El Gobierno recuerda a la Iglesia que es el Parlamento el que debe regular el matrimonio gay

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha sido el encargado de responder hoy a los obispos, que ayer pidieron a los diputados católicos que votaran en contra de regular el matrimonio homosexual. El ministro, dirigiéndose a la Conferencia Episcopal, ha dicho que legalizar el matrimonio gay es "un deber democrático" en aras de la igualdad y ha recordado a los obispos que, en todo caso, la sociedad "distingue" las competencias del Parlamento y las de la Iglesia.

El ministro ha recordado que el proyecto de Ley para legalizar los matrimonios homosexuales figuraba en el programa electoral del PSOE y que, ahora en el Gobierno, tiene el "deber democrático" de regularlo, con el objetivo "remover barreras de desigualdad". En todo caso, mostrando su respeto "por la Conferencia Episcopal y la Iglesia Católica en el ejercicio de la autoridad que tiene sobre la comunidad de creyentes", ha pedido el mismo respeto "por el trabajo que efectúa el Parlamento, como representante de la soberanía popular, regulando instituciones disponibles para ciudadanos libres e iguales entre ellos en una sociedad plural". Además, ha subrayado el Gobierno tiene el convencimiento de que "una sociedad democrática y abierta está perfectamente preparada para distinguir la esfera que corresponde al legislador y la que corresponde a la autoridad eclesiástica y a la Conferencia Episcopal".

A juicio del ministro, la regulación de los matrimonios entre personas del mismo sexo es necesaria porque actualmente existen ciudadanos que se sienten discriminados porque el Ordenamiento jurídico "ha desatendido sus pretensiones de igualación con respecto a otros ciudadanos durante mucho tiempo". Por ello, "es perfectamente razonable" que el legislador se ocupe de "regular soluciones relativas al régimen matrimonial y su disolución que satisfagan pretensiones que tienen su lugar en una sociedad pluralista".

Desorden moral y social

La llamada efectuada ayer por los obispos para que los diputados católicos voten en contra de legalizar las uniones entre personas del mismo sexo ha suscitado reacciones a favor y en contra. La Federación Andaluza de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, ha anunciado que solicitará formalmente al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que actúe y abra diligencias ante "la ofensiva directa del Episcopado Español contra el matrimonio gay". Por otro lado, el obispo de Mondoñedo ha dicho que si se aprueba el matrimonio gay "iremos a un desorden moral y social sin precedentes".

A raíz de las declaraciones de la Conferencia Episcopal pidiendo a los católicos que luchen para preservar el matrimonio tradicional, la asociación de gays andaluces ha pedido la intervención del Fiscal General al considerar "que el Estado, como protector civil de todos sus nacionales, debe dejar de amparar a entidades, instituciones o personas cuyo único objetivo es inculcar la homofobia y agredir con la palabra a personas que aspiran únicamente a ser protegidas contra la discriminación y la injusticia". Por ello, exige "la protección de la Fiscalía General del Estado ante esta clara agresión que enfrentamos que no puede ser sino calificada de apología de la homofobia".

En el otro bando, el obispo de Mondoñedo-Ferrol, monseñor Gea Escolano, ha arremetido duramente contra el matrimonio gay, y también contra la posibilidad de adopción. A su juicio, "vamos a un desorden moral y social sin precedentes". "El niño necesita un amor materno y un amor paterno, y habiendo tantas personas normales y tantos matrimonios que desean tener hijos, uno no se explica cómo se abre la puerta a una adopción por parte de homosexuales. No es que se les niegue ningún derecho, es que no tienen derecho a eso", señalaba Gea Escolano.