El fiscal de Canarias ignora un informe que archiva un caso que implica al presidente del Gobierno canario

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se encuentra inmerso en una maraña judicial de difícil salida. El caso en el que está implicado por presunta prevaricación ha sido archivado dos veces y continúa vivo a la espera de un dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La última de las entregas de este culebrón judicial la ha desvelado el rotativo regional La Provincia, que revela que el fiscal del TSJC, Vicente Garrido, conocía desde el pasado mes de septiembre un informe de su teniente fiscal sobre la gestión de Clavijo en el denominado caso Grúas.

El informe concluye que "no existe responsabilidad penal y no hay un presunto indicio de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos en la actuación de Clavijo cuando ocupaba la Alcaldía de La Laguna durante la concesión a una empresa privada del servicio de retirada de vehículo". Del mismo modo, el periódico apunta que el informe de Demetrio Pintado, cuyo contenido es reservado, está registrado en Atlante, el sistema informático con el que opera la Administración de Justicia de Canarias.

Además, según publica La Provincia, las conclusiones de la investigación de Pintado se trasladaron en octubre a la Fiscalía General del Estado dentro de un procedimiento ordinario para mantener la unidad de actuación del ministerio público en los procesos judiciales. El nuevo jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Fernando Rodríguez Rey, analizó el trabajo de Pintado, y salvo algunas cuestiones sobre precisiones técnico-jurídicas, validó el estudio sobre la actuación de Clavijo en el caso Grúas.

El conocimiento público del informe de Demetrio Pintado, como recoge el rotativo regional, es relevante no solo porque de una manera inminente se espera una resolución de la sala de lo Penal del TSJC sobre si se mantiene bajo su jurisdicción el caso Grúas —una vez aprobado el Estatuto de Autonomía de Canarias y la pérdida de la condición de aforado del presidente del Gobierno—, sino porque el texto del teniente fiscal ha sido ignorado por el fiscal jefe en sus comunicaciones oficiales públicas sobre la causa. Tras conocer la noticia, el jefe del Ejecutivo regional, en declaraciones a EL PAÍS, se ha mostrado "profundamente impactado y triste", además de pedir 24 horas para "digerir esta situación y analizar qué paso tomar".

El caso Grúas nace con la denuncia de los partidos de la oposición, Unidos se Puede y Nueva Canarias, ante las presuntas irregularidades cometidas por Fernando Clavijo cuando era alcalde del municipio de La Laguna (Tenerife) y procedió el rescate del servicio de grúas municipales a través de un préstamo de 120.000 euros a la empresa concesionaria, para lo que se tuvo que levantar de forma parcial un reparo de la intervención municipal.

El préstamo fue devuelto por la empresa con intereses antes del plazo fijado para ello. El juzgado de instrucción número 2 de La Laguna asumió el caso y tanto la juez como el fiscal lo archivaron. Sin embargo, la Audiencia Provincial reordenó abrir el caso e instó a la juez a que lo instruya con mayor profundidad, tras el recurso presentado por parte de los partidos denunciantes.