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El desahucio que unió a Podemos y Vox

El interés común de las concejalas de esos partidos en Bormujos acelera la solución para evitar la salida de su casa de una vecina del pueblo sevillano

Captura de pantalla del vídeo en el que Dolores Jiménez pide ayuda para evitar su desahucio. En vídeo, la petición.

Apenas coincidieron unos minutos. Ambas tenían la misma intención y un interés similar, pese a estar en las antípodas políticas y sociales. Pero el encuentro fortuito el martes 1 de octubre de las concejalas de Bormujos por Podemos, Yésica Sposati, y por Vox, Carmen Carciolo, en el rellano de la vivienda de Dolores Jiménez, ha servido para dar visibilidad y acelerar los trámites para evitar el desahucio inminente de esta vecina del municipio sevillano de 22.000 habitantes. El Ayuntamiento ha remitido este martes a los juzgados el informe necesario para retrasar la expulsión de su vivienda.

“Todo se ha movido más rápidamente a raíz de estas dos personas”, reconoce la propia Jiménez. Las dos ediles se enteraron de la situación de su vecina el pasado 30 de septiembre por la tarde gracias a un vídeo que ella colgó en redes sociales a través de la Plataforma No a los desahucios Sevilla. En él, Jiménez relataba su angustioso periplo a través de bancos y juzgados para pagar, primero de una hipoteca y luego de un alquiler —una vez que la entidad bancaria se hizo cargo de la hipoteca a cambio de una dación en pago—, a los que su invalidez permanente y un marido en paro encargado de cuidarla las 24 horas del día, hacían casi imposible hacer frente.

“Yo acudí a la vivienda de Dolores el martes por la mañana, tras ver el vídeo. Fui para verificar que tenía toda la documentación antes de dar un paso en falso”, recuerda Carciolo. “A la hora y media de estar allí, se presentó Yésica, que ya se había pasado el día anterior por la tarde para interesarse por ella, pero no la había encontrado en su casa”, explica. “Las dos trabajamos con el mismo objetivo, pero cada una por nuestro lado”, advierte.

En abril, un juez ordenó el desahucio de Jiménez, aunque rebajó la cantidad que le reclamaba el banco de 17.000 euros, por demoras e intereses, a 7.000. La fecha límite para quedarse en su casa, el 14 de octubre, podría aplazarse un par de meses si el Ayuntamiento emitía un dictamen de vulnerabilidad, reconociendo la situación precaria en la que se encuentra la familia de Jiménez. Un portavoz del consistorio ha explicado a este diario que la notificación del desahucio llegó el viernes 27 de septiembre y que hasta el lunes 30 no se tuvo constancia. El 1 se reunió el alcalde, el socialista Francisco Molina, con los responsables de Asuntos Sociales, para estudiar el caso. Sin embargo, alegan desde el Ayuntamiento, la administración local no podía hacer nada si la propia afectada no solicitaba el informe de vulnerabilidad. “Jiménez no lo hizo hasta este mismo lunes. Hoy martes ya está enviado a los juzgados, ya que llevamos trabajando con su familia desde hace dos años y conocemos su situación”, explican desde el consistorio.

Más allá del interés por ayudar a Jiménez a reunir la documentación necesaria y acelerar cuanto antes los trámites en el Ayuntamiento para que a su vecina no la desahucien, tanto Carciolo como Sposati insisten en desvincularse mutuamente de su respectiva implicación en el caso y de las soluciones para aliviar la situación de Jiménez. Las dos han tratado de ponerse en contacto con la concejal de Asuntos Sociales y con el mismo alcalde, pero por separado. En ningún caso han hecho un frente común. Ambas, eso sí, responsabilizan al Ayuntamiento, de tardanza a la hora de tramitar el citado informe, que está contemplado en un convenio impulsado por el anterior Gobierno socialista de la Junta de Andalucía. En él se estipula que cuando un juzgado detecta la existencia de un peligro de vulnerabilidad que puede influir en el impago de una familia, el juez tiene la facultad de solicitar al Ayuntamiento un informe social para poder adoptar medidas, entre ellas el aplazamiento del desahucio.

Jiménez acudió a mediados de septiembre al consistorio, desesperada por tratar de buscar una solución a su situación. “La funcionaria de los servicios sociales me dijo que hasta que no recibiera la notificación judicial no podía emitir ningún informe y me habló de la posibilidad de buscar pisos de alquiler, pero es que yo quiero pagar y necesito una vivienda adaptada a mis necesidades respiratorias, no puedo irme a cualquier sitio”, se lamenta la mujer. Su familia tuvo que ampliar un préstamo en su momento para sufragar el acondicionamiento de su casa.

El paradigma del desahucio

La política municipal suele estar muchas veces por encima de las consignas partidistas. El caso de la vecina de Bormujos es un ejemplo. Pero, más allá de la atípica confluencia de intereses entre dos fuerzas políticas refractarias, tanto Jiménez, como las personas que están tratando de buscar una solución a su dramática situación personal, quieren llamar la atención sobre su caso, paradigmático en la resaca de la crisis de los desahucios: el incremento de los lanzamientos por impago del alquiler, cada vez más habituales, que vienen a ocupar el lugar de la falta de abono de las hipotecas.

“Jiménez compró su casa en 1999, y suscribió la hipoteca con la desaparecida Caja del Mediterráneo, que fue absorbida por el Sabadell. Este banco se subrogó como tenedor de esa hipoteca”, explica Fernando Gallego, del Círculo de Vivienda de Podemos en Sevilla. La enfermedad respiratoria de Jiménez fue agravándose y eso, unido a la situación de desempleo de su marido, hizo que tuvieran dificultades para pagar. “En 2007 el banco la denuncia por impago, y aunque en el Registro de la Propiedad hay consignadas hasta 14 causas de oposición al préstamo hipotecario, su abogado no alegó ninguna”, afirma Gallego. Tras el fallo, el banco se quedó con la hipoteca en dación de pago, dando a Jiménez la opción de pagar un alquiler social de 500 euros en los siguientes siete años.

“Yo recibía una pensión de 800 y era incapaz de llegar a final de mes. Tengo declarada la dependencia y es mi marido el que me cuida. Necesito un aparato respiratorio que va enganchado a la luz. Había meses en que, si tenía que pagar la luz, no podía pagar la hipoteca”, asegura Jiménez. Este mes de abril, justo el mismo en que el juez dictaminó su desahucio, le concedieron la pensión por invalidez absoluta, después de dos años de haberla solicitado.

Esta nueva situación es a la que se aferra Jiménez para, si consigue el aplazamiento de la ejecución de la sentencia, poder renegociar las condiciones del alquiler, aunque la deuda con el banco no podría pagarla. El interés que ha suscitado su caso a raíz de la extraña alianza entre Podemos y Vox, se ha extendido al resto del pueblo, que este jueves está convocado frente al Ayuntamiento para apoyar a su vecina.

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