España aún gasta en defensa menos que hace una década

La Armada decidió en 2013 dar de baja su único portaaviones, el Príncipe de Asturias, con solo 25 años de servicio. La vida operativa de los buques de guerra se estima en tres décadas y puede prolongarse aun más con unas obras de modernización. Pero el buque insignia de la flota española no fue modernizado cuando tocaba y mantenerlo a flote costaba 30 millones al año, un lujo inasumible en un momento en que barcos más modernos se amarraban en puerto para ahorrar combustible.

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El caso del Príncipe de Asturias no es único. Las fragatas F-80 tampoco han sido modernizadas y la Armada hace encajes de bolillos para que sigan navegando, aunque con limitaciones, hasta que lleguen sus sustitutas, las F-110, a partir de mediados de la próxima década. Lo mismo sucede con los viejos submarinos de la clase S-80, a los que se prolongará la vida útil más allá de lo previsto por su diseñador, o los helicópteros Sea King, que serán reemplazados por aparatos de segunda mano a la espera de los NH-90 de la versión naval, que aún no existe. Y es que la tijera de los recortes no ha pasado en balde. En palabras del jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Fernando Alejandre: “Diez años sin invertir dejan a las Fuerzas Armadas en una situación crítica”.

En 2008, el Ministerio de Defensa dispuso de un presupuesto final (incluidas las ampliaciones de crédito) de 9.810,7 millones de euros y este año serán, según las previsiones, 9.255,9 millones; es decir, unos 500 millones menos. Eso a precios corrientes, pues a precios constantes la diferencia ronda los 1.300 millones, un 13%.

Pasada la recesión económica, el PIB de España ha vuelto a crecer y supera ya el previo a la crisis, pero el peso de los gastos militares no ha amentado. Si en 2014, cuando la cumbre de la OTAN en Gales aprobó el objetivo de destinar el 2% del PIB a Defensa, el gasto español representaba el 0,92%, este año se quedará en el 0,91% (0,93 si se incluyen las pensiones militaresI. España es uno los cinco países aliados que no ha aumentado su inversión en Defensa y, en estas condiciones, no solo es imposible que en solo seis años llegue al 2% que reclama Trump, sino que es improbable que cumpla el 1,53% prometido por la ministra María Dolores de Cospedal.

Diez años de sequía inversora han tenido efectos devastadores, según altos mandos militares. Los stocks de repuestos y reservas de combustible están exangües, días de mar y horas de vuelo se han reducido al mínimo, muchos vehículos se han inmovilizado y otros se canibalizan para que los menos funcionen. El estado de numerosas instalaciones militares es calamitoso y sus condiciones de habitabilidad poco recomendables. La partida que se destina al sostenimiento de los ejércitos, los gastos de funcionamiento, es la mitad que en 2008. Y los militares son los profesionales de la seguridad peor pagados en España.

Las misiones en el exterior, financiadas al margen del presupuesto, han servido de balón de oxígeno. Con sus fondos no solo se han pagado las dietas de los militares y el desplazamiento de las unidades, sino que han servido para sufragar las adquisiciones más urgentes. El problema es que este sistema impide planificar a más de un año y acaba creando dos clases de ejército: los que participan en operaciones, para los que no se escatiman medios, y los que se quedan en casa, ayunos de lo indispensable.

El sostenido aumento del presupuesto de Defensa desde 2016 debería haber supuesto el fin de estos problemas, pero el jefe de la cúpula militar, el general Alejandre, no ocultó su preocupación cuando compareció en el Congreso el pasado 16 de abril. “Tengo mis dudas de que [los presupuestos] sean sufiecientes para que las Fuerzas Armadas puedan recuperar en breve sus capacidades”, dijo. “La operatividad”, remachó, “se encuentra desgraciadamente por debajo del nivel que demandan nuestros aliados y tal vez de lo que exige la situación de seguridad”.

La inquietud del jefe operativo de las Fuerzas Armadas se explica porque el aumento de los gastos militares está hipotecado por la deuda de los denominados Programas Especiales de Armamento (PEA), carísimos sistemas de armas encargados en los años ochenta y noventa del pasado siglo (como el Eurocaza, las fragatas F-100 o los carros de combate Leopardo) que siguen lastrando los presupuestos. Aunque la deuda se ha reducido de 30.000 a 20.000 millones de euros, este año absorverán más de 2.000 millones, frente a los menos de 100 disponibles para nuevas adqusiciones, lo que se traduce en falta de flexibilidad e innovación en el equipamiento.

Las Fuerzas Armadas de la OTAN se miden con las llamadas tres C: cash (dinero), capabilities (capacidades) y contributions (contribuciones). El Ejército español presume de que sus capacidades, al menos en algunos campos, no tienen que envidiar a sus socios europeos. Tampoco se les puede reprochar que no contribuyan: España es el país que más aporta a las misiones de la UE y un socio muy activo de la OTAN. La gran asignatura pendiente sigue siendo el cash.