El límite inalcanzable de los 90 kilómetros por hora

“Hay miedos”, reconoce el director general de Tráfico, Pere Navarro. Es su manera de explicar la dificultad de poner en marcha una de las medidas que acaba de anunciar, tras presentar el siniestro balance de accidentes de tráfico de este verano. Entre julio y agosto han muerto 259 personas en las carreteras españolas, 34 más (un 15% más) que el año pasado; y la mayor parte de ellas (el 37%) ha fallecido en carreteras secundarias. La tendencia ascendente de la siniestralidad en España continúa por segundo año consecutivo. La ecuación mortal: velocidad y distracciones al volante. La receta: más radares y menos velocidad. El anuncio: “reducir la velocidad en carreteras convencionales”.

No es nada nuevo, sin embargo. Como el propio Navarro se encargó de recordar, se trata de una medida —bajar la velocidad de 100 kilómetros por hora a 90 en las carreteras secundarias— que estaba en los planes de sus dos predecesores en el cargo: María Seguí y Gregorio Serrano. “No lo lograron”, reconocía con cierta resignación, mientras mostraba los efectivos resultados que ha dado en Francia, donde se ha reducido la velocidad a 80 kilómetros por hora en esas vías y ha bajado en tres meses —desde mayo— un 8% la siniestralidad.

¿Entonces? ¿Miedo a qué? Navarro, que se declaraba ayer incapaz de dar una fecha y concretar cuándo podría ponerse ese límite de 90 kilómetros hora, tampoco daba una respuesta clara a las resistencias existentes: “Las medidas represivas siempre son impopulares, como lo de quitar más puntos del carné por usar el teléfono móvil mientras se conduce”, señalaba, y aludía al carácter sociológico de la cuestión.

A nadie se le escapa que se avecinan elecciones municipales en mayo. Tampoco a su predecesora en el cargo, la doctora María Seguí, especializada en salud pública y seguridad vial, a quien le costó el puesto hace dos años su férrea voluntad de sacar adelante esta medida. “Supone salvar 350 vidas al año y reducir en casi un 20% los 10.000 millones de euros que cuestan al erario público los fallecidos y heridos en accidentes de tráfico, un 0,5 del PIB”. Entonces gobernaba el Partido Popular de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. Ella y su equipo llegaron a elaborar estudios políticos que demostraban que ningún partido había perdido las elecciones por bajar los límites de velocidad, aunque uno de esos análisis estadísticos reflejaba que siempre que gobierna el PP la siniestralidad o se estancaba o subía. También elaboraron estudios económicos para demostrar que no existía impacto económico de ningún tipo. Diseñaron un mapa europeo de velocidades, en el que España aparecía entre los pocos países donde los límites eran más altos. “Reducir la velocidad en las carreteras convencionales nos convertía en el primer país del mundo en seguridad vial, y estábamos en el quinto puesto”, recuerda Seguí.

Nada de eso ocurrió. Tampoco con Gregorio Serrano. Esos estudios y el correspondiente reglamento de circulación siguen en los cajones de la DGT.