Chaves cree que el fallo de los ERE fue “injusto” y estuvo condicionado por un “contexto de culpabilidad”

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación en la llamada pieza política de los ERE, ha calificado este viernes de “injusta” la sentencia, y ha manifestado que la Audiencia de Sevilla “no se ha abstraído del ámbito de presunción de culpabilidad” contra los 21 encausados que, en su opinión, se gestó durante los años que duró la investigación del caso. Diez días después de conocer el fallo, Chaves, que presidió Andalucía entre 1990 y 2009, ha roto su silencio para defender la legalidad del sistema de ayudas sociolaborales concedidas a empresas en crisis mientras estuvo al frente del Gobierno regional.

“Este ha sido un proceso muy mediático sometido a presiones políticas, mediáticas y sociales”, ha señalado Chaves en una entrevista al programa Hoy por hoy de la cadena Ser. “Se ha creado un clima de culpabilidad y el contexto que durante estos años ha rodeado este proceso ha condicionado el juicio”, ha insistido el expresidente andaluz, que ha sido muy tajante al afirmar a continuación: “Tengo una sentencia que considero injusta”.

El exdirigente se ha mantenido firme en los postulados en los que ha basado su defensa a lo largo del año que ha durado la vista oral de la causa de los ERE. Las decisiones del Consejo de Gobierno que presidía eran políticas y no administrativas, lo que eliminaría la posibilidad de prevaricación; a esas reuniones nunca llegó un informe de ilegalidad por parte de la Intervención General que pudiera ponerle a él en conocimiento directo de irregularidades. En cuanto al mecanismo con el que se otorgaban los pagos, las transferencias de financiación, Chaves se ha escudado en otra de las argumentaciones recurrentes de las defensas: estaban incluidas en la Ley de Presupuestos y “una ley no puede ser ilegal”.

“Yo he tomado decisiones políticas”, ha asegurado respecto de la determinación de aprobar ayudas para empresas en crisis. “No conozco los procedimientos, porque no tengo por qué conocerlos, no por negligencia”, ha recalcado sobre el sistema de concesión de las subvenciones, que el tribunal ha tachado de “fraudulento”. Para Chaves, su responsabilidad se limita a la esfera política, no a la penal, y entiende que ya asumió las consecuencias al abandonar el PSOE y su escaño como diputado en junio de 2015. “Me equivoqué a la hora de elegir a personas y de vigilar, pero por eso ya asumí mi responsabilidad política”, ha asegurado.

El exdirigente socialista, sin embargo, no ha ocultado el efecto que la condena a una generación de políticos del PSOE andaluz ha tenido en la percepción de los ciudadanos y en el seno del propio partido, cuyos actuales dirigentes se apresuraron a encuadrar en hechos del pasado, desvinculándose de esa etapa. “Al final ha sido un caso de gente del PSOE que ha estado en la Junta de Andalucía”, ha reconocido Chaves. “Puedo entender que lo identifiquen con el PSOE, pero yo ya no soy miembro del partido”, ha añadido. Respecto de la distancia tomada por la dirección socialista ha sido comprensivo. “En política uno puede querer desvincularse de los asuntos que puedan perjudicar política o electoralmente”, ha dicho. Chaves ha agradecido, no obstante, la defensa que hizo el partido de su “honorabilidad” y la del expresidente José Antonio Griñán, condenado a seis años y dos días de prisión por malversación y prevaricación.

Chaves ha justificado la importancia de las ayudas por las que ha sido condenado para contrarrestar las críticas vertidas, especialmente por el PP, que acusan a los condenados de “haber robado el dinero de los parados". “Se dice que el procedimiento era ilegal, pero tenía un objetivo claro, una política socialista clara: proteger a los trabajadores que estaban en situación de desempleo por la crisis de las empresas”, ha defendido Chaves, impulsor de esa “paz social”. “En este momento 6.400 trabajadores de Andalucía de más de 55 años que se vieron parados por el cierre de empresas están cobrando su indemnización y lo seguirán haciendo hasta los 65 años”, ha señalado el exmandatario andaluz, que sí ha reconocido “abusos en la ejecución de algunas de esas ayudas”, como la entrada de intrusos en los planes de prejubilación. En esos casos, que el exdirigente ha circunscrito a un 10% del total de fondos concedidos, ha pedido que “la Justicia adopte la decisión que tenga que adoptar”.