La fiscalía pide imputar al presidente canario por prevaricación

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tendrá que decidir si llama a declarar al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, por el conocido como caso Grúas, que surge por la denuncia de los partidos de la oposición del Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife), Unidos Se Puede y Nueva Canarias, y que ha sido archivado en dos ocasiones y en otras tantas se ha vuelto a reabrir a petición de los partidos denunciantes. Ni la juez instructora ni el fiscal habían visto indicio alguno de delito, razón por la que el caso fue archivado.

Sin embargo, ahora el mismo fiscal, Santiago Sánchez López, ve indicios de prevaricación y malversación en la decisión del entonces alcalde de La Laguna de levantar parcialmente un reparo del interventor y aportar 120.000 euros para que no quebrara el servicio municipal de grúas.

El dinero público destinado a rescatar la empresa fue recuperado con intereses y antes del plazo establecido. Sin embargo, en el informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el fiscal basa su argumentación en que faltó poner un plazo de devolución del préstamo y la garantía y no entra a valorar que el dinero fue devuelto antes del plazo previsto sin que se produjera un quebranto patrimonial a las arcas del municipio.

Del mismo modo, la fiscalía toma en consideración que el interventor municipal informó de la inexistencia de una regulación expresa que permitiera a una Corporación local conceder un préstamo al concesionario de un servicio y advierte de que Clavijo, en el decreto necesario para realizar la operación, "no establece plazo alguno para la devolución del mismo".

El fiscal considera que en la actuación del actual presidente canario se produjo "una total ausencia de tutela del patrimonio público, al autorizar el citado préstamo sin regulación legal, plazo y fianza para garantizar su devolución". En este sentido, cabe recordar que se trata del mismo fiscal que hace un año solicitó el archivo de las diligencias practicadas contra Clavijo, petición que fue secundada por parte de la jueza responsable del caso, pero que fue revocada por la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife al entender que no se había investigado suficientemente. Ahora el fiscal sí aprecia indicios de los delitos de prevaricación y malversación por lo que será el Tribunal Superior de Justicia el que decida si llama a declarar al presidente canario.

La privatización del servicio de grúas se remonta a febrero de 2004. Según los diferentes testigos que han comparecido en el juzgado, el Consistorio no tuvo otra opción que conceder un préstamo a la empresa pese a los reparos de la Intervención debido a que se ponía en riesgo el servicio público.