El PSOE denuncia que la prórroga a Zorita es "el segundo regalo a las eléctricas"

El portavoz del Grupo Socialista en materia de energía nuclear, Javier García Breva, ha declarado hoy a que la prórroga de seis años para la explotación de la central nuclear de Zorita (en Guadalajara) propuesta por el Gobierno crea inseguridad y representa "el segundo regalo a las compañías eléctricas en tan sólo una semana" después del plan de tarifas hasta 2010.

En opinión de García Breva, la propuesta del Ejecutivo es un "engaño" a los españoles, que merma la credibilidad del Consejo de Seguridad Nuclear e invierte los procedimientos, ya que el Ejecutivo no debería pronunciarse hasta que el CSN realizase una evaluación de las medidas de seguridad que actualmente se incorporan aprovechando la parada por recarga de la central.

"Es una decisión contra los intereses de la seguridad nuclear, porque crea inseguridad. ¿Por qué piden inversiones en seguridad a partir del tercer año si piensan cerrarla al sexto?¿Estará Fenosa (la eléctrica propietaria) dispuesta a realizar esas inversiones si tres años después cierra la central?", se ha preguntado el diputado socialista, que teme que transcurrido ese plazo, el propósito del Gobierno sea mantener la central funcionando.

"Marioneta"

La organización ecologista Greenpeace ha declarado hoy que la propuesta del Gobierno de conceder una nueva prórroga de seis años a la central nuclear de Zorita (Guadalajara) deja claro que el Consejo de Seguridad Nuclear es una mera marioneta del PP, "sin duda gracias a la labor de María Teresa Estevan, actual presidenta del CSN, que ha llevado a este organismo a su máximo nivel de desprestigio".

Greenpeace, que pide la dimisión inmediata de Estevan y el cierre inmediato de Zorita, estima que el Gobierno ha llegado al absurdo con tal de defender los intereses económicos de Unión Fenosa, propietaria de la central. Así, se refiere a que el Gobierno anuncie que dentro de 3 años exigirá un montante de inversiones en medidas de seguridad para incrementar las garantías de funcionamiento correcto, y no se las exija ahora mismo, "teniendo en cuenta que la central funciona de forma muy peligrosa", según esta organización ecologista.

Para Greenpeace, la lógica de la decisión es que el Ministerio de Economía se ha plegado a las condiciones de Unión Fenosa, y por tanto que el Gobierno ha antepuesto los intereses económicos de la compañía eléctrica y del sector nuclear por encima del interés general, de los ciudadanos y del medio ambiente. "El Gobierno por fin se ha quitado la careta: su política energética está completamente dirigida por la industria nuclear y las compañías eléctricas", ha añadido Bravo.