El Congreso cita a Cosidó y al chófer de Bárcenas por los papeles robados al extesorero

La comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación ilegal del PP ha acordado este jueves citar al portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, y al exministro Jorge Fernández Díaz por el operativo policial llevado a cabo cuando estaban al frente de Interior para, supuestamente, recuperar documentos del extesorero del PP Luis Bárcenas mediante pagos a su chófer, Sergio Ríos. El conductor también va a ser convocado en la Cámara Baja.

Cosidó ha negado tener conocimiento de la denominada operación Kitchen para presuntamente espiar a Bárcenas y su entorno con el fin de recuperar documentos comprometedores para dirigentes del PP como Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal o el propio Mariano Rajoy. Aun así, la Mesa y los portavoces de la comisión de investigación han acordado citar a Fernández Díaz y Cosidó el próximo 11 de diciembre, mientras el día 18 se convocará al chófer al que la Policía hizo su confidente y que habría facilitado el robo de la documentación que comprometía a los dirigentes populares.

También para el día 18 se ha acordado llamar al empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Unidos Podemos ya promovió su citación el pasado mes de febrero alegando su aparición como donante del PP en los papeles de Bárcenas, pero no se llegó a poner fecha para convocarle. Sin embargo, una vez se ha conocido que él propició la reunión que Cospedal tuvo en su despacho de Génova con el ahora retirado comisario de Policía José Manuel Villarejo, al que encargó trabajos sobre compañeros de partido como Javier Arenas, los grupos consideran pertinente que acuda a la comisión.

Quedarán solo dos sesiones 

Estas nuevas citaciones han trastocado los planes que habían diseñado PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos para las dos sesiones que la comisión celebrará en diciembre, para las que inicialmente habían programado otras comparecencias que, de momento, quedan en el aire, pero que algunos ya dan definitivamente por perdidas.

Así, ha quedado en suspenso la idea inicial de citar el 12 de diciembre al presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, cuya empresa aparece como una de las donantes del partido en la documentación entregada a la Justicia por Bárcenas.

Para el mismo día se planeaba llamar también a otro donante, el consejero delegado del Grupo Azvi, Manuel Contreras Caro, quien inicialmente había sido citado para 13 de noviembre, pero excusó su presencia porque tenía un viaje al extranjero.

Las personas a las que se pensaba citar el 18 de diciembre eran el empresario Rafael Palencia, quien reconoció haber pagado a Génova comisiones a cambio de adjudicaciones, en una conversación con el que fuera responsable del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, a quien también se preveía interrogar en el Congreso.También se preveía entrevistar al presidente del Grupo Intereconomía Julio Ariza, quien, según narra en otra grabación el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, utilizó la cinta de la charla entre Palencia y De Miguel, que se investiga en el caso Lezo, para intentar chantajear a Rajoy.

Conclusiones antes del 11 de marzo

Ahora está por ver si alguna de estas comparecencias que no se han llegado a concretar se rescatan el año que viene. Enero es inhábil en el Congreso y en principio la comisión no prevé pedir autorización para reunirse ese mes.

De mantenerse los planes de no reunirse en enero, sólo quedarían dos sesiones más de comparecencias, una el 5 de febrero y otra el 12 de ese mes, una fecha que, en principio se reserva para Rajoy, en virtud del acuerdo alcanzado por todos los grupos, salvo el PP, para que fuera el expresidente del Gobierno el último en acudir a la comisión.

Una vez finalicen las comparecencias, los grupos parlamentarios tendrán que aprobar las conclusiones de su investigación y deberán hacerlo antes del 11 de marzo, cuando concluye el plazo para que finalicen sus trabajos. Después, las conclusiones se elevarán al Pleno del Congreso.