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La lancha okupa, el inocente del furgón y la víctima confusa

La desidia y los atascos judiciales causan la mayoría de los errores perpetrados contra los usuarios

Embarcaciones amarradas en el puerto de Palma de Mallorca en mayo de 2016.
Embarcaciones amarradas en el puerto de Palma de Mallorca en mayo de 2016. GETTY

Dice una máxima jurídica que la buena justicia debe servirse de la ceguera para resolver conflictos, no para amplificarlos. Pero, ya sea por desidia o por exceso de trabajo de quienes la administran, en ocasiones se emiten decisiones judiciales disparatadas y surrealistas. Los afectados tienen la posibilidad de reclamar al Estado que les indemnice cuando un juez se equivoca. Hay clamorosos errores judiciales que traen serias consecuencias a los justiciables e incluso a terceros inocentes, con gran sufrimiento. Conseguir una indemnización, si es que se logra (el Estado paga tarde y poco), significa años de espera. A continuación, algunas de las equivocaciones denunciadas ante el Ministerio de Justicia.

No sirvieron sus ruegos de que debía tratarse de un error y los agentes se la llevaron detenida. Luego descubrieron que ella era la víctima

Víctima de violencia machista confundida con su maltratador. Eva C. B. estaba tranquila en su casa a las 0.23 del 24 de marzo de 2017. Cuidaba de sus dos hijos pequeños cuando agentes de la policía vasca irrumpieron en su domicilio con una orden de busca y captura lanzada por el Juzgado de lo Penal 7 de Bilbao. No sirvieron sus ruegos de que debía tratarse de un error y se la llevaron detenida. Estuvo 12 horas en los calabozos en el marco de un procedimiento por violencia machista, supuestamente por incumplir una condena de 32 días de trabajos en favor de la comunidad. Tenía razón: ella era la víctima. En realidad el acusado era su marido, Jairo B. C., condenado en firme por amenazarla. Al dictar la busca y captura, el juzgado puso su nombre y no el del maltratador, y los agentes fueron a por ella. Ahora reclama al Estado una indemnización de 3.500 euros. El Consejo del Poder Judicial le ha dado la razón, porque “hubo un mal funcionamiento de la justicia”. Está a la espera de que el ministerio se pronuncie.

Los afectados tienen la posibilidad de reclamar al Estado que les indemnice cuando un juez se equivoca. Pero se paga poco y tarde

Dos años sin amarre en el puerto de Palma. Christian Ludwig no ha podido, durante casi dos años, atracar ningún yate en el amarre que posee en el punto 588 del puerto de Mallorca. A la Guardia Civil, con orden del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional, se le ocurrió ubicar allí, precintada, una lancha de 10,5 metros de eslora y 2,5 de manga decomisada a una organización criminal. Cuando, en enero de 2015, el dueño quiso utilizar su amarre vio que no podía. Estaba ocupado por otra embarcación desconocida. La Guardia Civil le explicó que era cosa del juzgado y que no se podía tocar. Durante meses, Ludwig se dirigió al juzgado “en innumerables” ocasiones para pedirle que se llevara de allí el barco, que necesitaba el amarre y que además se acercaba la campaña de verano. Entró en un laberinto judicial.

El juzgado se limitó a decirle que se dirigiera a la 17ª Zona de Guardia Civil de Baleares. Esta le dijo que carecía de medios para realizar ese traslado y que acudiera al juzgado. Pasaron los meses, y hasta dos campañas estivales más, y el barco seguía allí desde 2014, cuando fue requisado. En noviembre de 2015 envió otro escrito de queja al juzgado, pero este volvió a remitirle a la Guardia Civil. Y lo hizo, pero el barco no se movía de allí.

El 7 de marzo de 2016, el juzgado le indicó que, dadas las dimensiones del barco, “no era posible trasladarlo a través de los medios oficiales”. Y le adjuntó un presupuesto de 1.050 euros de la empresa Miron Climent para que esta, que sí disponía de medios, se lo llevase “a un dique seco de zona pública”. El dinero debía abonarlo un tal Riepenhausen, el dueño de la barca okupa. En 2017, harto de enviar escritos estériles, Ludwig presentó una demanda al Ministerio de Justicia en la que se quejaba de que seguía sin poder utilizar su punto de atraque y pedía 50.054 euros por los perjuicios ocasionados. El Consejo del Poder Judicial le ha dado la razón: no está obligado a soportar en su amarre un barco de otro.

