¿Una ley híbrida de ciencia e innovación?

Durante la legislatura pasada (2004-2008), al tiempo que se estaba dando una mejora en la financiación de la I+D pública, empezó a tomar cuerpo la necesidad de hacer una nueva ley de la ciencia que sustituyese a la de 1986, notoriamente obsoleta.

La respuesta a esta corazonada de algunos científicos, por parte de las autoridades competentes, osciló entonces entre el desinterés, el escepticismo o la oposición más cerrada.

Los miembros de la Red CTI/CSIC, en donde había surgido la reflexión en cuestión, siguieron a su bola sin desanimarse, hasta conseguir que los partidos políticos incorporaran a sus programas electorales la necesidad de redactar una nueva ley de la ciencia.

La presente legislatura (2008- ) se inició, así, con un flamante Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) que asumió, con la fe del converso, la tarea de redactar una nueva ley de la ciencia.

Las razones por las que los miembros de la mentada red opinábamos que era necesaria una nueva ley se pueden resumir, esquemáticamente, en los siguientes puntos:

1) existe en España un problema de gobernanza del sistema de I+D que afecta, en primer lugar, a la planificación, porque no funciona eficazmente la coordinación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas;

2) nuestro sistema ofrece un gran desequilibrio entre unos razonables indicadores del sector público y sus escasas contrapartes del sector empresarial;

3)la arquitectura institucional muestra unos claros síntomas de fatiga, que podrían resolverse, quizá, en el marco de la entonces flamante ley de agencias públicas (Ley 28/2006 de 18 de julio);

4) el Plan Nacional de I+D, creado por la vigente ley del 86, ha cumplido más que satisfactoriamente la mayoría de sus objetivos, pero está muy necesitado de una revisión a fondo y

5) las universidades y los organismos públicos de investigación necesitan un nuevo marco regulatorio y unos nuevos instrumentos de financiación y reclutamiento de personal, para competir en el "espacio europeo de investigación" y en un mundo globalizado.

El caso es que el MICINN se puso manos a la obra, utilizando un discutible procedimiento dual de una comisión de expertos en I+D, que aportaba ideas y contenidos, y un equipo de amanuenses en la sombra, que lo traducía a lenguaje administrativo.

Sin embargo, a medida que avanzaba la legislatura, el MICINN fue convirtiéndose, poco a poco, en el MINN ( Ministerio de Innovación), primero al ceder la competencia sobre universidades a un reverdecido Ministerio de Educación, después al beneficiar al área de innovación en detrimento de la ciencia, cuando llegaron las rebajas presupuestarias y, finalmente, al destituir al secretario de Estado que lideraba el proyecto de ley.

A estas alturas, el Ministerio de (ciencia e) Innovación parece ser que pretende darle un nuevo enfoque a la ley, reforzando más sus contenidos de innovación, a pesar de que el anteproyecto de ley en cuestión, se encuentra ya a debate en una escasamente entusiasta comisión de secretarios de Estado y subsecretarios, en la que los más integristas recortan con celo todo aquello que, directa o indirectamente, se aleja del espíritu de la sacrosanta LOFAGE [Ley Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado] que, como todo el mundo sabe, es palabra de Dios, te alabamos Señor.

Erasmo de Rotterdam, que es algo así como el abuelo o el tío abuelo del Espacio Europeo de Educación Superior, tradujo en sus Adagia un proverbio griego con las concisas palabras lex et regio, que quiere decir "cada país tiene su ley", en lo que, como es habitual, no le faltaba razón.

Pues bien, ¿Se merece este país una ley de la ciencia como la que puede acabar saliendo, después de tantos acelerones, frenazos y volantazos?¿No es preferible que se aparque esta iniciativa para mejor ocasión? Es probable que, sea cual sea el resultado de las próximas elecciones generales, en la próxima legislatura no exista un ministerio específico dedicado a la política científica. Se habrían producido, así, dos intentos fallidos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MiCyT) de Anna Birulés y el MICINN de Cristina Garmendia.

¿Se imaginan ustedes con qué entusiasmo va a desarrollar y aplicar una ley híbrida de ciencia e innovación un futuro ministerio inespecífico? Guarden, pues, el anteproyecto en buena hora y vamos a esperar a tiempos más propicios, que es preferible esperar unos años más, a estar regulados por un bodrio que no resolvería los problemas del sistema, sino que los agravaría.

Y ya saben aquel sabio consejo de Hipócrates: primum non nocere , lo primero es no agravar las dolencias del paciente.

Javier López Facal es Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)