Incautados bienes a 57 etarras para indemnizar a víctimas

La Guardia Civil ha puesto en marcha este jueves gracias a la información facilitada por la Audiencia Nacional la Operación Zerga (impuesto en euskera) para intervenir inmuebles, vehículos y cuentas bancarias propiedad de más de medio centenar de etarras que no han hecho frente a las indemnizaciones a víctimas a las que habían sido condenados. La cuantía de la deuda que se intenta recuperar supera los ocho millones de euros. Entre los terroristas afectados están históricos de la banda como Idoia López Riaño, Mercedes Galdós y Enrique Letona.

La investigación la inició hace más de un año el Servicio Común de Ejecutorias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, responsable de certificar el cumplimiento de las sentencias de los tribunales de este órgano judicial. Sus funcionarios analizaron durante meses todas las sentencias en las que miembros de ETA habían sido condenados a pagar indemnizaciones y no habían prescrito. La mayoría de los etarras autores de los atentados más graves quedaron fuera de las pesquisas porque cuando abandonaron la cárcel —y, por tanto, podían comenzar a trabajar y tener ingresos— la deuda ya había prescrito.

Finalmente, localizaron 59 casos, de los que únicamente dos habían cumplido con su obligación de resarcir económicamente a los afectados por sus atentados. Se inició entonces una investigación para localizar los bienes de los 57 etarras restantes (una quincena condenados por su integración en comandos de la banda y cerca de cuarenta por su participación en acciones de kale borroka) para determinar si “eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas”, según detalló la Guardia Civil.

La investigación ha desembocado este jueves en un operativo pionero que ha permitido el bloqueo y embargo de más de 45 cuentas bancarias abiertas en diferentes entidades financieras y la localización de 14 propiedades inmobiliarias —la mayoría viviendas, aunque también hay locales comerciales y plazas de aparcamientos— de las que los investigados eran propietarios. La Audiencia Nacional emitió escritos a los respectivos registros de la propiedad para impedir la venta o transmisión de estas propiedades si su titular no procede previamente al pago de la deuda. Los inmuebles se encuentran en las provincias de Gipuzkoa, Bizkaia, Álava, Navarra y La Rioja. Los agentes también se han desplazado a empresas para entregar oficios judiciales para ordenar a estas a que retengan a una treintena de etarras la parte de sus nóminas que supere el salario mínimo interprofesional.

Además, se han intervenido al menos cuatro vehículos. Uno de ellos, un Toyota RAV4 propiedad de Roberto Carlos Vecino Santamaría —condenado por el ataque a una oficina bancaria de Barakaldo en julio de 2001—. Otros dos afectados por esta medida han acudido este jueves a la Audiencia Nacional para depositar la cantidad reclamada y recuperar así sus automóviles, según confirman fuentes judiciales. Uno es Juan Pablo Montoya Galar, condenado en 2007 a siete años de prisión por daños, incendio y lesiones por actos de violencia callejera. Tenía pendiente una multa de 90 euros.

Tres históricos de la banda

Otros afectados por la actuación judicial han sido los históricos miembros de ETA Idoia López Riaño, Tigresa; Mercedes Galdós Arsuaga, Bitori, y Enrique Letona Viteri. La Tigresa, libre desde julio del año pasado, fue una de las integrantes del más sanguinario de los comandos Madrid de ETA que atentaron en la capital de España durante los años ochenta. Galdós, dirigente del comando Nafarroa, salió en libertad en 2005 tras cumplir 19 de los 700 años de prisión a los que fue condenada por participar en 21 atentados con 19 víctimas mortales. Letona lleva en la calle desde 2003 tras cumplir condena por el asesinato de dos policías y la mujer embarazada de uno de ellos. 

Fuentes cercanas a la investigación señalan que, a falta de cuantificar las cantidades que se podrán intervenir con la retención de las nóminas, el valor de los bienes intervenidos en la Operación Zerga ha quedado lejos de los ocho millones de euros en indemnizaciones no pagadas que acumulaban los 57 condenados. El dinero recuperado irá a las arcas públicas, ya que el Estado ya había adelantado las indemnizaciones a las víctimas.