El presidente canario se aferra al aforamiento perdido

En un juzgado de instrucción de La Laguna, como un ciudadano más, a dos meses de las elecciones. Así se suponía que iba a declarar como investigado hace unos días el presidente canario Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, tras la reciente aprobación del nuevo estatuto de autonomía, que elimina los aforamientos. “Por fin podré explicar el asunto a su señoría”, afirmaba. Pero la jueza suspendió la declaración después de que la defensa de Clavijo anunciara un recurso al Supremo para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Canarias quien lo investigue.

A pesar de que el tribunal ya dijo en noviembre de 2018 que no era competente, sus abogados defienden que el presidente conserva el aforamiento por haberlo tenido en el momento de iniciarse las diligencias del caso Grúas, que investiga presuntas irregularidades en torno a la empresa que presta el servicio de grúas municipales de La Laguna en Tenerife.

En abril de 2017, concejales de X Tenerife-Nueva Canarias y Unid@s Se Puede presentaron una denuncia que cuestionaba la legalidad del préstamo de 120.000 euros que el Ayuntamiento había concedido a la empresa de grúas después de tenerla que intervenir en 2014. Tras encargar un informe externo a dos catedráticos universitarios, Clavijo tomó la decisión de autorizar el préstamo a pesar de la oposición del interventor general del Ayuntamiento.

La denuncia también relataba la supuesta amistad de Clavijo con algunos de los dueños de la empresa, antiguos trabajadores que la habían adquirido en 2011 al primer concesionario del servicio, Francisco Padilla. En una comisión de investigación, Padilla aseguró que el Ayuntamiento lo había ahogado con impagos para forzarle a vender la empresa a estos trabajadores, a los que había contratado presionado por Clavijo.

Tras el rescate de 2014, el entonces alcalde autorizó prorrogar el servicio a la empresa intervenida durante cinco años por un máximo de 650.000 euros al año, con la oposición también del interventor general. Además de las deudas, trabajadores de la compañía le habían comunicado por escrito a Clavijo en 2013 que algunas grúas estaban en un estado “deplorable” y circulaban sin la ITV en regla. También se investigaba a los propietarios de la empresa por vender repuestos de los coches retirados. En 2015, el actual dueño compró la empresa por un euro y asumió una deuda de 715.000 euros.

Tráfico de influencias

La jueza Celia Blanco archivó la denuncia en junio de 2017, pero la Audiencia Provincial le ordenó en octubre de ese año que reabriera el caso, apuntando indicios de prevaricación, malversación y tráfico de influencias en la actuación de Clavijo. Si el presidente canario fuera investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se zafaría del control de esa misma Audiencia Provincial. “Este no es un caso que se base en declaraciones testificales, sino que todo está documentado”, afirma Santiago Pérez, concejal de X Tenerife-Nueva Canarias. “Es una radiografía del modus operandi de Coalición Canaria”.

Clavijo, que no ha querido responder a EL PAÍS, afirmó hace unos días ante el Parlamento que el caso se trata de una “fábula” de los denunciantes, a los que recordó que no habían rechazado el rescate cuando se votó en el pleno municipal. Y defendió que este había servido para garantizar la continuidad del servicio sin costar “un solo euro a los ciudadanos”, al haberse devuelto el préstamo a los pocos meses. “Un alcalde, cuando llegan informes contradictorios de dos órganos, tiene que resolver”, afirmó.