Los obispos alaban la solución a la asignatura de Religión que prepara el Gobierno
Rouco Varela considera un "avance significativo" la intención del Ejecutivo de potenciar la materia
El cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco, ha calificado hoy de "avance significativo" la fórmula introducida en el anteproyecto de la Ley de Calidad respecto a la enseñanza de la asignatura de Religión en la enseñanza pública. El Gobierno pretende dar mayor relevancia a esta asignatura, haciendo que la Religión y su alternativa -que estudiaría el hecho religioso y valores constitucionales y democráticos- cuenten en la nota media de los alumnos y sean computables para la superación de curso y la obtención de becas.
El cardenal, que ha presidido hoy junto con el presidente del Gobierno español, José María Aznar, la apertura del Congreso Social de América Latina y la Unión Europea, organizado por los episcopados de Europa y Latinoamérica en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, ha dicho que esta decisión del Gobierno responde "a lo que nosotros venimos demandando desde hace más de una década".
Es importante, ha precisado Rouco, que la Religión no esté situada, como ocurre en la actualidad, junto a un factor que la desnaturalice por su menor exigencia, como es el tiempo libre para los alumnos que no quieran seguir esta asignatura. Por ello "el anteproyecto responde a nuestras propuestas de una forma sustancialmente satisfactoria".
Preguntado por los periodistas por lo que les diría a quienes opinan que la asignatura de Religión debe quedar fuera de la enseñanza, el cardenal ha respondido que "eso iría en contra del artículo 27 de la Constitución" sobre el derecho de los padres a pedir que sus hijos reciban la enseñanza religiosa en coherencia con sus convicciones personales.
La religión no se puede sacar fuera del sistema de enseñanza, ha precisado Rouco, "porque supondría el no acatamiento de la Constitución", otra cosa es la forma en que se regula o articula que, en el caso de la Iglesia Católica, se basa en un acuerdo de rango internacional entre el Estado español y la Santa Sede.
