Los letrados judiciales exigen que una autoridad determine qué datos se pueden facilitar de los sumarios

Los letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales) exigen al Gobierno que cree una especie de "autoridad" que determine qué tipo de información se puede, o no, facilitar a terceros sobre los sumarios y diligencias que desarrollan los juzgados. Los letrados señalan que, a raíz de la nueva normativa estatal y europea sobre protección de datos, es necesario unificar criterios."Por ejemplo, si la Agencia Tributaria pide al letrado datos personales contenidos en una resolución, tenemos que saber a qué atenernos y qué datos se pueden o no facilitar para no incurrir en responsabilidad", coincide en señalar miembros del Colegio Nacional de Secretarios, la asociación mayoritaria del gremio que preside Rafael Lara.

"Si la Agencia Tributaria, por ejemplo, pide al letrado una resolución judicial, tenemos que saber a qué atenernos y qué datos se pueden o no facilitar ", señalan los letrados

Esta es una de las conclusiones alcanzadas en el seno de las XXXIII Jornadas de la Fe Pública Judicial que se celebran en Madrid desde el pasado miércoles y que ayer clausuró el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas. 

"Demandamos, la creación dentro de nuestro sistema judicial de una Autoridad de Control independiente (...) con recursos propios, materiales, personales y financieros, para que garantice el cumplimiento del mencionado Reglamento de Protección de Datos", subrayan los letrados. Y añaden: "En la situación actual (...), se nos genera una inseguridad jurídica a la hora de cumplir las obligaciones correspondientes a nuestra función de responsables del tratamiento y de seguridad de los datos de carácter personal de los juzgados y tribunales, lo que perjudica al ciudadano y a los medios de comunicación en su legítimo derecho a la información".

Un juez que empieza a trabajar gana unos 2.400 euros mensuales y un letrado judicial, en torno a 1.600 euros

Otras de las conclusiones de la XXXIII jornadas es la necesidad de que haya más recursos para acabar con la actual "brecha tecnológica", lo que agilizaría la justicia y evitaría demoras a los ciudadanos. "Reiteramos nuestro firme y decidido compromiso con la modernización tecnológica de la Administración de Justicia, para poder avanzar hacia una Justicia más eficiente y de mayor calidad en relación con el servicio prestado a los ciudadanos, superando la brecha tecnológica que aún nos separa. Por ello hacemos un llamamiento a todas las Administraciones implicadas, para que hagan los esfuerzos presupuestarios, técnicos y organizativos que la posibiliten".

Agravios económicos

Los "agravios retributivos" también han estado presentes en las jornadas. Un juez que empieza a trabajar gana unos 2.400 euros mensuales y un letrado, en torno a 1.600 euros. Los letrados exigen que se acorte esa diferencia económica, máxime cuando en los últimos años han asumido como propias numerosas facultades que antes estaban en manos de los jueces.  Los letrados tienen un papel decisivo en los procedimientos monitorios, lo juicios sin abogado, y en la admisión y ejecución de demandas, al margen de la dirección de la oficina judicial. "No descartamos ninguna medida de presión, ninguna, si el Ministerio de Justicia no atiende las reclamaciones que desde hace años pedimos sobre retribuciones", señala el presidente del Colegio Nacional, Rafael Lara.