Casi dos semanas de pesadilla por una denuncia falsa. Trece días en un furgón carcelario entre Huelva y Madrid. En su demanda ante el Ministerio de Justicia, en la que pide 78.281 euros de indemnización, José Ignacio R. C. detalla el calvario que vivió en abril de 2017. Tras verse injustamente involucrado en una causa, un juzgado de Huelva se dio cuenta de su inocencia y la archivó. Le atribuían un delito de robo con violencia inexistente. El juez incluso abrió diligencias por denuncia falsa contra la persona que le había acusado.

“He estado 13 días privado de libertad por un delito que ni existió ni cometí", alega la víctima de una grave equivocación judicial

Pero por extrañas circunstancias, el mismo juzgado emitió semanas después contra él una orden de busca y captura. José Ignacio fue detenido en Madrid y llevado al juzgado de guardia número 29 de la plaza de Castilla. Este decretó su prisión y puesta a disposición del juzgado onubense. Así cuenta su odisea el afectado: “He estado 13 días privado de libertad por un delito que ni existió ni cometí. Durante todo ese tiempo fui conducido en un furgón por varias prisiones situadas entre Madrid y Huelva, pero sin llegar ni a un destino ni a otro. Y todo ello porque el Juzgado 29 me ponía a disposición del de Huelva y este lo hacía en favor del de Madrid en una espiral incomprensible en la que ninguno de ellos quería hacerse cargo de mí. Ni siquiera pude contactar con un abogado, ni este interesarse por mí porque ignoraba en qué cárcel estaba”. El Poder Judicial también ha fallado a favor de José Ignacio, que sigue esperando la indemnización.

Sin carné de conducir por un despiste en la sentencia. El 19 de mayo de 2016 la Guardia Civil de Tráfico paró al conductor Felipe S. E. cuando conducía su Ford Transit por Santander. Los agentes le indicaron que en su base de datos figuraba que tenía el carné retirado en virtud de una sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de Santander. Felipe replicó a los agentes que probablemente había un error en los ficheros, puesto que él no había tenido ningún problema con la justicia.

Aun así, los guardias civiles le retuvieron durante una hora en la carretera y le citaron a un juicio rápido 15 días después. Otro juzgado, ya en el juicio, pidió sus antecedentes penales y comprobó que efectivamente no le constaba delito alguno. Y le archivó la causa. Pero estuvo 15 días sin poder usar su coche, con los consiguientes perjuicios que le ocasionó para su trabajo como repartidor. También tuvo que pagar a una abogada y a un procurador para que le defendieran. El error se debió a que el Juzgado Penal 2 le confundió con otro conductor y envió datos erróneos a la Dirección General de Tráfico.

Absuelto y su coche nuevo, destrozado

También le ha dado la razón el Consejo del Poder Judicial al valenciano Antonio B. F., quien reclama al Estado que le pague 26.331 euros por los daños ocasionados a su coche, un Alfa Romeo GT, que casi acaba de comprar cuando se vio implicado en un delito contra la salud pública. Al detenerle, un juzgado de Massamagrell (Valencia) ordenó su ingreso en prisión (estuvo un año) y le requisó provisionalmente el coche, que fue entregado para uso de la Guardia Civil en su lucha contra el tráfico de drogas. La Audiencia Provincial de Valencia le absolvió años después y ordenó que se le devolviera el vehículo. "Cuando acudí a la Guardia Civil a por el coche, me dijeron que no lo encontraban". Finalmente, lo localizaron el 18 de junio de 2015. Su estado era lamentable, inservible, con cuantiosos defectos mecánicos y de chapa y pintura. Arreglarlo costaba 9.400 euros. "No pude venderlo ni de segunda mano", describe. Por la cárcel injusta sufrida pide 74.000 euros y otros 26.000 por los daños a su vehículo, que, pese a que solo tenía nueve meses cuando le fue decomisado, estuvo precintado casi 10 años.

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