La era dorada de las redes sociales toca su fin: la regulación esta vez va en serio

Algo está cambiando en internet. El pasado 31 de agosto, un juez del Supremo de Brasil ordenó el bloqueo de la plataforma X (antigua Twitter) en todo el país. Una semana antes, el fundador de Telegram, Pável Dúrov, fue arrestado en el aeropuerto Le Bourget, a las afueras de París, con motivo de una investigación centrada en la falta de moderadores en la plataforma. Y más recientemente, Instagram decidió modificar su política de privacidad centrada en los usuarios menores de edad, obligando a que estas cuentas fueran consideradas privadas. No es una coincidencia, apuntan los expertos. La presión de los gobiernos está empezando a resquebrajar el orden que ha mantenido a las grandes plataformas prácticamente intocables desde su fundación.

“Estamos viendo una tendencia global en cuanto a la regulación de las redes sociales”, suscribe Andrew Puddephatt, presidente ejecutivo de Global Partners, una agencia en Reino Unido que aboga por los derechos digitales y que ha participado como experto ante el Consejo Europeo. “En concreto, estamos presenciando cómo las tres piezas de legislación más importantes del planeta están siendo tomadas más en serio”. Puddephat se refiere a la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, la Online Safety Act, promulgada en Reino Unido, y la Online Safety Act, que rige en Australia. Las tres buscan garantizar la seguridad de los usuarios en internet y están sirviendo de base para presionar a las grandes corporaciones y que modifiquen sus políticas en cuanto a la moderación del contenido.

La normativa europea se convirtió en el cimiento para el arresto de Dúrov en Francia a finales de mes. La aplicación de origen ruso es conocida por el impenetrable grado de seguridad de sus chats, a los que no tienen acceso ni los mismos moderadores de la plataforma, lo que permite que todo tipo de contenido —desde pornografía infantil hasta material protegido con derechos de autor— circule entre sus canales con aparente libertad. A inicios de 2024, la plataforma contaba con 800 millones de usuarios activos mensuales, según Demand Sage, una empresa de análisis de datos, casi un tercio de los que mantiene WhatsApp, con alrededor de 2.000 millones.

La reciente detención de su fundador, que ya se encuentra en libertad, parece poner un punto aparte, al menos en Europa, al futuro de la plataforma. Es el primer paso de la UE para combatir las actividades criminales que se desarrollan dentro de la aplicación. A partir de ahora, Telegram proporcionará los datos de sus usuarios a las autoridades que hagan una solicitud legal. “Las direcciones IP y los números de teléfono de quienes violen nuestras reglas pueden ser reveladas a las autoridades pertinentes en respuesta a solicitudes legales válidas”, desvelaba en el mismo Dúrov en su canal de Telegram.

La Unión Europea se anota así otro tanto en el ámbito regulatorio, aunque ya hay recorrido al respecto. El escándalo de Cambridge Analytica en 2015 fue el primer toque de atención en la región. Desde entonces, la UE ha gestado una ambiciosa arquitectura legal para controlar lo que pasa en internet o al menos en las redes sociales.

El plan comenzó en 2018 con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que, entre otras cosas, pretende obligar a las empresas a declarar qué información van a usar de los usuarios y con qué propósito, y ha continuado con la DSA, que entró en vigor en febrero de este año. Desde entonces, la UE ha impulsado investigaciones en contra de X, por sospechas de difusión de desinformación, y en contra de Meta, para evaluar los posibles efectos nocivos entre los jóvenes. También obligó a TikTok a retirar del mercado una aplicación que pagaba por el visionado de vídeos.

La batalla por moderar el contenido también ha sido parte nuclear de la guerra abierta entre el Tribunal Supremo de Brasil y X, la plataforma que hace dos años compró Elon Musk. Tras la invasión al Congreso Nacional por parte de un grupo de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, la justicia brasileña intensificó las investigaciones sobre la difusión de contenido falso y la financiación de grupos extremistas en el foro estadounidense. Como parte de la estrategia, el supremo ordenó eliminar ciertas cuentas porque “atentaban contra la democracia en Brasil”.

Inicialmente, Musk se negó a ceder terreno, pero la presión — y que Brasil sea uno de los mercados más importantes de la red— ha dado frutos y la plataforma ha empezado a ceder a las peticiones de la justicia. Los abogados de la compañía norteamericana afirman haber bloqueado las cuentas necesarias, pagado las multas y nombrado a un nuevo representante de la plataforma en el país.

