Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Un año sin Julen y un juicio con pocas certezas

El 21 de enero se inicia la vista oral sobre la caída del niño al pozo de Totalán con el dueño de la finca como único acusado

Momentos previos a la bajada de la cápsula de salvamento minero. Se cumple un año de la trágica caída del pequeño Julen en el pozo de Totalán.

El cerro de la Corona, en Totalán (Málaga, 715 habitantes) tenía hace doce meses olivos, almendros y matorrales. Hoy es un áspero pedregal. Una docena de excavadoras y dos perforadoras comieron bocado a bocado sus entrañas, moviendo 170.000 toneladas de rocas. Apenas los brotes de unos olivos manchan de verde una explanada que hace un año no existía. Ronda los 15.000 metros cuadrados y en su interior esconde -tapado con una plancha de hierro- el pozo que mantuvo en vilo a todo el país hace un año. El silencio actual contrasta con el incesante ruido del equipo de rescate en su cirugía a la montaña para extraer el cuerpo sin vida de Julen Roselló. El pequeño falleció el 13 de enero de 2019 y tras una caída libre de 71 metros por un agujero de 25 centímetros de ancho, según reflejó la autopsia. Fue rescatado 13 infinitos días después. La causa de su muerte es una de las pocas certezas de un accidente cuyas circunstancias se juzgarán a partir del próximo 21 de enero en la Ciudad de la Justicia de Málaga. David Serrano, propietario de la finca donde estaba el sondeo y único conocedor del agujero, oculto a la vista y sin señalizar, es el único acusado. Se juega entre tres y tres años y medio de prisión por un presunto delito de homicidio imprudente. También se le pide una indemnización de 1,5 millones. Se declaró insolvente, pero se le ha denegado tal condición.

Cuando los más de 200 periodistas abandonaron el cerro de la Corona tras publicar cientos de páginas de periódico y emitir 228 horas de televisión, la maquinaria permaneció allí unos días más. El objetivo era devolver el terreno a su estado lo más cercano al original. La restauración ha devuelto el perfil a la ladera, enterrando para siempre un pozo maldito en el que el pequeño “desapareció”, como dijeron sus padres, Victoria García y José Roselló, a los primeros bomberos que llegaron al lugar. Ahora no hay medios de comunicación, ni mineros, ni agentes de la Guardia Civil. Y los vecinos de Totalán ya no preparan cafés y almuerzos para el operativo. Ahora prefieren pasar página, que su pueblo no sea recordado solo por el suceso. “Fue una tragedia, pero hay que seguir adelante”, resumen sus mayores mientras caminan por el Paseo de la Salud.

“La sensación es extraña, muy extraña”, dice Ángel García Vidal, ingeniero de caminos que dirigió los trabajos del operativo de rescate de Julen Roselló en enero de 2019. Hace apenas unas semanas visitó por primera vez el cerro de la Corona. “Lo primero que pensé fue el esfuerzo tan enorme que se hizo, la repercusión que tuvo. No era consciente. Y este año me ha permitido dar perspectiva al sacrificio y trabajo de aquellos días”, cuenta quien ha recibido en los últimos meses muchísimos reconocimientos por su labor en Totalán. Tras aquella experiencia, le costó seis meses volver a la rutina, al día a día en su oficina en el barrio de La Malagueta.

Como él, otras 300 personas expertas en diversas disciplinas trabajaron en un rescate que duró 299 horas. “Ha dado tiempo a pensar en qué cosas se puede mejorar en una situación tan extrema y única”, añade Julián Moreno, entonces director técnico del cuerpo de bomberos malagueño. Él no ha vuelto a Totalán, “pero lo que ocurrió no se te va de la cabeza, aún queda para que consigamos salir de allí”, dice Moreno, que se quedó con la espina de no haber podido sacar con vida al menor. “Hicimos lo que pudimos y nos hubiera gustado otro desenlace”, dijo Sergio Tuñón, responsable de la Brigada de Salvamento Minero días después del rescate. “Siempre trabajamos la esperanza de que estuviera vivo. Era difícil, pero no imposible”, añade Francisco Manuel Alonso, geólogo de la Universidad de Huelva que ayudó a entender el terreno en el que el operativo trabajaba. “También tengo una sensación rara todavía. Es una experiencia que me ha marcado para toda la vida”, subraya el especialista, que destaca además la presión mediática de aquellos días.

El proceso judicial, dirigido por la jueza Elena Sancho Mallorquín, dirimirá las responsabilidades de lo que ocurrió aquella jornada. La gran expectación mediática ha obligado a habilitar una sala de prensa. Durante seis sesiones y hasta el 30 de este mes, el juicio buscará aclarar las dudas que existen sobre el fallecimiento del menor. Dos son las más importantes. Por un lado, si Serrano avisó o no a los padres de Julen de la presencia de un sondeo en la finca. Él siempre defendió que sí, pero durante las declaraciones previas los progenitores aseguraron que jamás les dijo nada. La segunda se centra en saber si el boquete estaba cubierto. Pocos días después del siniestro, Serrano escenificó en una rueda de prensa que la prospección estaba tapada con dos bloques de hormigón y alegó que el pequeño se escurrió entre ellos. Antonio Sánchez -que realizó el sondeo- y los padres del niño lo negaron. “Jamás pensé que cabría un niño”, dijo entonces Serrano entre lágrimas.

La defensa del único acusado ha solicitado su absolución y, para evitar la condena, ha echado balones fuera en varias direcciones. La primera, culpando a Sánchez, a quien consideran responsable de no tomar las medidas de seguridad pertinentes una vez realizado el pozo. La segunda se dirigió al operativo de rescate, apuntando a la piqueta que usaron los bomberos como causa de la muerte de Julen, tesis que fue desmentida por la autopsia. Los forenses aseguraron que fueron los golpes durante la caída al vacío la causa del fallecimiento. La tercera señaló directamente a los padres del menor: “Tenían que haber estado pendientes de su hijo”, dijo en Telecinco.

Roselló y García son quienes piden la pena más alta para Serrano, al que también recriminan que aún no les haya pedido perdón. Solicitan tres años y medio de prisión porque creen que tuvo una “falta total de respeto por las normas de seguridad” y que, si hubiese adoptado las “mínimas medidas” previstas en la normativa, la muerte de su hijo “se hubiera evitado”.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >