Interior recaba datos sobre presos de ETA dispuestos a la reinserción

Instituciones Penitenciarias remitió en febrero un correo electrónico confidencial a los directores de las cárceles en las que hay presos de la banda terrorista clasificados en segundo grado o que padecen enfermedades graves para solicitar informes individualizados sobre la “aceptación” por parte de estos “de las vías legales facilitadoras de su reinserción”. La medida afecta a 40 etarras de los 242 recluidos en España. Interior tilda el documento de “rutinario”. Fuentes penitenciarias aseguran, sin embargo, que su fin es elaborar una lista de reclusos candidatos a ser acercados a cárceles vascas y navarras.

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El correo electrónico fue remitido a mediados de febrero —cuando aún no se conocía la fecha definitiva de la disolución de ETA, pero el Gobierno mantenía contactos informales con el PNV para recabar su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado— por Carlos Javier Lanza, coordinador del Programa de Control y Seguimiento de la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria. Este es el órgano encargado de dirigir los equipos de funcionarios de prisiones especializados en vigilar de manera directa el día a día de los presos de bandas terroristas y organizaciones criminales. Los destinatarios fueron los directores de las cárceles donde se encuentran recluidos los 29 etarras clasificados en segundo grado penitenciario y los 11 que, según aseguran desde el Ejecutivo vasco y las asociaciones de apoyo a los presos y sus familias, padecen enfermedades graves.

En el mensaje, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el cargo de Prisiones reclama “actualizar la información existente respecto a los internos pertenecientes a ETA” y, en concreto, sobre aquellos que hubieran solicitado algún tipo de mejora en su situación penitenciaria. Para ello, pedía que le enviasen los datos de aquellos que hubieran pedido una “progresión de grado” para poder acceder al tercer grado penitenciario, antesala del régimen de semilibertad; algún tipo de “permiso”, tener algún “destino” laboral dentro de la prisión o participar “en programas de tratamiento y actividades” dentro de las cárceles.

También solicita una actualización de los datos que obrasen de aquellos que siguiesen Programas Individualizados de Tratamiento, conocidos por las siglas PIT y destinados a “la promoción y crecimiento personal, la mejora de las capacidades y habilidades sociales y laborales, y la superación de los factores conductuales o de exclusión que motivaron las conductas criminales de cada persona condenada”. Finalmente, el correo solicitaba detallar “cualquier otro indicio indicativo” de que el preso aceptaba las vías legales de reinserción.

Envío urgente

El documento pedía a los directores de las cárceles que, junto al informe con los datos anteriores, enviaran “escaneada” cada solicitud que hubieran hecho estos presos para acceder a dichas mejoras penitenciarias, “así como cualquier otro documento que pudiera hacer referencia a lo informado”. El mensaje incidía en la urgencia de enviar esta información y ponía como plazo límite “el próximo lunes día 26 de febrero” para remitir los informes a la dirección de correo del responsable del Programa de Control y Seguimiento. El cargo de Prisiones se despedía con un “muchas gracias por vuestro esfuerzo”.

Un portavoz del Ministerio del Interior ha confirmado este miércoles a este diario la existencia del documento aunque aseguró que se trata de “una solicitud de información rutinaria”. Esta fuente afirmó que el objetivo de la información solicitada en el correo era responder las preguntas parlamentarias que hacen los diputados de la oposición, aunque en el documento no figura ninguna referencia a dicho fin y la información solicitada nunca ha sido facilitada. “Hoy por hoy no hay ninguna novedad en la política penitenciaria”, concluyen. Esta es la postura que el Gobierno de Mariano Rajoy ha mantenido tanto en público como en sus últimos encuentros con las asociaciones de víctimas de terrorismo tras el reciente anuncio de disolución de la banda armada.

José Luis Pascual, presidente de la Agrupación de las Cuerpos de la Administración Instituciones Penitenciarias (ACAIP, el sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones) asegura, sin embargo, que esa detallada petición de información sobre presos de ETA “ni es rutinaria ni casual”. Pascual, que admite que su organización conocía la existencia del correo y que el mismo había llegado “a determinadas cárceles y a otras no”, se muestra convencido de que la información solicitada tiene como único fin “elaborar una lista de presos a los que se les se pueda acercar a cárceles del País Vasco y Navarra cuando el Gobierno decida dar ese paso”.

Pascual destaca que en 1998, durante el Gobierno de José María Aznar, se utilizó un sistema similar para elaborar el listado de presos de ETA a los que entonces se acercó durante la tregua iniciada por la organización terrorista en septiembre de aquel año y que rompió en noviembre de 1999. Entonces, como ahora, estaba al frente de Instituciones Penitenciarias Ángel Yuste. Aquel acercamiento fue masivo. 135 etarras dejaron la prisión en la que estaban y fueron trasladados a otras más próximas al País Vasco y Navarra. Entre esos presos estaban algunos de los más sanguinarios, como Domingo Troitiño, autor de la matanza de Hipercor. El PSOE, en la oposición, apoyó el acercamiento. También el resto de fuerzas parlamentarias, que aprobó por unanimidad una resolución en el Congreso.

Fuentes del Gobierno vasco ha asegurado este miércoles desconocer la existencia del mensaje y se mostraban pesimistas sobre una posible medida que suponga a corto plazo el acercamiento de presos. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha pedido de manera insistente que se flexibilice la política penitenciaria. Hace un año, el lehendakari reclamó a Rajoy que acercase a todos los presos etarras a cárceles situadas a menos de 250 kilómetros de sus lugares de residencia. Más adelante planteó un nuevo itinerario de reinserción. En marzo, tras el suicidio de un etarra en la prisión de Puerto III (Cádiz), pidió el acercamiento urgente los internos cuya salud física o psíquica consideraba “vulnerable”. El Gobierno no atendió ninguna.