Para Puddephatt, los cambios están abriendo las primeras brechas de un sistema que desde hace tiempo parecía impenetrable. Aunque el profesor Ethan Zuckerman, director del MIT Lab y estudioso de las políticas en internet, advierte de que los intentos de regular a través de la acción gubernamental pueden, a su vez, traer efectos nocivos, como silenciar a las poblaciones vulnerables o a la oposición. A pesar de todo, asegura que los primeros golpes en la mesa por parte de los gobiernos son un buen punto de inicio: “Si las dejas a su suerte, las plataformas asumen muy poca responsabilidad por sus impactos sociales”.

Tres cifras responsables de todo: la Sección 230

Todas las grandes corporaciones de comunicación como Meta o Google han logrado, hasta ahora, evadir su responsabilidad gracias a la famosa Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones en Estados Unidos. La ley fue promulgada en 1996 con el fin de salvaguardar a las plataformas de internet de ser responsables legalmente por el contenido que publican terceros en estos sitios. “Si publicas algo ofensivo, la sanción viene a por ti, pero no a por la compañía”, detalla Daron Acemoglu, un reputado académico que aborda el peligro de los desarrollos tecnológicos, coautor de libros como Poder y Progreso (Deusto, 2023). “Y esta se ha convertido en la base para el crecimiento de internet en los últimos años”, concreta.

“Pero esta norma solo tiene sentido si se piensa en ella en el contexto en el que se redactó, antes de la promoción y el impulso algorítmico de diferentes contenidos”, agrega el Acemoglu, quien considera que en el momento en el que las plataformas comenzaron a promover el contenido a través de algoritmos, “se volvieron mucho más similares a un periódico que publica argumentos en su página editorial, por lo que deben responsabilizarse de ello”.

Las tornas ahora empiezan a girar en contra de las plataformas, que han comenzado a reconocer el peligro del contenido y prometen cambios. Instagram acaba de anunciar que limitará las consecuencias negativas del uso de redes en menores de 18 años a través de lo que han llamado “cuenta de adolescente”. Este tipo de perfiles serán privados por defecto a partir de las próximas semanas.

La Dra. Megan Moreno, profesora de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, que estudia a los adolescentes y el uso problemático de las redes sociales, cree que la nueva configuración de Instagram para los jóvenes es “significativa”. Sin embargo, señala que es necesario trabajar mucho más en este ámbito. “El próximo gran paso será evaluar cómo están funcionando estos cambios para los adolescentes y sus familias, y garantizar que sus comentarios se integren en las próximas decisiones”.

El Gobierno australiano pretende ir un paso más allá y bloquear el acceso por completo a los menores de edad. La ofensiva del gobierno que lidera Anthony Albanese, sin embargo, es más ambiciosa. El país es pionero en establecer una normativa por la cual las plataformas deben retribuir a los medios de comunicación, como creadores de contenido, y también ha multado a Meta y a Google por uso engañoso de datos de usuarios. En Estados Unidos, también se han firmado proyectos de ley para regular los algoritmos y el uso de datos de los menores. Aunque muchos de estos recursos aún se topan con la fuerza de un sector cuyo valor acumulado supera el PIB de muchos países. “Desafortunadamente, la mayoría de plataformas están reaccionando con abogados y campañas de relaciones públicas, sin considerar enfoques más matizados o responsables”, arguye Zuckerman.

Puddephatt considera que la imposición de multas es un buen punto de partida. “Solo de este modo los gobiernos pueden equiparar su poder de negociación con plataformas del tamaño de TikTok o Meta”. En la Unión Europea, esta última plataforma acumula multas por un valor de 3.000 millones de euros. Al mismo tiempo, el académico cree que, en última instancia, es necesario que las grandes compañías se diluyan en empresas distintas para que sea más fácil legislar y llegar a acuerdos con ellas.

Pese a todo, Acemoglu opina que es muy temprano para que la sociedad civil y los reguladores canten victoria. “Es cierto, las cosas están mejor que hace cuatro o cinco años y el público es cada vez más consciente del enorme poder de estas empresas, y de lo mal que lo han hecho en muchos casos, pero Estados Unidos sigue siendo un país tecno-optimista y la mayor parte de medios allí aún respalda a la industria tecnológica, por lo que todavía es necesario un ajuste de cuentas más amplio”. Puddephatt lo define en una frase: “Para remover los pilares de una empresa como Google, debes romper los cimientos constitutivos de Estados Unidos”.