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La fiscalía pide imputar a Francisco Camps en una pieza del ‘caso Gürtel’

Anticorrupción aprecia prevaricación y fraude del expresidente valenciano en los contratos de la Generalitat con las empresas de Correa

Francisco Camps realiza declaraciones a la prensa, hoy.
Francisco Camps realiza declaraciones a la prensa, hoy.EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor del caso Gürtel, José de la Mata, que impute por prevaricación y fraude al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en una de las piezas separadas del macrosumario, la relativa a los contratos de la administración autonómica con la mercantil Orange Market, propiedad del cerebro de la trama, Francisco Correa.

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El ministerio público ha solicitado que se investigue, además, a otras personas supuestamente responsables de aquellos contratos fraudulentos, como el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa o la ex directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars.

La pieza por la que la fiscalía quiere ahora investigar a Camps tiene que ver con supuestas irregularidades en la contratación del montaje del expositor de la Generalitat en la feria de turismo Fitur de 2009 y la elaboración de la Guía de la Comunicación del Gobierno autonómico del año 2004, que fueron adjudicadas a Orange Market, la filial valenciana de las empresas de Francisco Correa. La investigación fue reabierta el pasado septiembre por el juez De la Mata, por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, después de que el pasado enero, en el juicio sobre la caja b del PP valenciano, varios de los acusados, con el ex secretario general del partido Ricardo Costa a la cabeza, apuntaran a Camps como máximo responsable de las decisiones de contratación en la Generalitat. En aquel juicio, Correa reconoció que Orange Market, sociedad dedicada a la organización de eventos, cobró 3,4 millones de euros en negro del PP valenciano.

Para el tribunal que ordenó la reapertura de las investigaciones, de la confesión de Costa "se podría desprender que la contratación directa de Orange Market por la Administración valenciana era por decisión de las primeras autoridades" de la Generalitat. Además, los magistrados consideraron que "la realización y montaje del stand de grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 podría ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el PP en la Comunidad Valenciana".

Los hechos por los que se preguntará a Camps si finalmente resulta imputado se refieren, en primer lugar, a la contratación directa de Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y un pen drive que se iba a utilizar como regalo institucional, un procedimiento en el que para sustraerse del control administrativo las partes acordaron la emisión de varias facturas hasta alcanzar el valor del precio cobrado por Orange Market, de 88.975,59 euros, de los que se llegaron a pagar 58.580,96 euros.

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En segundo lugar, la fiscalía investiga los hechos relativos a la participación de Orange Market como adjudicataria, de forma directa, del montaje del estand para grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur de 2009, con participación de varias instituciones y organismos oficiales a los que se obligaba a contratar con Orange Market, utilizando el mismo sistema del fraccionamiento del precio en varias facturas.

La posible imputación de Camps en esta pieza —la quinta de las ocho en que ha sido dividido el caso Gürtel, que empezó a investigarse hace una década en la Audiencia Nacional— se suma a las investigaciones que ya pesan sobre el expresidente valenciano. Camps está imputado por la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 y en otras dos investigaciones sobre los contratos y la construcción del circuito del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 que se organizó en la capital valenciana entre 2008 y 2012.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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