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El ex ‘número dos’ de Cospedal ficha por una empresa a la que favoreció Defensa

El Gobierno reformó el contrato del nuevo blindado para incluir a la compañía que ha contratado a Conde

La entonces ministra de Defensa María Dolores de Cospedal y su secretario de Estado Agustín Conde, en febrero de 2018.
La entonces ministra de Defensa María Dolores de Cospedal y su secretario de Estado Agustín Conde, en febrero de 2018. EFE

Agustín Conde, secretario de Estado de Defensa hasta hace nueve meses, es el nuevo director general de la compañía de armamento Escribano Mechanical & Engineering. En noviembre de 2017, cuando Conde era número dos de la ministra María Dolores de Cospedal, el Consejo de Ministros aprobó una modificación del programa del nuevo blindado 8x8 del Ejército para que se probara la estación de armas de Escribano. Ese cambio elevó el presupuesto en 2,6 millones.

Escribano, una de las firmas de más rápido crecimiento del sector de la defensa en España, anunció el martes el fichaje de Conde. Aunque no reveló cuál sería su puesto, el propio interesado ha reconocido que será director general y fuentes de la empresa lo han señalado como mano derecha del presidente, Ángel Escribano.

La ley fija un periodo de incompatibilidad de dos años después del cese, durante el cual los altos cargos “no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”. Al no haber cumplido aún este periodo, Conde ha tenido que pedir permiso a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que ha considerado que su caso no vulnera el régimen de incompatibilidades.

Un ministerio con muchas puertas giratorias

M.G.

El pase de altos cargos del Ministerio de Defensa a la industria de armamento no es novedad, aunque hasta ahora nunca se había producido con la velocidad con que se ha aplicado Conde.

El caso más famoso es el del exministro Pedro Morenés que, tras ser secretario de Estado de Defensa, fue directivo de la empresa de misiles MDBA y del fabricante de munición Instalaza. El también exministro Julián García Vargas, presidió la patronal española de la industria aeronaútica y de Defensa, TEDAE.

Carlos Villar, jefe del Ejército de Tierra con el ministro José Antonio Alonso, fue luego consejero delegado de Santa Barbara Sistemas; y un histórico del Ministerio de Defensa, el almirante Francisco Torrente, preside aún la compañía de proyectiles Expal.

Más recientemente, el general Francisco Javier García Arnáiz, jefe del Ejército del Aire hasta 2017, fue fichado por Global Training Aviation; y su ex número dos, el general Eduardo Gil, por Oesia Network.

En noviembre de 2017, cuando ya llevaba un año como secretario de Estado de Defensa, el Consejo de Ministros aprobó una adenda al convenio con la unión temporal de empresas (UTE) formada por Santa Bárbara, Indra y Sapa para el desarrollo de los programas tecnológicos del futuro blindado 8x8 del Ejército de Tierra. Se trataba de que, además de probar las torres de dos compañías israelíes (Elbit y Rafael) y una italiana (Oto Melara), se validase también la estación de armas remota de Escribano.

Esta exigencia, junto con otras mejoras técnicas, obligó a aumentar el coste en 2,6 millones de euros, hasta 91,9 millones, y a ampliar el plazo de ejecución desde diciembre de 2017 a noviembre de 2018.

La decisión supuso un formidable espaldarazo para la compañía española: si no se validaba su estación de armas, no podría ser adjudicataria en los futuros contratos del programa 8x8, que prevén la adquisición de hasta 998 blindados por un total de 3.836 millones. Entre el 10% y el 30% de este importe, en función de los equipos electrónicos que incorpore, corresponde a la torre.

Como secretario de Estado de Defensa, Conde era legalmente el responsable de la “dirección, impulso y gestión de las políticas de armamento y material, investigación, desarrollo e innovación” del ministerio.

¿Cómo es posible entonces que, según el dictamen de la Oficina de Conflictos de Intereses, no participase en una decisión de tanta trascendencia para la política de armamento y que afecta directamente a la empresa que le ha contratado?

Las fuentes consultadas explican que la oficina se limita a aplicar, textualmente, lo previsto en la ley de 2015, que solo ve conflicto de intereses si el alto cargo ha intervenido en la firma de informes preceptivos, resoluciones administrativas o actos equivalentes; o en órganos colegiados en los que se hubiera adoptado una decisión que afecte a la empresa que le contrate.

La modificación del convenio sobre los programas tecnológicos del 8x8 obligó a firmar un nuevo contrato, pero este no se suscribió con Escribano sino con la UTE que debía probar su estación de armas.

Además, la modificación del contrato correspondió al subdirector general de adquisiciones de la Dirección de Armamento y Material, que es el órgano de contratación de la Secretaría de Estado que dirigía Agustín Conde. El convenio, finalmente, no se hacía con el Ministerio de Defensa sino con el departamento de Industria, que financiaba los programas tecnológicos, aunque siguiendo siempre las indicaciones de Defensa.

El programa del 8x8 no solo es importante para Escribano por la posibilidad de vender su estación de armas Guardian sino también porque, en asociación con Indra y Leonardo (Oto Melara), ha desarrollado una nueva torre de control remoto de 30 milímetros bautizada como Cerberus. Esta torre está actualmente fuera del programa y sus impulsores necesitarán un fuerte respaldo para incluirla, pues el Ejército de Tierra se opone por temor a que provoque más retrasos en la fabricación de los blindados.

Conde ha asegurado a EL PAIS que la modificación del contrato del 8x8 “ha sido considerada en el expediente” de la oficina de conflicto de intereses y que esta no ha apreciado incompatibilidad alguna. “Lo que no puede hacer y lo que sí un ex alto cargo lo marca la ley y su interpretación no le corresponde a la prensa sino a un organismo que depende de un Gobierno que además no es el mío y ya se ha pronunciado”, sentencia.

Preguntado acerca de por qué no ha esperado dos años para fichar por la empresa, responde: “¿Y por qué habría de esperar? Soy un ciudadano privado, tengo derecho al trabajo y respeto los límites que me marca la ley”. Antes que secretario de Estado de Defensa, Conde fue alcalde de Toledo, presidente del PP castellano-manchego, senador, diputado y consejero de Red Eléctrica.

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