La herencia de Gil aún asfixia a Marbella

“¿Quién es perfecto?”, cuestiona Noelia Durán, gaditana que llegó de vacaciones a Marbella en 1989 y se quedó a vivir. La pregunta sintetiza su opinión sobre Jesús Gil, al que votó para que ejerciera de alcalde entre 1991 y 2002. “Robó, pero hizo mucho por la ciudad”, añade esta trabajadora del chiringuito La Dolce Vita. La frase se repite como un mantra entre buena parte de quienes habitan este rincón de la Costa del Sol. La memoria colectiva local ha preferido quedarse con lo positivo del gilismo, a pesar de que lo negativo aún asfixia a una ciudad con falta de infraestructuras, deudas millonarias y procesos judiciales infinitos. La sombra de Gil sobrevuela en forma de urbanismo que a base de pelotazos ha enturbiado las aguas cristalinas del paraíso marbellí.

La localidad se ha recordado a sí misma gracias a la serie El Pionero, estrenada por la HBO en julio. La cadena empapeló todas las marquesinas de Marbella con el cartel promocional y las avionetas publicitarias sobrevolaron la costa. La ciudad se removió intranquila, reavivada la relación de amor-odio que tiene con el también expresidente del Atlético de Madrid. “Parece que se le quiere blanquear, cuando fue un delincuente”, dice José Luis Rodríguez, alcalde del municipio entre 1983 y 1987, resumiendo el sentir de las voces críticas que creen que el amplio documental no sitúa al protagonista en su sitio real.

Los nombres de Julián Muñoz o Juan Antonio Roca están proscritos; el de Jesús Gil, no. La serie ha devuelto la sensación de que la ley es un estorbo para Marbella. En la calle todos recuerdan el mármol del paseo marítimo, la limpieza, ser el centro de atención. La mayoría olvida el saqueo a las arcas de una ciudad que Gil usó en su beneficio. La prueba la tienen frente a sus ojos en forma de enormes edificios ilegales.

Gil promovió un urbanismo desaforado. En una década se otorgaron de manera irregular un millar de licencias para la construcción de 18.000 viviendas. Trasladadas a un mapa llenan de puntos rojos el término municipal. Componen una ruta de lo que no debió ser con paradas de especial interés. Una de ellas, justo tras el chiringuito donde trabaja Noelia, es el residencial Banana Beach, a un paso del icónico arco de bienvenida a Marbella. Sus 350 pisos en tres bloques se levantaron en suelo público destinado a parques y jardines. Sobre él pesa una sentencia firme de demolición dictada por el Tribunal Supremo en 2007. “Pero aquí sigue, esto no lo va a tirar nadie”, certifica Tatiana Skvortsova, responsable de Finest Homes, inmobiliaria que ocupa uno de los bajos comerciales. Cuenta que este año ha vendido dos áticos de la urbanización a 750.000 euros cada uno y dos pisos que rondan los 400.000 euros. “Los abogados recomiendan no comprar, pero la gente ya no tiene miedo”, subraya Skvortsova.

Nadie cree que alguno de los bloques irregulares sea demolido jamás. “Al principio hubo mucho ruido, pero luego la gente se ha ido olvidando”, dice Marta, madrileña que reside desde hace 20 años en Torre Marina, otro inmueble fuera de la Ley. La licencia permitía la construcción de un bajo con una altura. Hoy tiene 12 plantas. A su sombra quedó una pequeña casa con macetas en la puerta bautizada como María de la O, propiedad de Carmen Crespo, que ha batallado hasta la saciedad. El edificio que le tapó las vistas al mar sigue en pie. También el cercano Parquesol, cuya demolición fue dictada por los tribunales al ser construido en la parcela consignada a una estación de autobuses.

Los desmanes urbanísticos son el epicentro de los problemas de la Marbella actual. El principal, la escasez de infraestructuras para 145.000 residentes. Solo hay tres centros de salud, faltan institutos e instalaciones deportivas, apenas existen zonas verdes, el saneamiento es insuficiente y el tráfico, un caos. “Con Gil unos cuantos ganaron mucho, pero la ciudad se empobreció”, dice Javier de Luis, miembro de Ecologistas en Acción y que se sabe al dedillo la historia judicial de cada vivienda irregular. También Diego Martín Reyes, presidente de la gestora que en 2007 devolvió a la legalidad a un Ayuntamiento “que apenas tenía ya competencias y estaba totalmente desorganizado”. Hoy está dirigido por la popular Ángeles Muñoz. Su reto de regenerar la ciudad se topa con la falta de suelo y deudas millonarias ante la Junta de Andalucía y al Estado, al que deben 200 millones porque Gil nunca pagó la Seguridad Social de la plantilla municipal. Esta pasó de 600 a 4.000 trabajadores en sus mandatos para reforzar su política clientelar. Muchos de ellos siguen en el consistorio, que hoy tiene 3.700 empleados. La débil oposición cree que el clientelismo es otra herencia vigente: la fiscalía pidió en junio investigar supuestas irregularidades en la contratación de personal de limpieza.

Todos en Marbella creen que las administraciones fallaron en sus intentos de aplacar el gilismo. Unos pocos añaden que ahora es tiempo para la autocrítica. “La llave de las arcas de la ciudad fue entregada por un pueblo sin autoestima que aplaudía y otorgaba mayorías absolutas mientras el baúl se vaciaba”, dice Pedro Moreno, que ejercía de secretario municipal en el año 1991. Se opuso a algunas de las primeras medidas de Gil y solo duró una semana en el puesto: le obligaron a tomar vacaciones forzosas. “Hace falta una catarsis colectiva”, insiste Moreno. Quizás esa terapia sea más fácil de ver que una piqueta demoliendo edificios ilegales, homenajes permanentes a la política que marcó Marbella para siempre.