La Audiencia de Alicante absuelve a los acusados por contaminar el río Segura

La Audiencia de Alicante ha absuelto a los 14 procesados (11 empresarios y tres ex altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura) por los vertidos tóxicos al cauce del río Segura entre los años 1999 y 2002. El tribunal, la sección 7ª de la Audiencia, con sede en Elche, justifica su decisión por no haber quedado probado ni el volumen de los vertidos ni el grado de contaminación que provocaron.

Siete de los 11 industriales estaban acusados por el fiscal, que solicitaba penas de cárcel de entre 2 y 4 años. Los otros cuatros empresarios y los tres ex cargos de la CHS (los ex presidentes Juan Cánovas y Antonio Nieto, y el ex comisario de Aguas, José Alemán) estaban encausados a petición de la acusación popular, ejercida por los grupos Ecologistas en Acción del País Valenciano y Amigos de los Humedades del Sur de Alicante. Para los empresarios, los grupos ecologistas solicitaban penas de cárcel de entre seis meses y año y para los funcionarios seis años de prisión.

"Colector de aguas residuales"

En la sentencia, el tribunal constata que "a finales de los años noventa, el río Segura a su paso por la provincia de Alicante presentaba un grave estado de contaminación" derivada fundamentalmente de la depuradora de la ciudad de Murcia. El río "se había convertido en esos años en un colector de aguas residuales por los vertidos procedentes de los ayuntamientos y diversas empresas".

El dato de la masiva contaminación del río fue esgrimido en su defensa por uno de los empresarios procesados durante la vista oral, celebrada el pasado mes de octubre. "Allí [al cauce del río Segura] vertía todo el mundo", declaró el industrial Ramón Pajares Manresa.

Sobre la acusación de los tres cargos públicos, se señala en la sentencia que cumplieron con su función de inspeccionar a las empresas, "aunque no tenían competencias para prohibir los vertidos".

En este sentido, "llama la atención al tribunal la imputación realizada, al dirigir la acusación primeramente contra los funcionarios de la CHS en lugar de hacerlo contra los responsables municipales o autonómicos que no se ajustaban a los límites legales", agrega la sentencia. Asimismo, se destaca la falta de rigurosidad de las pruebas realizadas para analizar los vertidos realizados por las empresas.

Metales pesados

El ministerio público, representado por el fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Carranza, imputaba a los siete empresarios diversos delitos relativos a la Ley de Aguas, la Ley de Saneamiento de Aguas Residuales y diversas ordenanzas municipales de los consistorios en los que desempeñan su actividad. En su informe final, el fiscal recogió que "de acuerdo a diversos análisis realizados a lo largo de la cuenca del río Segura en mayo de 2001, se constató la elevada concentración de materia orgánica en descomposición, presencia de metales pesados como cobre, zinc y cadmio y una alta concentración de aceites y grasas vegetales".