Las cuentas del artículo 155

Casi siete meses después de su activación, la intervención de Cataluña tocará a su fin en cuanto los nuevos consejeros de Quim Torra tomen posesión de su cargo. En ese tiempo se han celebrado 28 consejos de ministros que han aprobado 249 acuerdos en aplicación del artículo 155 de la Constitución, según un informe gubernamental al que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento refleja que el Ejecutivo se ha centrado en la gestión administrativa del día a día de esta Comunidad Autónoma, sin activar cambios políticos de fondo, manteniendo las partidas sociales que estaban previstas y centrándose en garantizar que no hubiera interrupciones en la prestación de servicios Estas son las decisiones más significativas que ha tomado el equipo de Mariano Rajoy mientras ha tenido en sus manos la Generalitat.

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Pagos totales gestionados. En total, el Ejecutivo central ha decidido el destino de 8.000 millones, de los que 2.000 se han dedicado a pagos de proveedores y más de 1.000 a entidades locales. Además, el Gobierno asegura que su gestión "ha impedido el pago indebido por parte de las entidades del sector público catalán a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC)". ¿Cómo? Convocando un consejo de ministros para dejar sin efecto sendos acuerdos de la Generalitat que preveían centralizar el pago de los tributos estatales y de cotizaciones sociales.

Funcionarios. Tras cesar al director general de la policía autonómica de Cataluña, Pere Soler, y al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, el Ejecutivo modificó una oferta de empleo para ofrecer 455 plazas de nuevo ingreso en este cuerpo policial. No ha sido la única decisión sobre los funcionarios, de cuyo trabajo ha dependido que la intervención se ejecutara sin grandes sobresaltos. Así, el equipo de Rajoy ha dedicado 136,8 millones de euros para que los empleados públicos recuperen el último tramo de la paga extraordinaria de diciembre de 2012; otros 20 para vehículos de los distintos departamentos de la función pública; y 10 a comprar uniformes de bomberos. Además, se han convocado 2.000 plazas para maestros y profesores.

Estado del bienestar. El Gobierno ha firmado numerosos acuerdos relacionados con las consejerías de educación y sanidad. En la primera, por ejemplo, se han repartido subvenciones por un total de 107,7 millones de euros y 36 en becas para el curso 2017-2018. Y en la segunda se han invertido 41,6 millones de euros para contratar terapias respiratorias a domicilio en 2018, de 40,6 para servicios de cocina y cafetería en hospitales y se ha autorizado el gasto de 2,9 para contratar visitas médicas especializadas y pruebas complementarias. En los servicios sociales se han tomado decisiones valoradas en casi 150 millones de euros y se han abierto 300 plazas para atender a menores inmigrantes no acompañados.

Infraestructuras. Se han invertido 18 millones de euros en ampliaciones y regularizaciones presupuestarias para los Juegos del Mediterráneo y otros 12,8 para ayudas a la transformación y mejora de los regadíos. Además, se han dedicado 1,8 millones a reformar la oficina de trabajo Salt, y 500.000 a mejorar el Hospital de la Vall d'Aran.

Ceses y nombramientos. Se han cesado a 260 personas, entre consejeros, cargos de confianza y altos cargos que perdieron su puesto al considerar el Gobierno que colaboraban con la causa independentista. Junto a estas salidas se han producido algunos nombramientos en las consejerías de Interior, Educación y Justicia para cubrir huecos específicos de gestión. Además, el cierre de la red de embajadas catalanas ha supuesto que decenas de personas perdieran su puesto de trabajo.