haga insostenible.

Otra cosa es si se trata de inversiones. De una inversión se espera rentabilidad en forma de empleo, riqueza, desarrollo tecnológico y bienestar. En época de crisis nadie cuestiona la necesidad de destinar el máximo de recursos a inversiones productivas.

Pues bien, en época de crisis también es necesario revisar paradigmas que se fraguaron en el modelo económico y social afectado. Uno de ellos es el concepto de gasto social, que debe ser sustituido por el de inversión social. Porque sólo así podrán aflorar nuevas oportunidades de desarrollo, tan necesarias para superar la crisis con un nuevo modelo productivo.

Los servicios sociales constituyen actualmente una gran oportunidad inversora. Más aún, con la implantación del Sistema para la Atención a la Dependencia. Son soporte imprescindible para el desarrollo económico, proporcionando protección social adecuada a las nuevas formas de vida y convivencia personal y familiar, y para prevenir la marginación y favorecer la cohesión social, sin la cual no puede existir un desarrollo sostenible.

Las nuevas formas de producción han hecho saltar por los aires los antiguos modelos de vida familiar, trasladando a la responsabilidad pública responsabilidades y cuidados que antes se satisfacían en la familia. Servicios para el cuidado de los menores, de las personas mayores y en situación de dependencia, resultan imprescindibles actualmente para que la sociedad desarrolle todo su potencial productivo, especialmente para la incorporación plena de las mujeres, superando su tradicional vinculación a los cuidados de esas personas en el ámbito familiar.

Pero la capacidad de los servicios sociales para incidir en el desarrollo económico también puede medirse en términos de sector productivo, con incidencia directa en la generación de empleo y riqueza.

Podríamos recordar el efecto que desde los años 80 tiene sobre el sector turístico los viajes de la Tercera Edad que, junto a la eclosión de actividades para personas mayores, ha hecho aflorar un importantísimo sector de consumo cada vez más potente.

Pero si un elemento es hoy relevante en este sentido, es la implantación de los servicios del catálogo de la Ley de Dependencia: La memoria económica de esta Ley consideraba que supondría un punto del PIB una vez que se encontrara plenamente desarrollada. Y valoraba su incidencia directa sobre el empleo en unos 300.000 puestos de trabajo.

Bien es cierto que, hasta el momento, la sobredimensión de las prestaciones económicas sobre los servicios (en una proporción aproximada de 6 a 4), hace difícil alcanzar ese objetivo. Pero el potencial sigue intacto, esperando que las cosas en este sentido puedan cambiar.

La capacidad de generar empleo y riqueza vinculada a la autonomía personal y la protección de la dependencia, no sólo está en la atención a estas personas, sino en la innovación y desarrollo tecnológico: la domótica, la robótica, las nuevas tecnologías de la comunicación... ofrecen en este nuevo escenario de protección una oportunidad importante de desarrollo de I+D+I.

La implantación de servicios sociales para la protección a la dependencia es también oportunidad de racionalizar el gasto sanitario, con alternativas de menor coste y socialmente más eficaces. Los cuidados paliativos o la rehabilitación cuestan más del doble en un hospital que en un centro residencial, en condiciones más favorables para la persona y sus familiares, y sin merma de los cuidados sanitarios.

Otra forma de ahorro en el gasto sanitario, sería gestionar el consumo de fármacos en las residencias para mayores, desde la provisión directa por parte del servicio de farmacia de hospitales públicos de referencia.

Y no es en absoluto retórico afirmar que promover la actividad y la convivencia en las personas mayores, contribuye a reducir su consumo de servicios y productos sanitarios, con el consiguiente ahorro para el sistema. De la misma manera, servicios que promueven sus cuidados, la prevención del deterioro de sus capacidades, la higiene, la correcta alimentación..., contribuyen a mejorar su salud y a reducir, en consecuencia, el gasto sanitario. Invertir en servicios sociales puede resultar rentable en términos de reducción del gasto sanitario.

Como todo sector productivo, los servicios sociales necesitan gestionar sus estructuras con racionalidad y adaptarse a las nuevas condiciones. Se impone una profunda reconversión, uno de cuyos principales retos es conjugar la responsabilidad pública, como garante del nuevo escenario de derechos subjetivos, con la necesaria inversión privada para crear y gestionar dispositivos que los hagan posible.

Facilitaría mucho las cosas la existencia de un marco normativo estatal, ante la fragmentación que se deriva de las competencias autonómicas en la materia. Y un papel más activo del Ministerio de Sanidad y Política Social para liderar acuerdos con las comunidades para el desarrollo de la Ley de Dependencia y de los servicios sociales de los ayuntamientos, cuyas dificultades económicas los hacen inviables sin el apoyo de sus Comunidades y del Ministerio. Sin embargo, el Plan Concertado, instrumento para esta cooperación, que nació en los años 80, languidece tanto por la congelación de la financiación estatal como por la falta de liderazgo técnico capaz de lograr algo tan elemental como un sistema de información homogéneo.

No va a ser fácil esta reconversión de los servicios sociales. Pero es imprescindible. De ello depende su supervivencia y el desarrollo de todo su potencial. Es tiempo de crisis. Tiempo de oportunidades.

GUSTAVO GARCÍA HERRERO es experto en gerencia de servicios sociales y director de la residencia geriátrica municipal de Zaragoza.