Los jueces rechazan una trama criminal en la oleada de incendios de Galicia

Jueces, fiscales y policía judicial han intentado dar respuesta a la alarma social desatada por la virulencia de los incendios y la desolación de centenares de afectados que perdieron sus propiedades y medio de vida. Sin embargo, ha quedado completamente descartada la tesis de una trama organizada de incendiarios, la que había defendido insistentemente el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y que centró las pesquisas de la Fiscalía Superior de Galicia que también fueron archivadas.

Pese a que la Fiscalía destacó en su informe que el índice de intencionalidad en Galicia es del 61%, el cúmulo de factores fue decisivo (como las elevadas temperaturas, el viento y la sequía) para que las llamas se cebasen sobre todo con el litoral Atlántico y la provincia de Ourense y se declarasen 300 focos simultáneos de fuegos en solo un fin de semana. En el sur de Pontevedra, donde se sospechaba que el fuego principal con un frente de más de cuatro kilómetros había sido provocado desde varios flancos que derivaron en una cadena de incendios, tres investigaciones judiciales también se acaban de archivar por falta de pruebas, una de ellas con dos víctimas mortales. Los instructores llevan meses recabando información y solicitando pruebas periciales pero ninguna diligencia ha sido concluyente.

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El incendio que había cercado la parroquia de Chandebrito, en el municipio de Nigrán, en el que murieron dos mujeres atrapadas en una furgoneta cuando intentaban huir del fuego, el instructor decidido archivar el procedimiento al no hallar pruebas de posibles culpables. Si unas pruebas periciales que se están practicando ahora arrojan algún resultado, se podría reabrir el caso. Maximina Iglesias y Angelina Otero, de 86 y 78 años se salieron de la caravana de evacuación de vehículos por falta de visibilidad y se encontraron en una zona en llamas sin escapatoria posible.

En la segunda causa que se ha archivado se investigaba el incendio que se desató en los montes que rodean Baiona y que acabó alcanzando el casco urbano. Todos los indicios de la Policía Judicial también apuntaban a que había sido intencionado. Simultáneamente, varios fuegos cercaron el municipio vecino de Gondomar y la investigación del Seprona permitió imputar a dos hermanos, propietarios de una granja agrícola. Sin embargo, el juez tampoco ha podido probar la autoría de ambos investigados y ha decidido cerrar la causa.

“Hemos podido contrastar que no hay un fenómeno de trama organizada sino actuaciones individuales concretas como ha habido siempre, por eso no es bueno especular cuando no hay datos”, valora el fiscal delegado de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz. El fiscal ha insistido en el fracaso de la investigación policial y judicial por la enorme dificultad que plantea la persecución de estos delitos, algo que viene ocurriendo desde la primera gran oleada de incendios de 2006.

Las investigaciones policiales confirman acciones aisladas de incendiarios y con el mismo perfil de siempre: varones, de edad media o avanzada, con escaso nivel cultural, vecinos de las zonas afectadas y que actúan aisladamente por motivos relacionados con actividades agrícolas o ganaderas a los que se suma algún pirómano. En la vorágine de los incendios de octubre de 2017, el caso más paradigmático fue la de un ecologista de Vigo que estuvo un mes en prisión por haber provocado un incendio menor en Ourense cuando asaba unos chorizos en su huerta. Quedó en libertad bajo fianza de 2.500 euros.