El Gobierno prevé sanciones de hasta un millón a las empresas que discriminen a los discapacitados

A las empresas les costará caro discriminar a los discapacitados. El Gobierno ha presentado hoy un anteproyecto de ley por el que se establecerán multas de entre 300 y un millón de euros a empresas, personas físicas y jurídicas y comunidades de bienes que no garanticen la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Además, junto a este anteproyecto el ministro de Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce han presentado otro anteproyecto para regular por ley la lengua de signos y el apoyo a la comunicación oral para las personas sordas.

Según fuentes de este departamento, el pleno ha informado favorablemente por unanimidad los dos anteproyectos y por ello el Consejo de Ministros aprobará en fechas próximas su remisión al Congreso para que inicien su trámite parlamentario en el próximo periodo de sesiones, tras las vacaciones de verano.

El régimen de sanciones, establecerá multas cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas. Para aplicar las sanciones se tendrá en cuenta la intencionalidad o negligencia del sujeto infractor, fraude o connivencia, incumplimiento de las advertencias previas, la cifra de negocios o ingresos de la empresa o entidad, el número de personas afectadas, así como la reincidencia o la alteración social producida, entre otros aspectos.

Reconocimiento legal de la lengua de signos

Por lo que se refiere a la regulación de la lengua de signos -reivindicación histórica del movimiento asociativo representativo de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas- la futura norma reconocerá legalmente la "lengua de signos española" como la de las personas sordas "que libremente decidan utilizarla, así como su aprendizaje, conocimiento y uso".

Además, la ley establecerá y garantizará los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Igualmente, las administraciones educativas dispondrán lo necesario para asegurar el aprendizaje de la lengua de signos española al alumnado sordo, con discapacidad auditiva o sordociego que libremente haya optado por esta lengua.