El CGPJ frena un informe negativo sobre la ley del aborto

El ponente, conservador, sostenía que la reforma es inconstitucional. -La vocal Margarita Uría, propuesta por el PNV, redactará un nuevo texto

La comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado el informe sobre el anteproyecto de ley del aborto que había preparado el magistrado conservador Claro José Fernández-Carnicero y que sostenía que el texto tenía partes inconstitucionales. Por tres votos frente a dos se ha decidido preparar un nuevo informe, encargárselo a otra ponente -Margarita Uría- y, en principio, no entrar a valorar si el proyecto es o no constitucional porque los vocales entienden que ellos no son el Tribunal Constitucional, según relatan fuentes del CGPJ.

El Poder Judicial pidió hace un mes una prórroga para pronunciarse sobre el anteproyecto de Gobierno. El pasado 25 de junio se aprobó una segunda moratoria. La comisión de Estudios e Informes, encargada de elaborar el texto que pasará al pleno el 23 de julio, está formada por el propio Fernández-Carnicero, Concepción Espejel (elegidos a propuesta del PP); Margarita Robles y José Manuel Gómez Benítez (propuestos por el PSOE); y Margarita Uría (vocal propuesta por el PNV). Los dos primeros han votado a favor del informe de Fernández-Carnicero y los dos del PSOE, junto con Margarita Uría, lo han rechazado.

La composición del CGPJ pone las cosas difíciles al Gobierno. El politizado órgano tiene nueve vocales propuestos por el PSOE, nueve por el PP, uno por el PNV y otro por CiU. Si estos dos últimos dividieran sus votos, el desempate lo tendría el presidente, Carlos Dívar, nombrado por el PSOE pero conservador y muy religioso. Resulta complicado pensar que Dívar votará a favor de la reforma, por lo que para que el sector progresista logre la mayoría necesitaría contar con el apoyo de los dos vocales nacionalistas, uno de los cuáles, Margarita Uría, es ahora la encargada de redactar el nuevo informe.

El Consejo Fiscal, por su parte, emitió en junio un informe aprobado por la mayoría de sus miembros (seis, el sector conservador) que sostenía la inconstitucionalidad del anteproyecto de ley. Otros cinco miembros, progresistas, hicieron un informe alternativo a favor del texto, aunque con observaciones críticas.

Pase lo que pase con el futuro informe de CGPJ, que no es vinculante para el Gobierno, si la ley se aprueba en el Parlamento -las mayorías pueden modificarse en el trámite parlamentario, pero por el momento parece que el PSOE cuenta con los votos suficientes para sacarla adelante (con IU-ICV, el BNG, Esquerra Republicana y Nafarroa Bai, más los que pueda sumar de CiU y el PNV, que han dado libertad de voto s a sus parlamentarios)- el PP presentará un recurso de inconstitucionalidad. Volverá a repetirse el mismo esquema de división que en el CGPJ. Órganos, ambos, con representantes directa o indirectamente elegidos por los partidos políticos. En estos momentos, tras el fallecimiento en mayo de 2008 del magistrado conservador Roberto García-Calvo, los progresistas tienen mayoría. Pero sólo temporalmente. La ley del aborto aún tardará en llegarles y pueden pasar años antes de que los magistrados resuelvan.

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