El Gobierno cree “imprescindible” recuperar la Justicia Universal

El Gobierno quiere recuperar la Justicia Universal, la capacidad de los jueces españoles para investigar y juzgar hechos ocurridos en otros países y que quedó muy limitada por una reforma legal del PP en 2014. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, que durante su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional criticó duramente la situación creada por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles en el Congreso su intención de revocar esa reforma y recuperar la legislación que permitió a España investigar la represión de Augusto Pinochet en Chile o las torturas en Guantánamo.

“La reforma de 2014 ha limitado la eficacia de España en el combate frente al narcotráfico internacional y el terrorismo”, ha advertido en la Cámara la ministra, para quien esta posibilidad, “lejos de ser un instrumento neocolonial, como algunos afirman” es una herramienta que “iguala a los países a la hora de combatir la impunidad de aquellos crímenes más graves contra el pueblo”. La intención del Gobierno es recuperar la situación que había antes de 2009, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hizo una primera reforma que limitó la Justicia Universal a que los acusados se encuentren en España, que alguna de las víctimas tenga nacionalidad española o que "exista algún vínculo de conexión relevante” en España. Cinco años después, el PP impuso otra reforma que, en la práctica, redujo al mínimo las posibilidades de los jueces y fiscales españoles de seguir investigando estos casos y que recibió duros reproches por parte de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo.

La ministra considera "imprescindible" volver a la situación que había entre 1985 y 2009, aunque introduciendo cambios para adaptarse a nuevas necesidades, como la persecución de crímenes internacionales de naturaleza económica, financiera y medioambiental. La idea ya estaba tramitándose desde hace un año en el Congreso, donde todos los grupos salvo el PP apoyaron una proposición no de ley presentada por ERC para recuperar la jurisdicción universal. El Ejecutivo de Pedro Sánchez seguirá ahora ese camino y quiere transitarlo rápido. El plan pasa por formar un grupo de expertos que en un plazo máximo de tres meses propongan por dónde debe ir la reforma. La ministra se ha comprometido a presentar las conclusiones en el Congreso antes de final de año.

En su comparecencia ante la comisión de justicia, Delgado ha anunciado también una reforma del procedimiento de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque sin cambiar el sistema de selección de los mismos. Las asociaciones judiciales llevan años reclamando que los 12 vocales del CGPJ que corresponden al cupo de jueces se elijan directamente entre los miembros de la carrera y confiaban en que el nuevo Gobierno se planteara debatir ese cambio. Pero según lo avanzado por Delgado, el Ejecutivo no va a modificar el sistema de elección. “No vamos a ceder la soberanía nacional representada en este Parlamento a intereses meramente corporativos”, ha afirmado Delgado, que recordó que el actual sistema de elección está avalado por el Tribunal Constitucional y “combina con más acierto las aspiraciones profesionales con los intereses generales”.

Lo que pretende el Gobierno es dotar al proceso de selección de vocales de “transparencia, publicidad y participación de la ciudadanía”. Para ello, se establecerán mecanismos nuevos de valoración de méritos y se pondrá en marcha un sistema para que los aspirantes puedan ser “conocidos y valorados por la ciudadanía”, haciendo públicos y sus currículos y proyectos.