Juicio por abusar sexualmente de sus tres hijos

Una pena de 30 años de cárcel para una madre, Pedrona Mas Oliver, de 43 años, reclamó ayer la fiscal Lola Marcos, por supuestos delitos de abusos y agresiones sexuales de manera continuada contra sus hijos menores cuando tenían entre doce y seis años. Para el padre, Antonio Garcías Gordo, de 42 años, la petición de pena es de 20 años de prisión. Los hechos descritos en la primera acusación penal de exhibicionismo, provocación sexual, corrupción de menores, abuso sexual y agresión sexual y que han sido juzgados en la Audiencia de Palma sucedieron presuntamente entre los años 2000 y 2004 en el hogar familiar en Llucmajor, Mallorca.

La mujer ayer negó los hechos, clamó por su inocencia -al igual que el padre- y rompió a llorar en la sala de vistas. Los testimonios de las víctimas, que están amparadas por los servicios de menores desde se destapó el caso escandaloso, se efectuaron a través de videoconferencia. La acusadora pública pidió que se retire a los padres la patria potestad y que éstos indemnicen a cada uno de sus hijos con 20.000 euros.

La fiscal sostiene que la madre provocó que su hijo de diez años tuviera relaciones con ella y que en otra ocasión sujetó al menor para que el padre le penetrase. En la casa, el matrimonio proyectó películas pornográficas y dejó las cintas al alcance de los niños. El progenitor, según la fiscal, invitó a su hija a observar en el dormitorio mientras él mantenía relaciones con su madre: "Quédate aquí y te enseñaré cómo se hace" le dijo. Pedro está acusado, también, de manosear los órganos sexuales de su hija. Ésta advirtió a su madre y ella no reaccionó. Además, el padre invitó a dos menores a mantener relaciones entre sí.

Al abrirse el juicio, el ministerio público tipificó hasta tres delitos de abusos y agresiones, por lo que las penas solicitadas para Pedrona y Antonio alcanzaban los 133 años. En las conclusiones perfiló que eran delitos continuados por lo que la pena es única y no queda multiplicada por tres. La defensa solicitó la absolución de la pareja al entender que los hechos no están probados y que las declaraciones de los menores son confusas y contradictorias. Los padres están en libertad.