La Fiscalía investiga a Rocío Monasterio por un presunto delito de odio contra los menores extranjeros
Las declaraciones de la dirigente pueden suponer “una incitación directa a la violencia” contra los jóvenes inmigrantes solos de un centro de la capital andaluza
La Fiscalía de Sevilla ha abierto diligencias de investigación contra la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, por las declaraciones que realizó el pasado 4 de noviembre durante un acto electoral frente a un centro de menores extranjeros no acompañados de Sevilla. El ministerio público quiere esclarecer si sus palabras —se refirió a los jóvenes migrantes como “manada de menas [menores extranjeros no acompañados]” y los vinculaba al incremento de la inseguridad en las calles— constituyen “una incitación directa a la violencia contra los menores de dicho centro” y “una clara incitación al odio”.
La actuación de la Fiscalía se produce a raíz de una denuncia que interpuso la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, un día después del acto de Monasterio. “Las frases pronunciadas por doña Rocío Monasterio San Martín tienen un claro contenido racista y xenófobo siendo el único motivo que los menores son extranjeros. Es decir, se trata de una cuestión racial”, señalaba el escrito remitido por la formación de izquierdas, en el que se pedía que se adoptaran "las medidas necesarias para el cese de las acciones y de los delitos que violentan la seguridad de los menores referidos". Además de a la Fiscalía, Rodríguez también envió una queja al Defensor del Menor y Defensor del Pueblo de Andalucía en la que acusaba a la Junta de no haber desarrollado "ninguna actuación para evitar el acto y garantizar los derechos de dichos menores". La formación está preparando otra denuncia contra el Gobierno andaluz por “dejación de funciones” con los menores no acompañados, tal y como anunció la semana pasada la número dos de la confluencia entre Podemos e IU en la comunidad, Ángeles Aguilera.
Las declaraciones de Monasterio también fueron criticadas por el Defensor del Menor andaluz que hizo un llamamiento a los partidos para “evitar la criminalización de los adolescentes y jóvenes extranjeros no acompañados”. La propia consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, una de las impulsoras del centro de menores de Sevilla frente al que habló Monasterio, tachó a través de su cuenta de Twitter de “inmoral” el uso de los menores inmigrantes en campaña electoral. El pasado jueves, el Defensor del Pueblo estatal, organizaciones de la infancia y otras instituciones como el Consejo General de la Abogacía también pidieron a la Fiscalía General del Estado que investigara actos similares en los que se criminaliza a los menores migrantes no acompañados en El Masnou o delante de centros del barrio de Hortaleza en Madrid.
El centro de menores de Sevilla ha estado rodeado de polémica incluso desde antes de su inauguración. Varias asociaciones de vecinos del distrito de La Macarena, en el centro de la capital andaluza, se manifestaron en contra de su apertura antes del verano, vinculando la presencia de los menores con el incremento de la delincuencia en el barrio. En sus concentraciones estuvieron apoyados por parlamentarios de Vox. Estas mismas agrupaciones vecinales consiguieron paralizar un año antes —con el asesoramiento del presidente de la formación de extrema derecha en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, que reside en la zona—, la inauguración de un centro de acogimiento temporal de migrantes, esgrimiendo los mismos argumentos que vinculaban inmigración con el incremento de la delincuencia. Paralelamente, otras asociaciones de vecinos se han manifestado a favor de la presencia de estos jóvenes. Algunos de sus integrantes plantaron cara a Monasterio el pasado 4 de noviembre.
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