La Justicia da carpetazo a 20 años de lucha del ‘Padre coraje’ sin hallar culpables

El hijo de Francisco Holgado, un joven de 26 años llamado Juan, fue asesinado a cuchilladas en una gasolinera de Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1995. Los culpables no han sido condenados. Y, por ahora, tampoco se va a seguir investigando quién le asesinó durante un atraco aquella madrugada del 22 noviembre. La Audiencia Provincial de Cádiz ha ordenado el archivo de la causa. Holgado, de 74 años, anuncia que irá al Constitucional y que reclamará al Estado su responsabilidad patrimonial. “La justicia no ha funcionado en el caso de mi hijo”, asegura.

El de Juan Holgado sería uno más de los casos de asesinato sin resolver si no fuera por la tenacidad de su padre, que se ganó el apodo de Padre Coraje cuando, desesperado ante la falta de pistas, se infiltró en los bajos fondos de Jerez para intentar descubrir a los asesinos de su hijo. Se hizo amigo de delincuentes habituales y llegó a grabar conversaciones incriminatorias. Su peripecia inspiró una miniserie de televisión y dio enorme visibilidad a su lucha. “Yo de brazos cruzados no me voy a quedar porque eso no lo he hecho nunca”, dice al teléfono tras conocerse el carpetazo de la Audiencia de Cádiz.

Holgado anuncia “movilizaciones” como la que emprendió en 2015 para pedir al entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, que se reabriera la investigación. Caminó 600 kilómetros hasta Madrid y consiguió que el juzgado instructor recabara nuevas pruebas. Una de ellas, que llevaba años exigiendo, resultó ser clave.

En noviembre de 2015, a pocos días de que el delito prescribiera al cumplirse 20 años del asesinato, el esfuerzo de Holgado estuvo a punto de dar frutos. Finalmente se hizo un análisis del ADN encontrado en un tetrabrik de zumo en la gasolinera y se pudo identificar a un sospechoso. El presunto homicida tenía antecedentes por robo y trapicheo de drogas y en 1995 vivía con sus padres cerca de la gasolinera. Su apodo era El Gata. Cuando la policía fue a buscarle, la familia les dio la noticia: llevaba nueve años muerto.

Pero El Gata no actuó solo, recuerda el abogado de Holgado, José Miguel Ayllón. “Todavía quedan numerosas huellas dactilares identificables pero que no se sabe a quién pertenecen. Eso hoy día es una barbaridad porque las huellas de todos nosotros están en bases de datos”, asegura. En el procedimiento también hay una muestra de ADN, de sangre que quedó en un cristal durante la huida, sin identificar. “Mis defendidos tienen derecho a una investigación diligente del asesinato de su hijo”, señala en el incidente de nulidad de actuaciones que ya ha presentado ante la Audiencia Provincial, y que es el paso previo para pedir amparo por vulneración de un derecho fundamental. “Esta es una lucha de muchos años y de mucho sufrimiento y parece que hay quien quiere que la familia se olvide del caso”, asegura.

En las dos décadas que ha durado el periplo judicial por el asesinato de Juan Holgado se llegaron a celebrar dos juicios en la Audiencia Provincial de Cádiz que acabaron con la absolución de cuatro sospechosos por falta de pruebas sólidas. La primera vez el juzgado no aceptó las grabaciones en las que Holgado, caracterizado como Pepe El Gitano, consiguió que uno de los atracadores de la gasolinera confesara supuestamente su participación. Posteriormente el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio y aceptar las cintas como prueba. Consideró que se había violentado el derecho fundamental a utilizar todas las pruebas pertinentes.

En total, el caso se ha reabierto cinco veces, explica Ayllón, aunque este carpetazo parece ser el definitivo. El abogado, y también presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos, insiste en su recurso en que si no se ha identificado las huellas ni el ADN no se puede decir que el caso ha prescrito, porque pueden pertenecer a alguno de los testigos a los que inicialmente se tomó declaración como imputados.

Ayllón recuerda que la investigación acumula “una cadena de errores” desde el principio, como el hecho de que la escena del crimen se limpiara a la mañana siguiente o que se permitiera el acceso a la prensa. En 2016 la Audiencia Nacional desestimó su petición de indemnización por mal funcionamiento de la Administración y la justicia. Hoy Holgado, antiguo trabajador de banca, vive en un piso de protección oficial en Jerez. El suyo lo vendió hace años para pagar los gastos de su larga campaña para pedir justicia. “No tengo patrimonio; solo tengo una paguita y con eso vivo”, dice.

La sentencia de 1999 de la Audiencia Provincial de Cádiz (la primera; después se repitió el juicio) hablaba de la "errática instrucción" del caso y mencionaba que "al encargado de la gasolinera no se le toma declaración sino hasta casi siete meses después de acaecidos los hechos". El abogado tiene presentado un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que está pendiente de resolución.