Educación abrirá vías distintas según el nivel de los alumnos

El documento que ha presentado el Ministerio de Educación para alcanzar un pacto educativo tiene como objetivo combinar equidad y excelencia, algo ambicioso y ciertamente complicado. Y lo hace acercando las posturas de quienes defienden a ultranza la educación inclusiva (igual para todos los alumnos hasta los 16 años) y los que quieren separarles en itinerarios mucho antes. ¿Cómo?

Explican desde el Ministerio de Educación que se trata de no renunciar a que todos los alumnos alcancen el mismo punto de llegada, pero que lo puedan hacer por caminos diferentes. Esto significa más programas de refuerzo y flexibilizar la atención. Eso, hasta los 15 años. En ese momento, se abren tres posibilidades para los estudiantes que vayan a repetir: hacerlo normalmente, ir a programas con contenidos suavizados y menos profesores o pasar a programas preprofesionales. Y para los que siguen hasta 4º de la ESO, habrá dos opciones: una orientada hacia la FP y otra, al Bachillerato. Pero todas ellas, insiste el Gobierno, dirigidas a sacarse el título de la ESO y seguir estudiando, al menos, hasta conseguir el Bachillerato o la FP.

Para el catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca Mariano Fernández Enguita, la profundización en estas medidas supone claramente una ruptura. Y un cambio que será sin duda polémico, ya que para algunos podría ocasionar la segregación del alumnado, mientras que para otros sectores, como el PP, no será suficiente. Habrá quienes "encuentran que la propuesta es demasiado próxima al PSOE" y quienes "entenderán que está cerca del PP", aseguró el ministro Ángel Gabilondo después de presentar el texto a las comunidades autónomas. Pero llegar a acuerdos consiste en eso, añadió.

De hecho, algunas de esas medidas requerirían cambiar la actual ley educativa (LOE), aprobada en 2006 por el Gobierno socialista. En total, el documento llevaría al cambio de 21 artículos de la LOE. Unos cambios que podrían seguir adelante aunque no se alcance el acuerdo, ya que "son los objetivos de la educación, con independencia de que haya pacto o no", dijo el ministro.

Y eso en un momento en que la segunda opción, la del no, gana fuerza por mucho que tanto Gabilondo como los consejeros de Educación, incluidos los del PP, insistan una vez más en que el acuerdo es posible. El PP rechazó el texto presentado por el Gobierno. "El documento no contiene avances sustanciales ni reformas de calado ni unos mínimos que necesita el PP para sumarse a un gran pacto de Estado", dijo la consejera de Educación madrileña, Lucía Figar.

Así, los seis consejeros del PP ofrecieron al ministro un texto con las 10 medidas que tienen que incluirse para que los populares firmen. Se trata de un compendio de las reclamaciones que el principal partido de la oposición ha esgrimido desde el inicio del proceso. Muy difíciles, si no imposibles, de aceptar por parte de los socialistas. Por ejemplo, asegurar por ley la subvención para los colegios privados que tengan demanda, o que en aquellas comunidades con dos lenguas se usen ambas a partes iguales, cambiar los contenidos de Educación para la Ciudadanía o promulgar una Ley Orgánica de Medidas Urgentes para la cohesión y calidad del sistema educativo.

El ministro se comprometió a estudiar esas exigencias "con seriedad", pero advirtió de que en ningún caso pondrá "en peligro el consenso logrado hasta ahora", y añadió que "todo el mundo ha renunciado y todos han logrado muchas cosas". Gabilondo insistió en llevar el pacto al ámbito puramente educativo -"la OCDE no habla de Educación para la Ciudadanía cuando diagnostica la enseñanza española", dijo- y recalcó que los 12 objetivos marcados en el documento que ha presentado han concitado "un amplio consenso".

El texto, de 37 páginas y 137 medidas, es el resultado de las aportaciones de comunidades autónomas, grupos políticos y organizaciones sindicales educativas, entre otros, a la propuesta presentada a finales de enero para iniciar el debate. Gabilondo volvió a insistir, como ya hizo con aquél, en que se trata de un texto de acuerdo, no de un documento del ministerio o del PSOE. Además, aseguró que hay mucha más concreción que en el anterior, algo con lo que no está de acuerdo, por ejemplo, el presidente de la asociación de directores de centros públicos Fedadi, José Antonio Martínez.

En cualquier caso, algunas de las medidas se han modificado, otras se han añadido y otras, matizado. Así, aparte de las iniciativas señaladas más arriba, destaca que los centros podrán agrupar materias para reducir su número en los primeros cursos de la ESO; que se establecen evaluaciones nacionales de diagnóstico a todos los alumnos de todos los centros, la flexibilización de los caminos de ida y vuelta entre la ESO, la FP, el Bachillerato y la Universidad. Además, se revisará, sin más detalles, la estructura del Bachillerato o la bestia negra: la escolarización de todos los alumnos, también los más difíciles, bien distribuidos entre todos los centros, los públicos y los concertados, dando a estos últimos los medios que necesiten para atenderlos. Este punto es un clásico en las negociaciones de todas las leyes educativas.

Además, el blindaje a los cambios normativos es aún mayor, ya que no sólo precisarán el apoyo de dos tercios de los parlamentarios, sino también dos tercios de los grupos políticos del Congreso y del Senado. Sigue sin concretarse la financiación.