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La Audiencia rechaza encarcelar ya a cuatro ex altos cargos condenados por el ‘caso ERE’

El tribunal impone medidas cautelares a dos exconsejeros y dos ex directores generales hasta que el Supremo se pronuncie

Los exconsejeros de Empleo andaluces Antonio Fernández y José Antonio Viera (derecha), el jueves. En vídeo, el 'caso ERE' explicado en cuatro minutos.Vídeo: PACO PUENTES | EPV
Javier Martín-Arroyo

La Audiencia de Sevilla ha decidido este viernes que cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados a penas de prisión por la pieza política de los ERE no entren en prisión hasta que la sentencia sea firme. El tribunal ha dictaminado que los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera, y los ex directores generales Javier Guerrero y Juan Márquez, condenados a más de siete años de cárcel, no ingresen todavía en prisión y puedan esperar en casa a que la sentencia, emitida la semana pasada, sea firme en el Tribunal Supremo. No obstante, la Audiencia les ha impuesto medidas cautelares a Viera y Márquez —Guerrero y Fernández ya tenían—, como comparecencias mensuales en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España, para evitar que puedan eludir la acción de la justicia.

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Para los magistrados, el riesgo de fuga "carece de solidez" dado que hay otros acusados, condenados a penas similares, para los que no pide prisión la Fiscalía Anticorrupción, a la que critica la Audiencia por no explicar las razones que diferencia a los cuatro ex altos cargos de los otros seis condenados por malversación y con penas de cárcel. "Los acusados tienen un domicilio conocido, donde han sido citados cada vez que ha resultado necesario. Han comparecido a los llamamientos judiciales cada vez que han sido citados, la última vez, para la comparecencia celebrada en el día de ayer. Sin que aparezca ningún dato adicional del que pueda deducirse la sospecha de que puedan eludir la acción de la justicia”, reza el auto. Los jueces, que han comunicado a la policía la prohibición de expedirles el pasaporte, consideran que no hay ningún indicio de que los cuatro condenados deseen fugarse.

El letrado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha ensalzado que los jueces se alejen del "populismo punitivo"  con un auto "modélico". "El tribunal deja bien claro ante la sociedad que a una persona no se la puede considerar autora de un delito hasta que se declare probado en sentencia firme". El abogado de Guerrero, José Ávila, valoró: "Había dos posibilidades, tener una sentencia basada en Derecho o una sentencia política, y hemos tenido la primera opción".

Los tres jueces han comunicado su decisión tras celebrar ayer jueves una vistilla en la que las acusaciones y las defensas expusieron sus argumentos a favor y en contra, después del planteamiento de la Fiscalía Anticorrupción para ejecutar la sentencia sin esperar a que sea firme en el Tribunal Supremo.

De los diez condenados por malversación la pasada semana, los fiscales pidieron cárcel para los cuatro procesados que acumulan condenas de más de siete años de prisión, salvo el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá. Además, Guerrero y Márquez fueron condenados la pasada primavera a otros cinco años de cárcel por malversación en otra causa sobre contratos fantasma, hecho que los fiscales subrayaron ayer en la vistilla, celebrada a puerta cerrada. En 2012, tanto Guerrero como Fernández ingresaron en prisión preventiva varios meses tras ordenarlo la juez instructora Mercedes Alaya.

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El fallo de la Audiencia de Sevilla contra la excúpula socialista del PSOE andaluz condenó a los expresidentes andaluces Manuel Chaves por prevaricación y José Antonio Griñán por malversación, y censuró con tono grave el “sistema fraudulento” que instauró la Junta de Andalucía desde el año 2000 para conceder subvenciones directas a empresas en crisis y pagar los ERE mediante el mecanismo de las transferencias de financiación por un total de 680 millones de euros durante una década.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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