Primeros conflictos laborales en el PP por la pérdida de subvenciones tras el batacazo electoral

El batacazo electoral del PP el pasado 28 de abril no solo tiene consecuencias políticas, al reducir su presencia en el Congreso a 66 diputados (tenían 137), sino también económicas. Los grupos parlamentarios reciben una subvención fija (29.026 euros al mes) y otra variable, en función del número de escaños (1.670 euros al mes por cada uno) por lo que el partido está obligado a apretarse el cinturón y a prescindir de empleados. Fuentes del PP indican que están haciendo una evaluación económica para determinar cuántos: de secretarias a conductores. Y de momento, varios de ellos anuncian demandas si no se resuelve antes en el acto de conciliación.

Se trata, como adelantó la Cadena SER, de seis trabajadores (dos en el Congreso y cuatro en el Senado), que en algún caso llevaban trabajando para el grupo popular desde 1986. En conversación con EL PAÍS, una de esas empleadas, Remedios Rodríguez, explicaba así lo ocurrido: “Llevo 30 años trabajando para el grupo popular. He sido secretaria de Francisco Álvarez Cascos, de Javier Arenas, de Arturo García Tizón... y de la noche a la mañana no nos dejan ni entrar en el Congreso, como si fuéramos delincuentes”.

Aseguran que nadie del PP les ha comunicado formalmente el despido y el PP niega que sea tal porque estaban en excedencia y los considera eventuales, pero admite que les surgieron dudas sobre la situación laboral de estos trabajadores y que por eso encargó un informe a los servicios jurídicos del grupo. La indemnización sería mucho más alta si se tuviera en cuenta la antigüedad de su relación laboral.

Además de ese informe sobre la situación concreta de estos trabajadores, el grupo popular presentó el pasado 16 de mayo una consulta a la Mesa del Congreso que da cuenta de sus intenciones —deshacerse de buena parte de los empleados que ha tenido en la Cámara—. Solicitaban los populares que les indicaran, entre otras cosas si el grupo parlamentario es un empleador distinto cada legislatura —es decir si la antigüedad de sus empleados puede reducirse a cuatro años—, y que les orientasen sobre la “imposibilidad jurídica, por la propia naturaleza de los grupos parlamentarios, de establecer contrataciones de personal de carácter indefinido”. La respuesta de la Mesa fue que la Cámara es “ajena a las relaciones entre los grupos y el personal contratado por los mismos”.

Desde el 28 de abril se ha extendido entre los trabajadores del PP la preocupación por sus puestos de trabajo, ya que al recibir menos subvenciones y tener menos escaños el partido no precisa ni puede pagar la misma infraestructura. Llegó a hablarse incluso de la posible venta de la sede de la calle Génova, pero el partido de momento lo descarta.