La mayor investigación contra el blanqueo de la mafia rusa naufraga en los tribunales

La Operación Troika, la mayor investigación contra el blanqueo de fondos de la mafia rusa, naufraga en los tribunales una década después de estallar en Baleares y la Costa del Sol. La Audiencia Nacional ha absuelto a los 17 acusados por esta trama al considerar que en el juicio no ha quedado acreditado que prestaran su ayuda o asistencia profesional a las actividades de las organizaciones criminales rusas Tambovskaya y Malishevkaya.

La Fiscalía Anticorrupción solicitaba para ellos penas de hasta cinco años de prisión por delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales en la vista oral, que se celebró entre los pasados 19 de febrero y 10 de abril. En el juicio no estuvieron presentes los principales responsables de la trama, Gennadios Petrov, Viktor Gabrilenkoz y Serguei Kouzmine, huidos de la justicia tras el auto de procesamiento.

En la sentencia, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia, reconoce que las operaciones mercantiles y societarias en las que invirtieron los acusados eran “muy raras, antieconómicas o poco convencionales”, uno de los principales indicios de blanqueo, y que parte de los fondos que emplearon procedía de paraísos fiscales. Sin embargo, estas circunstancias “son insuficientes para determinar el origen ilícito del dinero”, condición necesaria para que se pueda aplicar el delito. “Si no se prueba la procedencia de una actividad delictiva de los bienes adquiridos, convertidos, transmitidos, ocultados o encubiertos, no hay delito de blanqueo de capitales”, explica la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Ana María Rubio.

En el fallo, de 143 páginas, los magistrados consideran que no ha quedado acreditado que entre 1996 y 2008, los acusados, de nacionalidades rusa y española, “prestaran su cooperación o asistencia profesional” para recibir en España o gestionar desde este país capitales ajenos supuestamente procedentes de cuentas bancarias en el extranjero y fruto de actividades delictivas de las organizaciones criminales Tombovskaya y Malishevskaya, que operaban en la extinta Unión Soviética y la Federación Rusa.

Los hechos probados relatan que en el año 1996 Gennadios Petrov, junto con Viktor Gabrilenkoz y Serguei Kouzmine, quienes se encuentran en rebeldía, se trasladaron a España. Los tres supuestos líderes de la mafia se establecieron en Marbella y ocuparon chalets contiguos. En los años 90 se instalaron igualmente en Málaga los también ciudadanos rusos Alexander Malyshev y Olga Solojeva a quienes tampoco se juzgaba en esta causa, mientras que el acusado Juri Salikov se estableció en Palma.

“Todos ellos se conocían y desarrollaron tanto en España como en el extranjero actividades empresariales crearon sociedades mercantiles y recibieron capitales procedentes de cuentas bancarias abiertas en distintos países que invirtieron en España, para lo que en ocasiones contaron con los servicios de asesoría jurídica, contable y fiscal de profesionales y de la asistencia de traductoras del idioma ruso y secretarias”, dice el tribunal.

Sin embargo, según la Audiencia, no ha quedado acreditado que todas estas personas prestaran apoyo en estas áreas en favor de las organizaciones criminales rusas Tambovskaa y Malyshevskaya, así como que hubieran participado en la dirección y control efectivo de una serie de sociedades inmobiliarias y de inversiones.

Los magistrados concluyen que, aunque las organizaciones criminales Tambovskaa y Malyshevskaya existen, “no ha resultado probado” que los encausados que han sido juzgados pertenezcan a ellas, “ni a otra asociación criminal dedicada a blanquear bienes obtenidos por la actividad criminal de aquellas dos”.

“Tampoco ha quedado demostrado”, añade el tribunal, que los enjuiciados “participaran en los negocios y actos jurídicos de los que se les acusa” o que conocieran que estaban “adquiriendo, poseyendo, utilizando o transmitiendo bienes que tenían su origen en un delito o actividad delictiva”. Tampoco ve probado que los acusados estuvieran “ocultando o encubriendo el origen ilícito de bien alguno, o ayudando a la persona que hubiere participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, ni tan siquiera de un modo imprudente colocándose en una situación de ignorancia deliberada” destaca el tribunal.

“En definitiva, que no ha resultado probado que cometieran los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita por los que viene siendo acusados”, concluye la sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.