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El fiscal rechaza la cuestión de constitucionalidad contra la Ley de Violencia de Género

El PSOE aplaude la decisión del Ministerio Fiscal de no admitir la petición de un juez de Las Palmas

El Ministerio Fiscal sostiene que "no procede" plantear la cuestión de constitucionalidad de la Ley contra la Violencia de Género promovida por el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas, Salvador Alba Mesa, al no haber "dudas razonables suficientes" que la sustenten. La opinión de Alba Mesa de que esa ley discrimina al hombre "por razón de sexo", debido a la, a su entender, "grave y peligrosa" diferenciación de las penas para agresores según sean hombres o mujeres, no es compartida por el Ministerio Fiscal, según señala éste en un escrito remitido ayer al juzgado isleño.

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En el texto rebate las dudas sobre la constitucionalidad de la norma que plantea el magistrado, referidas al apartado que fija una pena mayor cuando una agresión "se produzca por el autor contra quien sea o haya sido su esposa o mujer o esté o haya estado ligado a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia". Según el Ministerio Fiscal, el precepto "no sólo no se aparta de los valores constitucionalmente tutelados, sino que persigue una mayor protección" de ello, ya que "sabido es que no toda diferencia de trato implica discriminación". La Fiscalía sostiene que "el trato igual a situaciones desiguales no conducirá nunca a la consecución de la igualdad, de suerte que sólo el trato desigual a situaciones de desigualdad conducirá al logro de la igualdad".

"No castiga la ley al hombre por ser hombre", sentencia el Ministerio Fiscal, que añade que lo que hace es que "considera de mayor reproche la actitud del varón que, siendo o habiendo sido su marido o estando o habiendo estado ligado a ella por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia, somete a la mujer a una situación de auténtica desigualdad y discriminación". "La causa justificativa proviene, por tanto, de la mano de una realidad social que pone de manifiesto cómo la violencia del hombre contra la mujer en el ámbito de la pareja -a diferencia del supuesto contrario- constituye un problema de primera magnitud en nuestro país que reclama políticas de igualdad dirigidas a corregir esa situación asimétrica de dominio", concluye.

Las mujeres, el 90% de las víctimas

Como argumentos añadidos, en el texto se recuerda que "son las mujeres quienes, hoy por hoy, constituyen más del 90% de las víctimas de la violencia doméstica en España" y que, por otra parte, "varias son las sentencias del Alto Tribunal que han declarado la constitucionalidad de normas que recogían medidas de discriminación positiva a favor de la mujer". En cuanto a los reparos del magistrado a la existencia de juzgados específicos de violencia sobre la mujer, que Alba Mesa opinó se podría equiparar a instaurar un "tribunal de excepción", se responde que esa medida "en modo alguno" contradice los artículos de la Constitución que aquél entiende quedarían vulnerados, el 25 y el 117.

En su justificación de que la ley no discrimina al hombre como tal, el Ministerio Fiscal recuerda, por último, que en ella, además de contra el esposo o compañero, "igualmente se agravan las penas cuando los mismos hechos los comete cualquier integrante de la unidad familiar contra personas especialmente vulnerables". Por ello, "el fiscal considera que no queda acreditada la existencia de dudas razonables suficientes para plantear cuestión de constitucionalidad sobre el precepto indicado, al no apreciarse apariencia alguna de contradicción entre tal precepto y el ordenamiento constitucional y, en consecuencia, que no procede el planteamiento de la cuestión de constitucionalidad", acaba.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Maribel Montaño, ha celebrado hoy la postura del Ministerio Fiscal. La dirigente socialista ha valorado en un comunicado la "importancia de este pronunciamiento" por "abanderar y ajustarse al principio de la acción positiva recogido en la Constitución". De igual modo, Montaño ha destacado que la decisión "viene a respaldar el objetivo único de la Ley, aprobada por la unanimidad de todos los grupos políticos, que no es más que intentar desterrar el machismo criminal de la sociedad española con todas las herramientas legales puestas a su alcance".

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