El exalcalde y seis concejales de Granada, al banquillo de los acusados

El ex alcalde de Granada, José Torres Hurtado, nueve de sus concejales, seis altos cargos del equipo municipal de su gobierno y un empresario granadino se sentarán en el banquillo de los acusados por diversos delitos urbanísticos. Los 17 acusados permitieron supuestamente que en unos terrenos anexos al centro comercial Serrallo Plaza de la ciudad andaluza se construyera una discoteca y una zona de recreo distinta de la autorizada en un principio. La juez María Ángeles Muñoz ha dictado un auto en el que confirma la apertura del juicio oral, pendiente de fecha.

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La magistrada acusa al exalcalde Torres Hurtado de delitos contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación, prevaricación común, prevaricación urbanística, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Por esos seis delitos, la fiscalía solicita para él ocho años de prisión, una multa de algo más de medio millón de euros y hasta 36 años y medio de inhabilitación. La que fuera su concejal de Urbanismo se enfrenta a los mismos delitos y, además, le añade también un delito de falsedad en documento oficial.

En paralelo, la juez ha ordenado también que se sienten en el banquillo los nueve concejales que en una Junta de Gobierno Local votaron a favor de cambiar el uso de los terrenos, cambio que sirvió para justificar la construcción de la discoteca en la zona verde. Sin embargo, ni la fiscalía ni el Ayuntamiento de Granada, personado en la causa, solicitaron en sus escritos de acusación ninguna pena para ellos. Esa votación les hace partícipes, según el auto de la juez, de tres presuntos delitos de fraude en la contratación, prevaricación común y prevaricación urbanística. De estos nueve concejales, seis siguen aún en el equipo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento granadino, ya en la oposición desde que Torres Hurtado abandonara la alcaldía detenido por otro caso relacionado con una presunta corrupción urbanística, el llamado caso Nazarí.

Tanto el PSOE como Podemos han solicitado al conocerse la imputación de estos seis concejales que dejen su acta y abandonen el Ayuntamiento inmediatamente. Álex Casares, secretario de Organización del PSOE de Granada, ha instado al presidente provincial de los populares, Sebastián Pérez, a que “asuma responsabilidades inmediatas” y haga dimitir a todos los concejales en activo. Por su parte, el portavoz municipal de IU, Francisco Puentedura, ha insistido en que “quien la haga la pague”. El portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares, ha considerado lo ocurrido una mala noticia para la ciudad y ha recordado que serán los ciudadanos quienes deben tomar nota de lo que ocurre.

Pablo García, secretario general del PP granadino, ha indicado que su partido no tomará ninguna decisión "hasta que no se resuelva el procedimiento judicial al completo". Esta declaración contradice la realizada por el presidente popular andaluz, Juanma Moreno, que en febrero declaró que estos ediles serían "expulsados automáticamente" si se abría juicio oral contra ellos.

Además de las diversas penas de prisión y de inhabilitación, la juez ha ordenado también que todos los encausados se hagan cargo “conjunta y solidariamente” de una fianza de dos millones para asegurar las posibles responsabilidades. Por si no lo hicieran, les ha pedido a todos que en tres días presenten un listado de sus bienes, por si fuera necesario recurrir a un embargo y asegurar la parte correspondiente de esa fianza.