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Amnistía Internacional ve “injustificable” la prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart

La organización carga contra las últimas decisiones del Supremo y del Constitucional

Amnistia Internacional
Jordi Cuixart (izquierda) y Jordi Sànchez, ante la Audiencia Nacional.

Amnistía Internacional se ha posicionado este lunes de manera tajante a favor de la libertad de los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que fueron los primeros encarcelados por el procés y que este martes cumplen un año en prisión preventiva. La organización considera que no está justificada esta medida y que deben ser retirados los cargos de rebelión que pesan sobre ambos por liderar una concentración en la capital catalana cuando se estaba produciendo un registro judicial.

Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, todavía presidente de Òmnium Cultural, hicieron un llamamiento a la población para concentrarse frente al departamento de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017, cuando la Guardia Civil realizaba un registro judicial en busca de documentación sobre la consulta ilegal del 1 de octubre. Más de 40.000 personas acudieron a las puertas del edificio oficial y permanecieron hasta entrada la madrugada.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordó su prisión preventiva por un delito de sedición —posteriormente, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena les procesó por rebelión junto a buena parte del Govern— a partir del atestado policial en el que se describe la participación activa de los Jordis en aquella concentración frente al Departamento de Economía para impedir el registro policial y en el destrozo de tres vehículos policiales. Sànchez y Cuixart siempre han negado que incitaran a los manifestantes a dificultar la acción de la justicia.

Desde entonces, Amnistía Internacional ha venido reclamando su libertad y este lunes ha vuelto a hacerlo al considerar “injustificable” la prisión preventiva por considerarla “excesiva y desproporcionada” con sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, censura en un comunicado que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional “han agravado esta injusticia”, en lugar de “aprovechar la oportunidad para poner fin” a la situación de prisión provisional. La organización asegura que los cargos que pesan contra Sànchez y Cuixart son “injustificados y deben ser retirados”, aunque precisa que en caso de demostrarse que convocaron a manifestantes con el fin de impedir una operación policial lícita, podrían ser perseguidos, ya que podría tratarse de una alteración de orden público, y ser objeto de sanción penal.

Sin embargo, Amnistía entiende que atribuirles delitos graves como la rebelión o la sedición es “desproporcionado y una restricción excesiva de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, asevera Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional en Cataluña.

Al margen de las decisiones que haya adoptado el Parlament de Cataluña o las actuaciones del Gobierno de la Generalitat que fueron anuladas por los tribunales españoles, la organización defiende que Sànchez y Cuixart tenían derecho a organizar y promover reuniones pacíficas en apoyo a la consulta del 1 de octubre y a la independencia de Cataluña.

El razonamiento de Amnistía Internacional es que “los Estados pueden imponer algunas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión con determinados fines legítimos”, como proteger el orden público o la seguridad nacional, pero que eso requiere que las autoridades “demuestren que esas restricciones son necesarias y proporcionadas” al objetivo que se persigue, “algo que no ha ocurrido en este caso”, añaden.

La agencia ACN ha informado este lunes que, en el transcurso de sendas comparecencias ante el juez Llarena en enero y diciembre pasados, Sànchez y Cuixart rechazaron la vía unilateral para la independencia y un referéndum unilateral. También reafirmaron su apuesta por la vía pacífica y acataron el “ordenamiento jurídico vigente”.

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