La polémica nueva comisión de servicios de la juez Armas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) solicitó el pasado 5 de febrero a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la renovación de la comisión de servicios próxima a vencer de la juez Mercedes Armas (Barcelona, 1964), quien instruyó en septiembre de 2017 la querella por desobediencia, prevaricación y malversación contra los miembros del Govern de la Generalitat y dictó resoluciones para impedir la votación en el referéndum del 1 de octubre. Dos días más tarde, el 7 de febrero, la citada sala nombró al tribunal que enjuiciará el delito de desobediencia de cinco miembros de la Mesa del Parlament y una diputada que el Tribunal Supremo desgajó de la causa de rebelión: Jesús Barrientos (presidente), Mercedes Armas y Carlos Ramos. Según el letrado de la Administración de Justicia, Joaquín Martínez, la ponencia ha correspondido por turno a la juez Armas.

La juez Armas llegó al TSJC en comisión de servicios tras ganar el concurso en febrero de 2017, procedente de la sección octava de la Audiencia Provincial de Barcelona. Desde entonces, la Sala de Gobierno ha propuesto su renovación sucesiva varias veces, sin convocar concurso. La Ley Orgánica del Poder Judicial estipula (artículo 216 bis 3) que las salas de gobierno que promuevan estas comisiones "habrán de dar adecuada publicidad para que los jueces y magistrados que pudieran estar interesados en el nombramiento tengan oportunidad de deducir la correspondiente petición". Y el artículo 350 establece que la designación por comisión de servicios "no podrá exceder de un año prorrogable por otro" (artículo 350). La juez Armas cumple el mes de marzo los dos años. Por tanto, cuando la sala de gobierno del TSJC ha solicitado a la Comisión Permanente del CGPJ la renovación, el pasado 5 de febrero, era consciente de que su comisión de servicios, de concederse, superará los dos años que limita la ley.

La asociación de juezas y jueces de Cataluña Ágora Judicial, según ha confirmado este periódico, elevó el pasado lunes escrito al CGPJ exigiendo la convocatoria de un concurso por parte de la Sala de Gobierno del TSJC. Otras fuentes judiciales consultadas en Madrid han expresado su sorpresa por el hecho de que, además, la sala haya nombrado miembro del tribunal y ponente a una magistrada que ya ha intervenido en calidad de instructora en la querella presentada por el fiscal jefe del TSJC, José María Romero de Tejada, contra Carles Puigdemont y los consejeros del Govern. La querella por delitos de prevaricación, desobediencia y malversación en relación con el referéndum del 1-O fue admitida a trámite el 8 de septiembre de 2017, y se unió a la que ya instruía contra la consejera Meritxell Borràs por la compra fallida de urnas para usar en el referéndum del 1-O. Borràs es uno de los doce acusados que se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo por los delitos de desobediencia y malversación.

La causa que empezó a instruir la juez Armas en septiembre de 2017 también incluía el delito de desobediencia en relación al referéndum del 1-O, el mismo por el que serán enjuiciados próximamente en el TSJC los exmiembros del Parlament Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, y la entonces diputada Mireia Boya. Será la Comisión Permanente del CGPJ la que tendrá que resolver sobre la comisión de servicios de la juez Armas. Fuentes de las defensas de los seis acusados por el delito de desobediencia que el Supremo remitió al TSJC señalaron que estudian recusar a la magistrada Armas caso de que permanezca en el tribunal de enjuiciamiento. La magistrada tenia 10 días desde el 7 de febrero pasado para abstenerse, hecho que no se ha producido.