La patria de los ‘niños de la calle’

Salah coge una bolsa como un juguete. La lía y la deslía pasándosela entre los dedos. La abre impaciente tras terminar la conversación con un “¿safi?” (“¿ya está?”, en marroquí) y un olor a pegamento se queda flotando en el levante pegajoso de la tarde que amenaza tormenta. El chaval tiene 13 años, una mirada pícara que se le escapa con cada esnifada y nada que hacer un viernes a las 21.30 en el céntrico Parque Hernández de Melilla. “Prefiero estar en la calle, no me gusta el centro”, dice de la Purísima, antigua cárcel militar que funciona ahora como el mayor centro de acogida de menores extranjeros no acompañados (Menas). “Los mayores nos pegan, nos tratan como criados”, lamenta.

Lleva 11 meses en la ciudad, deambulando para buscarse la vida los días cuyas noches pasa en el puerto intentando encaramarse como polizón en uno de los buques que salen diariamente de Melilla hacia la Península. “Siempre me sacan (del barco). Si subo, me quedo en el centro de Barcelona hasta coger los papeles y, de ahí, a Suecia”, afirma.

Más información

Andalucía pretende que otras comunidades acojan cerca de 1.000 menores extranjeros

El Gobierno destina 40 millones para repartir menores inmigrantes entre comunidades

Andalucía pide a Sánchez que negocie con Marruecos para devolver a los menores

Melilla se ha convertido en patria de los niños de la calle, adolescentes marroquíes tutelados por el Gobierno de la ciudad autónoma que han cruzado solos la frontera y eluden la acogida. A los más de 800 menores registrados en tres centros y en el reformatorio (un 1% de sus 80.000 habitantes), se suma más de un centenar fuera del sistema de protección, según cálculos de la consejería de Bienestar Social. Solo entre el 1 y el 11 de septiembre se anotaron 50 nuevas incorporaciones en Purísima, según declaraciones del consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, al diario Melilla Hoy. Allí viven más de 500, el doble de su capacidad.

“Ha habido épocas en que no había niños en la calle", asegura Maite Echarte, cofundadora de Prodein en Melilla junto al activista José Palazón. “Ahora no están dando documentación; si los niños ven que salen del centro sin sus papeles, para qué se van a quedar”, advierte Echarte.

El Defensor del Pueblo lleva desde 2016 denunciando las trabas burocráticas que impiden que los menores tengan en regla la tarjeta de residencia que les permite viajar por el territorio nacional cuando cumplen la mayoría de edad. En ese limbo legal se encuentra Karim (nombre ficticio), que ya ha cumplido los 19 y ni se plantea volver con su familia a Nador. En primer lugar, porque aún recuerda cómo su padre le daba a escoger entre romperle el palo de la escoba en la espalda o arrearle 20 latigazos con el cinturón. Y en segundo, por la mili. “Si tienes entre 19 y 25 años te llevan al Ejército obligado. Si salgo (de Melilla a Nador), me van a pillar, me van a mandar a cualquier parte, ¿qué voy a hacer yo en el Ejército de un país en que todo el mundo se muere de hambre mientras el rey vive la mejor vida?”, dice.

Karim tiene su pasaporte en regla, expedido en Nador. Ese documento, que cuesta 50 euros y por el que chavales de otras provincias como Rabat, Casablanca o Fez pagan hasta 350, permite que los jóvenes sin residencia entren y salgan de Melilla libremente y, de ahí, saltar a la Península. Para reunir el dinero, muchos se prostituyen, según Karim, en el mismo Parque Hernández por el que pasean mañana y tarde las familias melillenses. “A mí se me han acercado hombres ofreciendo dinero”, confirma el joven. “Cuando lo han sacado, lo he cogido y he salido corriendo”.

La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, asegura que la situación de los que habían estado tutelados está en la agenda del Ejecutivo, que ha planteado un reparto entre comunidades. La Administración local ha enviado fuera a decenas de menores tutelados a través de convenios con cargo a las arcas municipales. El pasado agosto, 15 niñas viajaron a Valencia, justo después de la devolución, investigada por el Defensor del Pueblo, de otras 13 de entre 13 y 17 años por las que Bienestar Social pagaba 320.000 euros y cuya estancia en Palencia “no era rentable”, según recogió El Faro de Melilla.

“Yo estudiaba allí primero de Cocina”, cuenta Ilham, una de las chicas obligadas a volver. Llegó con 13 años. Va a cumplir 17 y, de momento, se ha quedado sin estudios. “Ahora mismo no tengo nada”, afirma. “Allí éramos como una familia”, recuerda mientras narra el primer incidente con el que se toparon en el centro asistencial Gota de Leche en cuanto volvieron a Melilla. Una de las chicas del centro y sus amigas abrieron sus armarios para robarles ropa. Cuando se quejaron y acudió la policía, Ilham asegura que una de las responsables le gritó: “Idos a vuestro país, que vuestros padres están tocando las narices y nosotras, aquí aguantando”. “Mis padres no querían que viniese, pero qué voy a hacer en Marruecos si no hay trabajo sin dinero ni contactos”, recapitula la pequeña de tres hermanas. “Aquí se creen que hemos venido por papeles, pero nadie que yo conozca en el centro ha venido por gusto”.