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Ciudadanos duda si entrar en el Gobierno de Andalucía por la dependencia de Vox

El PSOE ya ha advertido de que no se abstendrá para evitarle al partido de Rivera tener que detentar un cargo institucional gracias a la extrema derecha

Sevilla / Madrid

El mínimo acuerdo con Vox, si es imprescindible, y lo más tarde posible. Ciudadanos aguanta las presiones que le llegan por parte del PP para que abrace el pacto total con Vox en Andalucía, al tiempo que le acusa de entregarse al PSOE. La decisión es resistir y apurar los plazos al máximo. En la negociación de la Mesa del Parlamento, que se acercará al 27 de diciembre, cuando se constituye la Cámara. Y en el Gobierno de la Junta, que se demorará mientras el partido duda sobre si entrar o no en la coalición si Vox puede determinarla.

Susana Díaz, en el acto de entrega de los XXXIII Premios Andalucía de Periodismo. En vídeo, la entrevista de EL PAÍS con el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, del lunes 17 de diciembre. EFE

En la dirección de Ciudadanos hay ahora mismo un debate abierto sobre si interesa o no entrar en el Gobierno con los populares. Primero, por el encaje de Vox, por si esta formación exige condiciones inasumibles a cambio de facilitar el Gobierno. Pero también por la complejidad de una operación de esas características, por el riesgo que conlleva un entendimiento tan profundo con los populares y la necesidad de cuadros formados para ocupar las carteras del Gobierno.

La decisión no está tomada mientras se sigue avanzando en el acuerdo programático, y se intenta alcanzar un pacto para la Mesa. Albert Rivera nunca dio por cerrado que el Gobierno andaluz fuera a ser una coalición, pero sí que tendría 47 escaños, los que suman el PP y Ciudadanos juntos. La dirección aguarda al desarrollo de los acontecimientos para apostar por compartir Gobierno con el PP o bien apoyarlo desde fuera.

El partido ya forzó a principios de esta semana una demora en las negociaciones con el PP para evitar tener que depender abiertamente de Vox en la votación para presidir la Cámara andaluza. Su líder regional, Juan Marín, busca la abstención del PSOE a cambio de que mantengan la mayoría en la Mesa. En su propuesta, tanto Vox como Adelante Andalucía tendrían una vocalía simbólica, con voz, pero sin voto. Los populares recelan de la oferta de Ciudadanos porque implica una presencia activa del PSOE en este organismo, clave en el desarrollo de la legislatura, y, eventualmente, otorga a los socialistas la facultad de controlar la Mesa con Ciudadanos.

El PSOE ya ha advertido de que no se abstendrá en ningún caso para evitarle al partido de Rivera el trance de tener que detentar un cargo institucional gracias a la extrema derecha. El malestar de Ciudadanos por el coste político de tener que depender del apoyo de Vox no le escapa los socialistas que siguen firmes en sus expectativas de poder hacerse con la presidencia de la Cámara andaluza y con la de la Junta. “La euforia siempre da paso luego a la realidad”, señalan desde el partido.

Vox ha reclamado tener una presencia activa en la Mesa del Parlamento como contrapartida a su apoyo para el Gobierno de PP y Ciudadanos, en el caso de que se cierre ese acuerdo. Una opción que PSOE y Adelante Andalucía quieren impedir a toda costa y para la que ya han sondeado a Ciudadanos. Ambas fuerzas proponen repartirse los sillones de la Mesa entre socialistas, populares y Ciudadanos, con dos representantes, y uno a la coalición de izquierdas, cedido por el PSOE.

PP y Ciudadanos, oficialmente, aún no han abordado el reparto de la Mesa y las opciones de que para el 27 de diciembre, día en el que se constituye el Parlamento, no se haya forjado ningún pacto y se llegue a la votación sin una premisa clara cobran más verosimilitud entre las fuentes consultadas. El acuerdo sobre ese organismo es determinante para avanzar en la formación de Gobierno y los populares entienden que ambos deberían estar cerrados antes del 27 de diciembre.

Lo que sí progresa es el acuerdo programático. Los equipos de PP y Ciudadanos han avanzado en las medidas que se adoptarán en los 100 primeros días de Gobierno y hay consenso en varios ámbitos como la realización de una auditoría interna en la Junta de Andalucía y en una ley de evaluación de políticas públicas.

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