Los héroes invisibles del ‘caso Gürtel’

El nombre del emisor del mensaje y de los receptores no tiene importancia. Entre otras cosas, porque ellos quieren seguir siendo invisibles, y las contadas veces que cuentan su historia lo hacen bajo el compromiso de confidencialidad. Los retrató muy bien Antonio Muñoz Molina en un artículo publicado en 2014 en EL PAÍS y titulado La corrupción y el mérito. El escritor explicaba de qué forma el descrédito y el deterioro de la función pública favorecen el ejercicio de la arbitrariedad política y las decisiones corruptas. “Lo asombroso”, continuaba Muñoz Molina, “es que en semejantes condiciones haya tantos servidores públicos en España que siguen cumpliendo con dedicación y eficacia admirables las tareas vitales que les corresponden: enfermeros, médicos, profesores, policías, inspectores de Hacienda, jueces, científicos, interventores, administradores escrupulosos del dinero de todos”.

Se da la circunstancia de que, para desgracia de Bárcenas y de sus compinches, un grupo de esos ciudadanos justos estaba de guardia en la Audiencia Nacional la mañana del 21 de diciembre de 2011. Dos camiones de la empresa Madrileña de Mudanzas, procedentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), descargaron los miles de folios de un sumario que en 2009 había empezado a instruir el juez Baltasar Garzón. “Se daban todas las circunstancias”, dice ahora uno de los investigadores, “para que el proceso se hundiera y el juicio nunca se llegara a celebrar. Se trataba de una causa con aforados, que utilizaron de forma torticera su condición según les iba conviniendo. Bárcenas, que era senador, lo utilizó para que la Audiencia Nacional se inhibiera a favor del Tribunal Supremo, y otros de los procesados, que eran diputados autonómicos, lograron que el proceso fuese al TSJM. Cuando vieron que las cosas allí pintaban mal, dimitieron para que volviese a la Audiencia Nacional, y empezaron las presiones aquí. Por si fuera poco, consiguieron cargarse a Garzón, que en mayo de 2010 fue suspendido de forma cautelar y en febrero de 2012 expulsado de la carrera judicial. Aquello no pintaba bien. Nunca durante todos estos años nos quitamos la sensación de que esto se podía venir abajo en cualquier momento”.

Pero resistió. O, mejor dicho, resistieron. Resistió el juez Pablo Ruz, que en el momento de asumir la instrucción tenía 36 años y una capacidad infinita para motivar a los colaboradores, y el magistrado José de la Mata. Y resistieron las fiscales, todas mujeres, a quienes Luis Bárcenas llamaba despectivamente “las niñas”. Eso sí, cuando comprobó su eficacia —“hubo momentos clave de la investigación en que la inteligencia de la fiscal Concha Sabadell lo iluminó todo”, asegura una fuente—, el extesorero del PP hizo todo lo posible para que el Gobierno la quitara de en medio, como también pretendió hacer con Manuel Morocho, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que destapó el caso y que, el pasado mes de noviembre, durante su comparecencia ante comisión de investigación del Congreso, admitió haber recibido presiones y denuncias del PP con el objetivo de “desestabilizar” la investigación. Aguantaron también los funcionarios de Hacienda y el abogado del Estado, que emitieron informes muy contundentes contra la trama. Y también algunos de sus superiores jerárquicos supieron estar a la altura. Una fuente de la Audiencia Nacional asegura que “Antonio Salinas, el entonces fiscal jefe anticorrupción, avaló en todo momento el trabajo de las fiscales e incluso llegó a desaparecer literalmente en momentos clave para evitar que una orden terminante de sus superiores pudiese cortocircuitar la investigación”.

De ahí que, el jueves, a eso del mediodía, una emoción discreta embargara a muchos funcionarios de la Audiencia Nacional. Uno de ellos advierte: “No tendría que haber sido tan difícil. No es lógico que un asunto tan importante como este, tan vital para la salud democrática del país, haya podido acabar con éxito gracias al trabajo de funcionarios que, en algunos casos, se han jugado sus carreras. El sistema tendría que haberlos blindado, pero no hay voluntad política”.